Gendarmería
irrumpió en una comunidad mapuche en la zona de Vaca Muerta. Unos cien
gendarmes tomaron las tierras de la comunidad Campo Maripe en Neuquén
y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos
de fracking en Loma Campana. La Confederación Mapuche denunció la
militarización del lugar.
por Darío Aranda
Gendarmería
Nacional irrumpió en territorio mapuche de Neuquén junto a la
petrolera YPF para avanzar con la cuestionada técnica del fracking.
A pesar de la legislación que favorece las demandas indígenas, cien
efectivos allanaron el camino para intentar realizar nuevos pozos en
la zona de Loma Campana (Vaca Muerta). La Confederación Mapuche de
Neuquén denunció la “militarización” del lugar y acusó a la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de
represión”. Amnistía Internacional emitió un comunicado de
urgencia donde destacó su “máximo preocupación” por lo
sucedido en Vaca Muerta.
El lof
(comunidad) Campo Maripe vive cerca de Añelo desde 1927, confirmado
por estudios históricos y antropológicos de la Universidad Nacional
del Comahue. Su territorio, siempre despreciado por empresas y
funcionarios, comenzó a ser codiciado cuando se decidió explotar la
formación petrolera Vaca Muerta.
Argentina cuenta
con legislación que protege los derechos de comunidades originarias
(Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre
Pueblos Indígenas, artículo 75 de la Constitución Nacional, entre
otros). Incluye el “derecho a consulta” (el Estado debe
garantizar que las comunidades den su consentimiento cuando alguna
actividad pudiera afectar su territorio). Nunca se cumplió ese
derecho y el lof Campo Maripe cerró el paso a nuevos pozos de
fracking (técnica muy cuestionada por sus consecuencias en el
ambiente y salud). Desde hace 15 meses que YPF-Chevron no pueden
perforar en ese territorio mapuche.
El miércoles 21,
un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la
comunidad, cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de
YPF. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones,
solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y
exigieron que se retiren del territorio indígena.
La Gendarmería
incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF
usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche.
Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento
totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial.
Los miembros del lof fueron amenazados y fueron rehenes en su propio
territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la
Confederación Mapuche de Neuquén.
Acusaron a
Gendarmería e YPF de actuar ilegalmente y señalaron como
“generadores y responsables” del conflicto al gobierno nacional y
al gobernador, Omar Gutiérrez. Los efectivos y operarios de la
petrolera se retiraron por la tarde, pero avisaron que volverían
para montar torres y realizar un nuevo pozo de fracking.
El jueves 22 a la
mañana, las comunidades mapuches marcharon hasta la sede de
Gendarmería en el centro de Neuquén. Repudiaron el accionar de los
efectivos y las mujeres de la comunidad se encadenaron al portón de
entrada. Las autoridades de la fuerza reconocieron que no contaban
con orden judicial.
“Por orden de
la ministra Bullrich, Gendarmería ha militarizado la comunidad Campo
Maripe. Nos sentimos prisioneros en nuestra propia casa y nos llenan
de basura de la contaminación petrolera”, denunció la
Confederación Mapuche. Apuntaron también al Poder Judicial, por no
hacer cumplir los derechos indígenas: “La Justicia deja todo para
que el más fuerte imponga sus condiciones”.
“Más allá de
la violencia que desatan sobre nuestras vidas desde que llegó el
fracking y la muerte a nuestro territorio, anunciamos que si no hay
seguridad sobre nuestras tierras y aplicación de derecho a la
consulta, no los dejaremos en paz”, advirtió la Confederación
Mapuche.
La versión de
YPF y los gobiernos nacional y provincial fue mutando en el tiempo.
Primero dijeron que no había comunidad mapuches y que eran tierras
fiscales. Luego reconocían que existían pero los acusaron de
“violentos” y que detenían “el progreso”.
Amnistía
Internacional emitió un comunicado de urgencia. Cuestionó el
accionar de Gendarmería y remitió un pedido de acceso a la
información pública a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,
y al Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, para que
informen sobre los procedimientos realizados por la Gendarmería y
los fundamentos jurídicos de los mismos.
El 18 de junio,
Amnistía Internacional visitó el territorio y recibió denuncias
por parte de referentes de la comunidad sobre la presencia de
efectivos en sus tierras, incluso en horas de la noche, “que
funcionarían como estrategia de desgaste y persecución para
silenciar sus reivindicaciones históricas y así poder avanzar con
la explotación petrolera”. La organización de derechos humanos
manifestó su “máxima preocupación” y llamó a que las
autoridades de gobierno “avancen en el reconocimiento territorial
de las comunidades”.
El Ministerio de
Seguridad de la Nación, en su informe de gestión de agosto de 2016,
acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos
federales, los responsabilizó de hechos delictivos (sin aportar
ninguna prueba) y apuntó contra el lof Cushamen (Chubut) y contra
las comunidades mapuches en Vaca Muerta.
Fuente:
Darío Aranda, Nuevos pozos a la fuerza, 24/06/17, Página/12. Consultado 24/06/17.
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