El
Canal de Nicaragua es la obra más grande y polémica del país
centroamericano, y su construcción es más incierta que nunca. Sin
embargo, las protestas en su contra siguen.
por Martin
Reischke
Iba a
ser la obra más grande de Nicaragua, un enorme esfuerzo para sacar
al país de la pobreza. El Canal de Nicaragua, cuya construcción
arrancó de forma oficial en diciembre de 2014, despertó muchas
esperanzas. La zanja de 278 kilómetros de longitud brindaría una
alternativa al Canal de Panamá y permitiría el paso de navíos
comerciales incluso mucho más grandes entre el Atlántico y el
Pacífico.
No
obstante, la construcción no avanza y el plan del Gobierno
nicaragüense todavía no se ha hecho realidad. En 2013, Nicaragua le
otorgó la concesión para construir y manejar el canal por 50 años
al empresario chino Wang Jing, jefe del grupo chino HKND, el
principal inversionista de la obra. HKND calculó una inversión de
50 mil millones de dólares para realizar la construcción.
Entretanto, surgieron dudas sobre la solvencia de Wang Jing, ya que
perdió gran parte de su fortuna en el desplome de la bolsa china en
2015.
Desde
el principio, el proyecto canalero ha causado fuertes críticas de
diferentes sectores. Ecologistas temen que la obra dañe importantes
ecosistemas, como el Lago de Nicaragua, la mayor reserva de agua
dulce en toda la región. Economistas dudan de la rentabilidad del
proyecto, y los campesinos temen la expropiación de sus tierras y
bienes en la región canalera. Por ello, ha habido numerosas
protestas a nivel local y nacional durante los últimos años. A
finales de 2016, una manifestación en Managua se suspendió a causa
de la represión policial, según afirmaron los organizadores de las
protestas.
Opositores
perseguidos
Con
motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, este sábado (22 de
abril) se organizará otra manifestación en la cabecera
departamental Juigalpa. "Todos sabemos que el canal no se va a
construir", dice la periodista María López Vigil, jefa de
redacción de "Envío", una publicación nicaragüense
crítica. "Ahora, las marchas se organizan para que se derogue
la ley canalera", añade. Dicha ley fue aprobada por el
Parlamento nicaragüense en 2013. No sólo le otorga al inversionista
chino la concesión para construir el canal, sino también para otros
subproyectos de gran escala, como por ejemplo carreteras, puertos y
un aeropuerto, independiente de si se llega o no a contruir la zanja.
"El alto nivel de corrupción me hace sospechar que el Gobierno
de Daniel Ortega se va a beneficiar del proyecto", teme la
periodista.
Mientras
tanto, los campesinos siguen protestando contra la posible
expropiación de sus tierras y bienes. Las marchas son organizadas
por el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y
Soberanía y su coordinadora, Francisca Ramírez Torres, quien se ve
enfrentada a represalias e intimidaciones por parte del Estado. En
una resolución del mes de febrero de este año, el Parlamento
Europeo instó "al Gobierno (nicaragüense) a que se abstenga de
acosar y de recurrir a actos de represalia contra Francisca Ramírez
y otros defensores de los derechos humanos por realizar legítimamente
su trabajo". Un estudio recién publicado por dos organizaciones
de derechos humanos también critica la política de criminalización
en contra de los adversarios del proyecto canalero.
Para
la periodista López Vigil, las protestas siguen siendo importantes,
aunque ve como "impensable" que el Parlamento derogue la
ley. "Quienes luchan contra la ley canalera, luchan por la
soberanía nacional, por el respeto a los derechos humanos y por un
cambio en el país", afirma.
Fuente:
Martin Reischke, Canalde Nicaragua: megaproyecto sin futuro, 21/04/17, Deutsche Welle. Consultado 22/04/17.
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