La actual
política del gobierno de Brasil, liderado por el Presidente Temer y
apoyado por el lobby de la potente agroindustria brasileña
(conocidos como “ruralistas”), está poniendo en riesgo décadas
de avances en materia de protección ambiental y de derechos humanos.
Por este motivo,
organizaciones y entidades ecologistas, indígenas, de derechos
humanos y del campo han tomado la decisión de sumar sus fuerzas para
hacer frente a las medidas del gobierno Temer y de la bancada
ruralista en el Congreso. Denunciar y resistir son las palabras que
unen a este movimiento. Ayer se lanzó un manifiesto convocando a
otras entidades e invitando a toda la sociedad a adherirse al
movimiento. Hasta el momento, unas 60 organizaciones ya han firmado
el documento.
En Brasil, los
ataques a la agenda socioambiental no son recientes, pero el
debilitamiento de los sistemas de protección del medio ambiente y de
los derechos humanos crece exponencialmente desde que Temer asumió
la presidencia de Brasil y la bancada ruralista pasó a ostentar una
gran parte del poder en el Congreso.
Temer ha
recortado el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y ha
despedido al Presidente de la Fundación Nacional Indígena (FUNAI),
colocando en su lugar a un militar como forma de mostrar la nueva
visión en cuestiones indígenas. Cabe recordar también que, junto
con el crecimiento de la deforestación, 2016 registró dos tristes
récords: el número de muertes en el medio rural y el número de
conflictos por la propiedad de la tierra. Sin contar las barbarie más
recientes, como el brutal ataque al pueblo indígena Gamela (en
Maranhão) y la matanza de trabajadores rurales en Colniza (Mato
Grosso).
¿Y cuáles son
las áreas de mayor conflicto? Precisamente las áreas de expansión
de la frontera agrícola, especialmente las del agronegocio destinado
a la exportación (soja, ganado), pero también las zonas mineras,
los proyectos de generación de energía y otras obras de
infraestructura.
Varios procesos
de demarcación de tierras indígenas han sido rechazados por el
Ministerio de Justicia y se encuentran actualmente paralizados. El
ministro de la Casa Civil, Eliseu Padilha, que es investigado por su
participación en el caso Lava Jato (el mayor caso de corrupción de
la historia de Brasil) y también por usurpación de tierras en Mato
Grosso, está negociando la reducción de Unidades de Conservación
en la Amazonia y ahora apoya un desastroso texto que puede reducir a
casi cero las reglas de autorización ambiental en Brasil. Miembros
del gobierno han anunciado otras medidas como autorizar la venta de
tierras al capital extranjero y autorizar el uso indiscriminado de
agrotóxicos.
Esta nueva
política promovida por la bancada ruralista se está traduciendo en
una mayor concentración del poder en torno a la agroindustria, la
inviabilidad económica de los pequeños productores rurales y la
promoción del robo de las tierras públicas además de alejar a
Brasil del cumplimiento de sus compromisos internacionales como el
Acuerdo de París o el Convenio de Diversidad Biológica.
Hasta ahora,
muchas de estas propuestas estaban paradas por falta de apoyo popular
o incluso por ser contrarias a la Constitución, pero ahora la
bancada ruralista está forzando la máquina para llevar a cabo su
plan en el parlamento a velocidad récord, a través de medidas
provisionales, decretos y votaciones urgentes. Ni siquiera los
derechos garantizados por la Constitución están a salvo.
Fuente:
Brasil: el poder de la gente contra Temer y los "Ruralistas", 11/05/17, Greenpeace Argentina. Consultado 12/05/17.
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