El Círculo de
Profesionales de la Agroecología (CIRA) ha emitido un manifiesto de
apoyo a la movilización cordobesa en defensa del bosque nativo.
Además, aportan valiosas apreciaciones y propuestas. Compartimos el
texto completo:
MANIFIESTO ANTE
LA LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS
BOSQUES NATIVOS. ARGENTINA.
Como Círculo de
Profesionales de la Agroecología (CIRA) nos preocupa e interesa la
gestión y el uso sustentable de los territorios. En ese sentido la
Ley 26.331, Ley de Presupuestos mínimos de Protección Ambiental de
los Bosques Nativos, como bien se nomina, “busca establecer los
presupuestos mínimos (1) de protección ambiental para el
enriquecimiento, la restauración, (la) conservación, (el)
aprovechamiento y (el) manejo sostenible de los bosques nativos, y de
los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad”.
La ley se
sancionó en diciembre de 2007 y recién en febrero de 2009 el Poder
Ejecutivo la reglamentó. Su elaboración fue apoyada por el interés
y la movilización social generada por la alarma respecto a la alta
tasa de deforestación, asociada al avance de la frontera agrícola.
Esto se suscita además en el contexto internacional de fomento de
desarrollos sostenibles, también relacionado con las externalidades
negativas producidas por los modelos de desarrollo determinado
únicamente por el crecimiento económico.
Para su
implementación, la ley se sienta sobre una serie de instrumentos
para el desarrollo territorial de la política de protección
ambiental de los Bosques Nativos. El instrumento principal es el
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), entendido
como la zonificación territorial del área de los bosques nativos
existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes
categorías de conservación. El mismo establece que se debe realizar
mediante un proceso participativo y bajo los criterios de
sustentabilidad expresos en el Anexo de la Ley. Las diferentes
categorías de conservación -señaladas con colores- dependerán del
valor ambiental y de los servicios que preste cada área boscosa.
Además, se
instrumenta un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos; la moratoria a la deforestación
hasta que cada provincia realice un Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos participativo; y la obligatoriedad de realizar un
Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de
autorizar una deforestación; entre otros.
Son las
provincias quienes tienen el dominio originario sobre sus recursos
naturales existentes en sus territorios (art. 124 CN), por ende, les
corresponde a estas el OTBN de sus territorios.
El OTBN no tiene
antecedentes de ordenamiento en el ámbito rural en la Argentina. Los
primeros antecedentes de políticas de OT en América Latina se
remontan a la década de 1970, y están principalmente vinculados a
la planificación y ordenamiento en áreas urbanas (Schmidt, 2010).
Desde la discusión de la Ley se expresa la implicancia de intereses
contrapuestos entre la política de ordenamiento territorial que
incorpora la perspectiva ambiental y las políticas de desarrollo
“convencional”, asociadas al sector agrícola en nuestro país
(Schmidt, 2015).
Cada OTBN implica
la explicitación de las distintas formas en que los actores
involucrados entienden la problemática territorial, la cuestión del
desarrollo y el cuidado y/o conservación de la naturaleza (en
particular, los bosques)(Schmidt, 2015). Esto redunda en intereses
contrapuestos que implican conflictos de disputa por el control de
los territorios, en los que se pone en juego el poder y hegemonía de
los distintos actores involucrados. Según el análisis de los OTBN,
los mapas finales en su mayoría carecen de reflexión ecológica y
responden fundamentalmente a lógicas de negociación territorial, en
las que preponderó el objetivo de mantener el potencial de avance de
la frontera agrícola (Gautreau, Langbehn, & Ruoso, 2014).
Es así que, a
pesar de los esfuerzos de la ley, el éxito en disminuir la
deforestación ha sido relativo. En general, existe una tendencia
-aunque lenta- a la disminución en el ritmo de pérdida de la
superficie de bosque nativo. De acuerdo con el Informe de la
Auditoría General de la Nación de 2013, la pérdida de bosque
nativo se debió principalmente al avance de la frontera
agropecuaria, en especial a nuevos cultivos de soja (Auditoría
General de la Nación, 2013).
A pesar de la
tendencia general de disminución de la tasa de deforestación son
marcadas las variaciones entre jurisdicciones: existen provincias que
no han disminuido la tasa de deforestación y otras que la han
incrementado luego de la sanción de la Ley N° 26.331. La
deforestación en la categoría Roja se registra principalmente en
Salta y Santiago del Estero. La deforestación dentro de la categoría
amarilla fue la mayor para Santiago del Estero seguida por Salta
(idem). A esto se le suma que en muchas áreas donde se realiza
manejo silvopastoril, los cambios producidos son tan intensos que
representan cambios de uso del suelo (ídem).
Existen diversas
críticas que buscan analizar las dificultades en la implementación
de la ley que se interponen en el cumplimiento de los objetivos de la
misma. Entre ellas: falta de adicionalidad (Coutenceau, 2013);
incongruencia entre provincias (REDAF, 2009); alto porcentaje de
amarillo y verde; incumplimiento de la obligatoriedad de recuperar la
cobertura boscosa; desafectación de las obligaciones de conservación
con la transferencia de la propiedad (Rosales, 2014); falta de
monitoreo y control (REDAF, 2009); y contemplación de cambios de
categoría (Auditoría General de la Nación, 2013).
En esta instancia
resaltamos las críticas a la falta de participación auténtica. La
efectividad de la participación es distintas entre provincias. En
general se marca la debilidad de la convocatoria, quedando zonas sin
información por la poca cantidad de talleres; y una relación poco
clara entre la participación y el producto del OTBN. La AGN (2013)
reconoce que no se pudo abordar con profundidad todas las temáticas,
dada su estructura técnica en relación al bosque nativo. A la vez,
observa que se trata de la primera experiencia de participación y
que se está desarrollando un proceso de aprendizaje en relación al
tema, incluso se creó un área especial en la Dirección de Bosques.
La importancia
de la participación de la sociedad civil está marcada en la letra
de la ley, y es necesario que se cumpla por las vías
institucionales, para dar legitimidad a la política de OTBN que
aspiramos tener con la sanción de la ley. Sin embargo, frente a la
debilidad de esos canales de participación actuales en la Provincia
de Córdoba, es sumamente significativo el compromiso y la
movilización social para dar cumplimiento a la Ley 26.331 y el
interés de la sociedad civil en la efectiva implementación de los
principios mínimos de protección de nuestros Bosques Nativos. En
ese sentido, como Circulo de Profesionales por la Agroecología,
hacemos pública mediante este documento, nuestra preocupación y
apoyo en esta dirección.
Por otro lado,
como CIRA, nos sentimos en el compromiso de aportar a la discusión
-implícita en los OTBN- respecto los modelos de desarrollo rural.
Resaltamos entonces, que dentro de las implicancias positivas de la
ley se destacan: la apertura del debate acerca de los modos de uso y
valoración de la naturaleza y las modalidades alternativas al
desarrollo hegemónico, la puesta en visibilidad de la situación de
la población indígena y campesina del norte del país (Schmidt,
2015).
En línea con
estas discusiones se vienen construyendo las propuestas de
alternativas que se autodenominan “agroecológicas”. La
Agroecología se construye -como la Ley 26.331- en contraposición
al modelo de desarrollo determinado únicamente por el crecimiento
económico, en el caso de la agricultura se lo suele llamar “modelo
de agricultura industrial”.
El modelo de
agricultura industrial busca auto-justificarse tomando como argumento
la creciente demanda de alimentos y el hambre del mundo. Sin embargo,
en todo este tiempo de hegemonía que ha tenido, ha mostrado ser
ineficaz e incapaz de resolver los desafíos de la alimentación
mundial. El sesgo mercantil y de producción orientada a la
exportación que lo caracteriza, desvirtúa el objetivo primario de
la producción de alimentos y las formas de relacionarse con la
naturaleza y con los otros. Además, la implementación de este
modelo trae consigo numerosas consecuencias negativas a nivel
ambiental, social y económico, que se distribuyen de manera desigual
en la población y afectan en mayor medida a los pobladores rurales
locales. Un ejemplo de ello es el uso de agrotóxicos que trae graves
consecuencias para la salud de la población rural y el ambiente.
Otra consecuencia es la profundización de las inequidades en el
acceso a la tierra y alimentos, configuradas por sistemas de
producción altamente excluyentes.
La Agroecología,
como nosotros la pensamos, está más allá de aspectos meramente
tecnológicos o agronómicos, y busca el replanteamiento del modelo
dominante. Es la consecución del manejo ecológico de los recursos
naturales para, mediante acciones locales endógenas, de naturaleza
socioeconómica, construir sistemas agroalimentario locales, y
generar procesos de sustentabilidad social entre productores y
consumidores, en su acción articulada con los movimientos sociales
para construir dinámicas de transformación social (Sevilla Guzmán,
2013).
Algunos de las
bases que dan cuerpo al enfoque agroecológico son:
…que los
sistemas alimentarios son sistemas complejos, en los que las
dimensiones social, ecológica, política, productiva, económica,
cultural, étnica, comunicacional, educativa, etc. son inseparables y
deben ser consideradas equilibrada y simultáneamente;
…una “visión
transdisciplinar”, que reúna, sintetice y aplique conocimientos
críticos de la agronomía, la ecología, la sociología, la
etnobotánica, economía social y solidaria, otras ciencias afines;
…un
“pensamiento contextualizado con carácter local y endógeno”,
basado y adaptado a las necesidades y aspiraciones de las
comunidades, así como en las condiciones biofísicas y
socioeconómicas imperantes. No existen soluciones mágicas
universales aplicables deslocalizadamente. La Agroecología NO está
asociada con ningún método particular de agricultura, ya sea
orgánica, convencional, intensiva o extensiva.
…la “acción
participativa”, los agricultores son sujetos y no sólo objetos del
proceso de investigación;
…el “diálogo
de saberes”, de carácter horizontal que permita poner en común
las distintas perspectivas en pos de enriquecer las miradas
parciales;
…la “sociología
de las emergencias”, que trata de redescubrir y visibilizar
aquellas experiencias
y epistemologías
obviadas y anuladas. Revalorización de los conocimientos y prácticas
ancestrales respecto a su interacción con la naturaleza. Incorporar
las parcialidades socioculturales ocultas;
…la
deconstrucción de la trama de posiciones -de género, étnicas,
sociales, etáreas- sobre las cuales se justifican las relaciones
jerárquicas y desigualdades de poder;
…la
“solidaridad inter e intrageneracional”;
…la
“diversidad” en todas sus dimensiones, que favorece la
adaptabilidad y complementariedad de los sistemas.
La Agroecología
no se basa en recetas, se cimenta en compartir e intercambiar
conocimientos y experiencias que fortalezcan la toma de decisiones de
quienes gestionan los sistemas agroalimentarios. En síntesis, la
Agroecología, se presenta como un campo académico, político y
práctico para la construcción de sistemas agroalimentarios
alternativos, sustentables y viables.
En la
Agroecología se busca construir una visión integral de la gestión
del territorio, donde el criterio de protección del ambiente va de
la mano -no se contrapone- con la producción de alimentos
saludables y el trabajo digno. Es así que la Agroecología se
presenta como una alternativa viable para lograr un ordenamiento y
una gestión del territorio sustentables.
En Argentina
existen numerosas experiencias Agroecológicas que se llevan adelante
día a día en nuestros territorios. Con esta visión, como Círculo
de Profesionales de la Agroecología emprendimos la tarea de
construir un Mapa de Agroecología de la Argentina para aportar al
fortalecimiento de redes y de canales de comunicación, al mismo
tiempo que se busca visibilización de la existencia de las
experiencias que muestran la viabilidad de la Agroecología.
REFERENCIAS
Auditoría General de la Nación. 2013. INFORME DE AUDITORÍA. Implementación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. Período auditado: 2007 - junio de 2013.
Coutenceau, R. 2013. La falta de adicionalidad en la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos de la República Argentina (Doctoral dissertation).
Gautreau, P., Langbehn, L., & Ruoso, L.-E. 2014. Movilización de información en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Argentina, 29.
REDAF. 2009. Proceso de Ordenamiento Territorial en la Provincia de Santiago del Estero, en 3º informe de Monitoreo Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Rosales, V. 2014. Carta dirigida a la Personería Jurídica Nº 108/85 como representante de la Asociación Civil BE PE, con el fin de presentar aportes a la Propuesta Técnica de Actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Schmidt, M. A. 2010. Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos: Definiciones y debates en la provincia de Salta Native Forests Territorial Management: Definitions and discussions in the province of Salta.
Schmidt, M. A. 2015. Política Ambiental, Avance de la Frontera Agropecuaria y Deforestación en Argentina: el caso de la ley “De Bosques.” Revista GeoPantanal, 10 (18), 121–140.
Sevilla Guzmán, E. 2013. El despliegue de la Sociología Agraria hacia la Agroecología. CUIDES, Cuaderno Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible N° 10.
(1) Se entiende
por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la
Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental
uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por
objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección
ambiental.
Equipo CIRA
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