Audiencia Pública del Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse, en el Salón Tío Tom el 7 de julio de 2016 |
Unas 3.500 personas han intervenido en las 220 audiencias realizadas desde 2014, pero en pocos casos se logró revertir decisiones. El ambientalismo valora el espacio, pero reclama más información y más transparencia.
por Lucas Viano
Surgida en el
fragor de la polémica instalación de una planta de Monsanto en
Malvinas Argentinas, la ley de política ambiental de Córdoba
(10.208) ya cumplió más de tres años. Desde su sanción, el 11 de
junio de 2014, la norma permitió la realización de 220 audiencias
públicas ambientales, una instancia de participación ciudadana que
antes era optativa.
En estos
espacios, han participado unas 3.500 personas que hicieron escuchar
su opinión sobre emprendimientos inmobiliarios, mineros,
industriales y estatales.
Desde el
ambientalismo, evalúan como positivo este cambio, pero también
muestran posturas críticas porque aún falta mucho por hacer en
cuanto a la transparencia de la información.
A su vez, son muy
pocos los casos en que gracias a una audiencia pública se logró
modificar algún permiso ambiental.
Un ejemplo es lo
sucedido con el predio del ex Batallón 141, donde se construirá un
megaemprendimiento inmobiliario. Los vecinos pretendían que se
transformara en un gran espacio verde. En la audiencia no se logró
revertir la decisión. Pero las presentaciones de ONG y ciudadanos
interesados obligó a Ambiente a pedir a la desarrollista que primero
completara las obras de infraestructura (vial, cloacas, electricidad
y espacios verdes) antes de permitir la habitabilidad.
“Este mecanismo
ha posibilitado conocer los proyectos de mayor impacto ambiental que
se están evaluando. En la práctica, hasta 2014 se conocían recién
cuando las máquinas comenzaban a trabajar”, indica Federico Kopta,
del Foro Ambiental Córdoba.
La ley 10.208
obliga a realizar audiencia pública en todos los proyectos que
requieren una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Estas
iniciativas son las que, potencialmente, pueden generar más impacto
ambiental.
Algunos ejemplos
son las industrias químicas, grandes centrales eléctricas,
minerías, fundiciones, obras viales, grandes plantas de tratamiento
de residuos sólidos urbanos, loteos de más de tres hectáreas y
explotaciones animales intensivas, entre otros. El resto de los
emprendimientos sólo requieren de un aviso de proyecto.
Raul Montenegro,
presidente de Funam, asegura que con frecuencia la Provincia elige
lugares “absurdos” para realizar la audiencia. Sucedió con la
instalación de Cormecor en el sur de la Capital. La audiencia se
realizó en barrio Los Bulevares, en el otro extremo.
Javier Britch,
secretario de Ambiente de Córdoba, asegura que eso ocurre
excepcionalmente y que ahora todas las audiencias públicas se están
realizando en lugares próximos al proyecto.
Más
transparencia
“Los documentos
completos tampoco suelen estar disponibles en internet”, agrega
Montenegro.
El artículo 21°
dice que todo Aviso de Proyecto será publicado en la página web
oficial de la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días de
presentado. Pero este punto de la ley no se cumple.
En la pestaña
“Proyecto Ingresados” del sitio web leydeambiente.cba.gov.ar solo
hay información hasta diciembre del año pasado. Y nada de 2017.
Según Britch,
hubo un problema técnico con la administración del sitio. “Se
saturó la capacidad para subir proyectos. Esperamos solucionarlo
pronto”, dice.
Kopta también
entiende que deben mejorarse los mecanismos de comunicación. “La
primera audiencia pública por el ex Batallón 141 tuvo 11
inscriptos, pero al fijarse una instancia complementaria con amplia
difusión, hubo 211 inscriptos”, ejemplifica.
Cada EIA es
evaluada por una Comisión Técnica Interdisciplinaria con miembros
de varios organismos provinciales (CTI). Ese estudio es el que se
debate en la audiencia pública. “En la CTI son frecuentes las
evaluaciones mal hechas, o bien las favorables a las corporaciones y
al gobierno”, asegura Montenegro.
Desde el Foro
Ambiental Córdoba, han pedido que se publiquen en la web todos los
dictámenes de la CTI y las resoluciones de la Secretaría de
Ambiente relativas a los proyectos que requieran audiencia pública.
Minería y
loteos, los rubros más afectados
Se han realizado
220 asambleas desde junio de 2014.
40 % fueron por emprendimientos inmobiliarios tanto de barrios privados como públicos.
37 % de las asambleas estuvieron vinculadas a desarrollos mineros, en especial, canteras para la extracción de áridos y de piedra.
11 % fueron por industrias y un 3 %, iniciativas del Estado. El 9 % restante incluye proyectos muy variados.
Ejemplos valiosos
Cantera Saldán.
La cantera de Saldán es el único caso en el que una audiencia logró
frenar un proyecto. “El dictamen técnico fue favorable, pero en la
audiencia todo el mundo estaba en contra, incluso la autoridad local.
Había un documento de la ONU que declaraba el beneplácito por una
reserva natural en la que la cantera se iba a instalar”, cuenta
Britch.
Dique Carapé.
Durante la audiencia pública por el dique Carapé se determinó
que había que cambiar el proyecto. La propuesta era realizar un
dique en un sector de bosque nativo bajo protección. Pero por la
presión social ejercida en la audiencia, el proyecto cambió por
tres diques en otros sitios. El proyecto fue presentado desde el
Estado provincial.
Central nuclear.
La audiencia por la extensión de la vida útil de la Central Nuclear
de Embalse tuvo una incidencia importante. Gracias al reclamo de los
vecinos en este espacio, la central está obligada a presentar
semestralmente el monitoreo ambiental, deberá garantizar el acceso
público de los estudios y capacitar los sistemas de emergencias.
Gran Dorado. Con
402 inscriptos, la audiencia de enero pasado por el barrio privado El
Gran Dorado, en San Antonio de Arredondo, fue una de las más
numerosas. Fue ordenada por la Justicia, ya que la Provincia no la
había convocado. La jueza Viviana Rodríguez ordenó frenar la
construcción del barrio. Tomó argumentos expuestos en la audiencia.
Britch: Vamos a
tener mecanismos de participación digital
Javier Britch,
secretario de Ambiente de Córdoba, asegura que realizar más de 200
audiencias públicas ambientales requiere un esfuerzo muy grande de
logística, pero también de educación de los industriales, los
desarrollistas, los empresarios mineros y del propio Estado.
“Hoy hay mucha
conciencia ambiental, por lo que es difícil que algo se escape. Los
emprendimientos nuevos están dentro de la normativa. Pero hay áreas
grises, como loteos autorizados años atrás, que quieren reactivarse
ahora cuando en el sitio se ha formado un incipiente bosque nativo”,
explica.
En estos casos,
Britch asegura que están tratando de implementar audiencias públicas
a pesar de que no lo requiere la ley, para escuchar a los vecinos y,
quizá, analizar si se puede ajustar su plan de gestión ambiental.
“Estamos
cumpliendo con todos los procedimientos definidos por la ley en
tiempo y forma para garantizar la mayor transparencia. Quizá no es
suficiente para que todos los interesados se enteren de los
proyectos”, dice.
Ciudadano digital
El funcionario
asegura que están trabajando en la creación de herramientas de
participación ciudadana sin pasar por “estados asamblearios”.
“Estamos
creando mecanismos de participación online para lograr una
interacción más fluida con la gente que quiera aportar
documentación y dar su opinión”, dice.
Y menciona la
posibilidad de realizar talleres y consultas populares, todo vía
online, a través de la plataforma de ciudadano digital que está
implementando la Provincia.
Para Britch, la
asamblea pública no es la mejor forma de participación, porque es
un evento muy puntual que se realiza luego del primer dictamen
técnico. En un día y en 15 minutos, un orador debe dar sus
argumentos.
Y agrega: “Hubo
instancias en las que no hubo ningún orador y otras con hasta 600
personas. Fueron difíciles por la masividad y porque a veces hubo
niveles de agresividad verbal muy altos”.
Córdoba es la
provincia que más asambleas ambientales ha realizado, según Britch.
“Estamos aprendiendo todos. Sabemos que nunca vamos a conformar a
todos. Para el productivismo, somos una traba. Para el ambientalismo
extremo, somos los que ayudamos a depredar los ecosistemas. Pero si
hacemos bien las cosas, nadie se va a quejar”, sostiene.
Y agrega: “El
tema ambiental es un terreno muy fértil para que personas a las que
realmente no les interesa el ambiente se posicionen para construir
poder con otros intereses”.
Fuentes:
Lucas Viano, Audiencias públicas ambientales: la participación ciudadana, a media voz, 22/07/17, La Voz del Interior. Consultado 24/07/17.
Britch: Vamos a tener mecanismos de participación digital, 22/07/17, La Voz del Interior. Consultado 24/07/17.
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