Juristas proponen
que los crímenes medioambientales sean juzgados por la Corte Penal
Internacional.
por Manuel Planelles
El fiscal
ecuatoriano Fidel Jaramillo no duda. "Es un caso de impunidad",
concluye sobre los vertidos de Texaco (que ahora forma parte de la
estadounidense Chevron) en la amazonia ecuatoriana entre 1964 y 1992.
Unas 500.000 hectáreas y la salud de miles de personas se vieron
afectadas por los vertidos continuados de residuos durante las
actividades extractivas de petróleo que la compañía, junto a la
empresa nacional de hidrocarburos, mantuvo hasta los noventa.
Un grupo de
indígenas ha emprendido una larga guerra en los tribunales.
Jaramillo recuerda que son ya "24 años de lucha", desde
que la empresa estadounidense dejó Ecuador. "Pero aún no se ha
logrado justicia y reparación".
En 2013,
consiguieron una importante victoria: un tribunal de Ecuador condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares. Pero la fase más
complicada es en la que están ahora. Cobrar. Porque Chevron
desapareció de Ecuador y ha sido imposible ejecutar la sentencia.
"Tienen dinero para perpetuar este caso", señala Jaramillo
sobre las decenas de millones que gasta la compañía en abogados.
Ecuador intenta que otros países, como Brasil, Argentina y Canadá,
bloqueen a la compañía sus activos para ejecutar la sentencia.
"Serán diez años más de lucha", vaticina Jaramillo. ¿Y
se logrará ejecutar? "Tarde o temprano algún país tendrá que
animarse… Pero es ponerse en contra de un gigante".
El caso de
Chevron recuerda, aunque en una escala menor, al de la balsa de la
mina Aznacóllar (Sevilla) que reventó en 1998. El Gobierno y la
Junta de Andalucía llevan años intentando recuperar los más de 133 millones de euros que costó descontaminar la zona tras el vertido de
lodos tóxicos. Boliden, que explotaba la mina, cerró su filial tras
el desastre y se marchó de España.
"No hay
estructuras internacionales fuertes. Se debería exigir la
responsabilidad en el país del que es la matriz", opina el
jurista Baltasar Garzón. El exjuez de la Audiencia Nacional, a
través de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, impulsa los
llamados Principios de Madrid-Buenos Aires de Jurisdicción
Universal, que persiguen que se incluyan los crímenes
medioambientales en el Estatuto de Roma, con el que se creó la Corte
Penal Internacional. "Hoy sabemos que si hay un genocidio habrá
una respuesta nacional o en la Corte Penal Internacional; esa
respuesta internacional es lo que hace falta en los casos de los
crímenes contra el medio ambiente", apunta Garzón. "Reforzaría
nuestra labor, ojalá se incluyeran", añade Antonio Vercher,
coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente de España.
Los crímenes
medioambientales y su persecución han centrado uno de los cursos de
verano organizados por la Fundación Internacional Baltasar Garzón y
la Universidad de Jaén, celebrados la semana pasada en el municipio
jiennense de Torres.
La abogada
escocesa Polly Higgins, otra de las participantes en el seminario,
prefiere hablar de "ecocidios". Higgins, una de las
letradas ambientalistas internacionales más reconocidas, recuerda
que el debate sobre el Estatuto de Roma (firmado en 1998) no es
nuevo. En 1996, cuando se estaba discutiendo su redacción, los
borradores incluyeron un apartado sobre crímenes medioambientales.
"Pero se eliminó del Estatuto de Roma y se cerraron las
puertas", apunta Higgins, que achaca su desaparición a "las
presiones" de varias potencias -como Estados Unidos, Reino Unido y
Francia- y de grandes corporaciones multinacionales dedicadas a la
agricultura, la energía nuclear y los combustibles fósiles. "Nos
toca ahora incluir aquello que se perdió en el Estatuto de Roma",
propone esta abogada.
El derecho
internacional ya cuenta con algunas experiencias de persecución de
estos delitos medioambientales, aunque ligadas a los "crímenes de guerra", indica el abogado experto en derechos humanos Manuel
Vergara. Como el caso 7150-496 de los juicios de Nuremberg tras la II
Guerra Mundial. "Nueve oficiales alemanes fueron acusados de
extraer madera de los bosques polacos durante la ocupación",
recuerda Vergara.
Fuente:
Manuel Planelles, Contra la impunidad de los ‘ecocidios’, 16/07/17, El País. Consultado 21/07/17.
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