Desde
la recuperación de la democracia, la degradación ambiental
determina el deterioro de la calidad de vida y es el signo elocuente
de cómo se construyó la cultura democrática sin lugar para la
participación ciudadana.
por
Daniel Díaz Romero
La
noción biológica de ecosistema determina que innumerables
organismos viven en él y se sitúan en una constante lucha por los
alimentos y el territorio. Las presiones y demandas sociales,
encuentran a este hábitat cordobés en agrios conflictos
socio-ambientales, con un Estado que se presenta como neutral y que
reduce cada vez más la jerarquía del organismo que rige las
políticas ecológicas de la provincia.
Luego
de un largo proceso de demandas y reclamos sociales, la recuperada
democracia permitió que emergiera, la “ecología de los pobres”
de la mano de la participación ciudadana, por sobre la “ecología
de los ricos”, que durante la dictadura militar se preocupaba por
salvar a los osos pandas de China sin mirar lo que sucedía en su
entorno inmediato.
Sin
embargo, transcurridas tres décadas de democracia, la situación
dominante durante la larga noche de la Dictadura se repite: la
necesidad de producir a cualquier precio, compensar los gastos del
deterioro de los términos del intercambio y enfrentar los
compromisos de la deuda provincial asfixiando a los ecosistemas
cordobeses, situando a la política económica como un parásito de
los recursos naturales, re-significados hoy, como bienes comunes.
Hoy
pareciera, que los funcionarios políticos siguen desconociendo que
10 centímetros de suelo arrasado por incendios, erosión o desmonte
demoran 100 años en recuperarse; que bebemos aguas mezcladas con
excretas y que consumimos alimentos genéticamente modificados. Sin
embargo, la preocupación y las recomendaciones de los cuadros
técnicos del área ambiental- muchos de ellos de excelencia- nunca
lograron eco en sus jefes políticos a lo largo de 3 décadas.
María
Julia: El gen del modelo extractivista
María
julia Alsogaray marcó a fuego los paradigmas ambientales de la
democracia argentina, luego de encabezar las privatizaciones de las
empresas estatales ENTEL y SOMISA en 1991, bajo la consigna del
achicamiento del Estado. Durante su primera presidencia, Carlos Menem
la designó en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano
de la Nación. Desde entonces, María Julia instaló una mirada
economicista del “dejar hacer” a las empresas contaminantes y
depredadoras de los bienes colectivos–que persiste desde entonces
trasladada a los organismos cordobeses- y una postura ideológica muy
definida: Alsogaray, como secretaria de Ambiente de la Nación, dio
una charla a los alumnos de la Escuela Nacional de
Inteligencia-futuros espías de la SIDE- en donde recomendaba
“vigilar” a los activistas, ya que el medio ambiente era un
terreno en el que existían fuentes potenciales de conflicto,
lideradas por una corriente ideológica que se había quedado sin
ámbito de acción (a pocos años de la caída del Muro de Berlín).
Todo un posicionamiento del organismo primario que regía las
políticas ambientales. Un paradigma que aun hoy persiste en los
despachos de la devaluada Secretaria de Ambiente provincial.
Democracia
sin campesinos
En
materia ambiental, la recuperación de la democracia no logró
despegarse de los resabios dictatoriales, la provincia sufrió
rápidas transformaciones de su ambiente como consecuencia de cambios
que plantearon un panorama alarmante, con efectos difíciles de
revertir en el corto y mediano plazo.
En
sus 165.321 Km2 de superficie, tanto en el sector serrano como en las
llanuras; en las áreas rurales y urbanas, los problemas ambientales
comenzaron a tomar visibilidad desnudando la inexistencia de
políticas de Estado.
Así,
en los últimos 30 años se desmontaron más de 2 millones de
hectáreas, desalojando cientos de familias que vivían en el monte.
Muchas de ellas, habitaban el norte provincial -que compone un
triste 54,7 % de índice de pobreza- y eran las guardianas de los
recursos genéticos. Pobladores que con sus saberes ancestrales
asumían a la naturaleza como parte de su cultura. Pero a los
administradores de turno, la situación no los ocupó demasiado:
ecosistemas, como el espinal o el chaco serrano, en donde el 80 % de
la población rural hacía uso de plantas medicinales y recursos de
la medicina tradicional, fueron devastados. El poder político no se
ruborizó al pisotear derechos de los habitantes del territorio, con
la prepotencia y la insensibilidad de los gobiernos militares.
Rulo
al poder
En
1985, apenas arribada la democracia, Raúl Montenegro, “El Rulo”
como lo llamaban sus amigos fue el primer funcionario de la
democracia que se hizo cargo de la Subsecretaría de Gestión
Ambiental en el gobierno radical de Eduardo Angeloz. Elaboró la Ley
General del Ambiente (7343), la primera norma provincial para regir
los destinos de los ecosistemas cordobeses que estableció, entre
otras cosas, la obligatoriedad de la evaluación previa de impacto
ambiental (EIA), hoy tan presente en numerosos conflictos
socioambientales, como la radicación de industrias contaminantes y
de gigantescos emprendimientos inmobiliarios.
Desde
entonces, los cordobeses experimentamos una desenfrenada carrera de
malas administraciones que socavaron identidades culturales enlazadas
con los ecosistemas, acentuando las desigualdades sociales y
hundiendo a la provincia en una crisis ambiental cada vez más
difícil de revertir.
Los
refugiados ambientales
Las
áreas gubernamentales que se ocuparon de las problemáticas
ambientales aplicaron, desde su creación, una curiosa metodología
de trabajo y las consecuencias de esa política se manifestaron sobre
el ambiente: fueron organismos que corrieron por detrás de los
acontecimientos mientras el fantasma de la contaminación química,
el descontrolado avance de la frontera agropecuaria y el desmanejo de
las cuencas hídricas, tomaron cuerpo en la provincia.
El
afán por generar ingresos al Estado provincial –bajo gobiernos
radicales y peronistas por igual- reafirmó, en las últimas tres
décadas, un dramático fenómeno social. Las modificaciones en los
ecosistemas cordobeses produjeron una nueva categoría social: los
refugiados ambientales, personas que fueron expulsadas de las
regiones en donde habitaban. Los pobladores de los bosques
cordobeses, una vez que vieron agotados los recursos naturales de su
zona, terminaron también con su forma de subsistencia. Esto provocó
el desarraigo de sus costumbres y tradiciones ya que, generalmente,
su destino final fueron las villas miseria de las grandes capitales
de la provincia. A ello, se agregó un novedoso elemento: la
emigración a barrios y a ciudades jaqueadas por la contaminación
producida por las industrias y por la polución química. Desarraigo
convertido en marginalidad.
Una
deuda democrática: El derecho a la información
La
información ambiental constituye uno de los pilares fundamentales
para llevar a cabo una adecuada gestión y evaluar el resultado de
las políticas implementadas y las previstas para el mediano y el
largo plazo.
Desde
hace años, se hace evidente la necesidad de contar con un informe
sobre el estado del ambiente en la provincia. Este diagnóstico
debiera acercarnos a conocer los tres aspectos indispensables del
desarrollo: la calidad del medio ambiente, el desarrollo social y la
economía, aunque a nuestros funcionarios les encrespe que se le
pidan explicaciones.
Se
necesita más investigación para definir y cuantificar los impactos
de la contaminación ambiental sobre la salud, ya que está
demostrado que el ambiente exacerba la condición de ciertas
enfermedades crónicas. Los cordobeses necesitamos estos estudios con
datos relevados por instituciones imparciales y externas a la
Secretaria de Ambiente, para asegurar la veracidad e imparcialidad de
sus resultados.
Debemos
estimar lo que se gasta por año debido a enfermedades asociadas con
la contaminación química, por el asma, por cáncer, y por
enfermedades neurológicas. Aunque los tóxicos sean invisibles, los
cordobeses tenemos derecho a estar informados.
Los
especialistas aseguran que si conociéramos estas cifras, los
cálculos echarían por tierra el argumento de los “altos costos”
para implementar programas de protección ambiental. El Estado
provincial tiene la obligación, incluso, de contemplar en este
estudio los costos estimados por el dolor y sufrimiento de las
personas.
El
ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de
un ambiente sano así como el deber de preservarlo y defenderlo.
La
realidad indica que toda información vinculada con el ambiente debe
tener carácter público, esté en manos del Estado o de empresas
privadas, pues la responsabilidad social por un ambiente sano es un
mandato constitucional. Es sustancial que los ciudadanos tengamos el
pleno conocimiento de las condiciones ambientales del sitio en que
vivimos, trabajamos, estudiamos o nos recreamos. El secreto
industrial es un caso particular, pero su preservación no puede
servir de pretexto para negar información ambiental sustancial.
Cuando
escuchamos denuncias de organizaciones ambientalistas, nos
preguntamos: ¿Es cierto o están exagerando en lo que dicen?, ¿Cuál
es la verdad? Pues no lo sabemos porque las informaciones oficiales
resultan insuficientes.
Lo
más desconcertante de estos temas es la amplitud de la
desinformación pública que existe. ¿Será mera casualidad?
En
este valioso camino donde respiramos 3 décadas de gobiernos
institucionales, recuperamos algunas libertades y derechos. Valores
como diversidad biológica, heterogeneidad cultural, pluralidad
política y democracia participativa deberán orientar a la
reapropiación social de la naturaleza y de los procesos productivos.
Fuente:
Daniel Díaz Romero, Ecosistemas cordobeses: Desaparecidos en democracia, 24/04/17, Sala de Prensa Ambiental.
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