La población
indígena australiana, que ha mantenido sus tierras durante milenios,
se ha convertido en la última línea de defensa en la lucha contra
una de las minas de carbón más grandes del mundo.
por Stuart Braun
Cuando
recientemente Murrawah Johnson llegó a Townsville, no podía creer
lo que veía. A las puertas de la Gran Barrera de Coral australiana
le sorprendieron dos carteles enormes publicitando al grupo Adani, el
gigante minero indio que pretende construir una mina de 450
kilómetros cuadrados de carbón en sus proximidades.
Johnson se
encontraba en Townsville para dar un discurso de apertura en la
conferencia más grande de Australia sobre el "native title”
(derecho indígena): el mecanismo legal a través del cual los
pueblos indígenas australianos pueden reclamar la propiedad de las
tierras ancestrales que han ocupado durante más de 60.000 años.
Casualmente, Johnson es miembro y portavoz del Consejo de Familia del
pueblo indígena Wangan y Jagalingou (W&J), que reclama el
derecho sobre la tierra, que Adani quiere excavar en busca de carbón.
Aunque fue a la
escuela en la ciudad costera, la joven de 22 años regresa ahora a
Townsville como "saboteadora” en sentido figurativo. "Mi
nombre es sinónimo de un no a Adani”, dice a DW.
Ubicada en la
costa tropical del norte del estado australiano de Queensland, la
ciudad de Townsville se encuentra en el epicentro de los esfuerzos
para construir la mina de carbón Carmichael (que tendrá un coste de
cerca de 14.1 mil millones de euros) en la cercana cuenca de Galilea.
Será una de las minas de carbón más grandes del mundo.
El argumento
principal es la creación de empleo. La otra cara de la moneda son
las emisiones de CO2 esperadas. Duplicar las exportaciones de carbón
de Queensland también bombeará 120 millones de toneladas más de
CO2 a la atmósfera terrestre anualmente y empeorará el
calentamiento global que ya amenaza la Gran Barrera de Coral.
Asimismo, la industria del turismo, que es el motor económico de la
región, también sufrirá según ecologistas como Bob Brown, ex
diputado del Partido Verde de Australia.
Pocos en
Townsville, ahora paralizada por el alto desempleo y la delincuencia,
quieren hablar de esta verdad incómoda, o sobre la promesa,
sobrestimada en gran medida, de la creación de empleos. Adani ha
afirmado que creará 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Sin embargo, un informe de expertos de la propia empresa estima que
solo se crearán alrededor de 1.400 empleos nuevos.
Firmes contra la
minería
El conflicto
entre W&J y Adani se remonta a 2012, cuando la compañía
solicitó permiso para construir seis explotaciones a cielo abierto y
cinco subterráneas en las tierras de Wangan y Jagalingou. Los
miembros del clan de W&J se han negado consecuentemente a
conceder la autorización necesaria, incluso bajo la presión de los
gobiernos de Queensland y Australia.
"No hemos
dado nuestro consentimiento. No daremos nuestro consentimiento. Y
seguiremos luchando hasta el final”, manifestó Johnson en Wall
Street (Nueva York) durante una gira mundial en 2015 para crear
conciencia y presionar a los bancos para no financiar el proyecto
minero. Desde entonces, varios grandes bancos internacionales se han
comprometido a no proporcionar ayuda económica.
Mientras tanto,
Adani reunió apoyos entre indígenas locales y obtuvo su
consentimiento por medio de un Acuerdo de Uso de Tierra Indígena
(ILUA, por sus siglas en inglés), es decir, un convenio que permitía
a la compañía hacer uso de las tierras de los aborígenes. Sin
embargo, un tribunal australiano anuló el ILUA en febrero porque no
fue firmado por todos los propietarios tradicionales de tierras,
después de que los miembros del Consejo de W&J presentaran un
recurso legal contra el mismo. Se dijo que el pacto había llegado a
través de un "proceso fraudulento”, gracias parcialmente a
incentivos monetarios.
Con la mina en el
limbo legal, la semana pasada el gobierno australiano logró enmendar
la Ley de Derechos Indígenas en beneficio de Adani para que los
acuerdos de uso de la tierra se puedan obtener sin el consentimiento
unánime de todas las partes que poseen un derecho de tierra. Un
senador lo llamó "la ley Adani”.
Pero los
propietarios tradicionales de W&J se oponen diciendo que la mina
no puede continuar hasta que su caso sea visto por el Tribunal
Federal, en marzo de 2018. "Hasta aquí hemos llegado.
Declaramos nuestro derecho a nuestra tierra. No nos rendiremos. Nos
oponemos al Acuerdo de Uso de Tierra Indígena”, manifestó Adrian
Burragubba, el miembro más veterano de W&J, en una declaración
del pasado 14 de junio.
Un día después,
un propietario tradicional de Wangan y Jagalingou, Craig Dallen,
retiró su apoyo al ILUA, diciendo que el convenio no compensaba "la
destrucción que el proyecto causará a la cultura tradicional y a
las tierras de nuestro pueblo”.
Incluso en un
contexto de incertidumbre legal y financiera, un día después de que
Johnson llegara a Townsville, Adani abrió una oficina local como
símbolo de que la mina seguía delante. Al día siguiente, la
compañía emitió de nuevo una declaración desde Townsville
confirmando la ejecución del proyecto.
¿Quién se
beneficia realmente?
Johnson creció
en la región de la Cuenca de Bowen, en el interior de Townsville. El
área posee las mayores reservas de carbón de Australia, el tercer
mayor productor de este mineral en el mundo. Al igual que la madre de
Johnson, la población indígena habitualmente vive entre las muchas
minas a cielo abierto de la región. Son ellos los que presencian "la
violenta extracción que otras personas nunca verán”, lamenta
Johnson a DW.
Adani afirma que
se adherirá a las regulaciones ambientales y protegerá los recursos
naturales como el agua. Pero los ecologistas y W&J temen que la
nueva mina contamine las fuentes de Doongmabulla y el río
Carmichael, aguas conectadas a la Gran Cuenca Artesiana contigua, el
mayor acuífero subterráneo de Australia y un importante humedal.
También señalan el pobre historial ambiental que ha demostrado
Adani en la India.
"La mina
contaminará y consumirá mil millones de litros de agua subterránea
y destruirá importantes sistemas de manantiales”, criticaba Adrian Burragubba en una declaración de 2015. "Dejará literalmente un
gran agujero negro de proporciones monumentales en nuestras tierras
de origen. Estos efectos son irreversibles. Harán desaparecer
nuestra tierra”, lamenta.
Adani y los parlamentarios australianos argumentan que el proyecto inyectará
miles de millones en impuestos y regalías a la economía local, que
se podrán gastar después en infraestructura, escuelas y hospitales.
Pero después de
décadas de minería en la región, según Johnson los pueblos
indígenas no se han beneficiado nunca de las promesas hechas por
empresas como Adani. Las comunidades aborígenes aún sufren de
pobreza extrema, presentan la mayor tasa de suicidios en el mundo
entre hombres jóvenes, así como muertes prematuras por enfermedades
tratables como la diabetes. Johnson asiste a una gran cantidad de
funerales.
"No conozco
ninguna situación en la que la minería haya hecho a una comunidad
mejor, social, económica o políticamente”, critica Johnson. "No
existe”, sentencia.
Los argumentos a
favor de la mina siguen centrándose en la promesa de crear puestos
de trabajo, ignorando el impacto ambiental y el cambio climático.
Para Johnson, es responsabilidad de los vecinos de W&J hablar a
favor de sus tierras y llevar adelante "la mayor historia de
sostenibilidad del mundo”.
"Estamos
hablando sobre nuestros tótems”, dice Johnson: "sobre el agua
y la tierra, porque ellos no pueden hablar para sí mismos”.
Fuente:
Stuart Braun, “Harán desaparecer nuestra tierra”: indígenas australianos luchan contrael carbón y el cambio climático, 20/06/17, Deutsche Welle. Consultado 21/06/17.
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