La actualización
del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos debería constituir
una política de Estado que asegure la sostenibilidad ambiental de la
provincia y con ello la del conjunto de sus habitantes, por sobre el
interés de lucro de algunos en particular.
por Federico
Kopta
La Legislatura
cordobesa retomaría en febrero la actualización del Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos (OTBN), luego de la fallida intención
de aprobarlo el 28 de diciembre pasado. En el ínterin, enero no ha
sido tranquilo, pese al receso estival.
Apenas seis días
después de la fecha prevista de votación, el gobernador recibió a
los dirigentes ruralistas, quienes habían manifestado previamente su
frustración por la no aprobación de la ley. Y el 9 de enero, Cartez
emitió un comunicado en el que denostaba a José Luis Serrano y a
Raly Barrionuevo, aludiendo a una supuesta carencia de rigor
científico en su compromiso a favor de los bosques nativos.
Asimismo, el 5 de
enero, luego de la reunión con Juan Schiaretti, el presidente de
Coninagro Córdoba tuiteó: “¡10 legisladores UPC que responden al
Dr. De la Sota no permitieron que se tratara en el recinto proyecto
consensuado de OTBN! ¿Consensuar cuándo?”.
De este tuit
surgen preguntas mayores: ¿cuál es el proyecto “consensuado” de
OTBN que los legisladores que responden a De la Sota no habrían
permitido que se tratara? ¿Consensuado entre quiénes?
Pareciera que los
acontecimientos de enero no cambian la lógica del conflicto, sino
que la profundizan. Resulta imprescindible que el Gobierno provincial
y los legisladores comprendan los cambios de contexto de los últimos
años.
Vale recordar que
hubo un giro en la política de Córdoba luego del motín policial
del 3 y 4 de diciembre de 2013. A raíz de lo sucedido, el gobernador
José Manuel de la Sota entendió cabalmente que la provincia no
podía seguir funcionando encapsulada, atendiendo únicamente a
determinados sectores corporativos.
Con esa nueva
lógica, consiguió su supervivencia política y hasta un posterior
crecimiento de su imagen. Y como fruto de esa concepción distinta es
que se construyó la Ley de Política Ambiental (número 10.208), que
fue aprobada casi por unanimidad luego de un año de trabajo de los
legisladores y una verdadera vocación de construir el mejor marco
legal posible.
También hubo un
giro en la percepción de la importancia del bosque nativo para la
supervivencia de las poblaciones humanas con las trágicas
inundaciones de febrero de 2015.
La inundación de
San Carlos Minas de 1992 costó más vidas, pero fue muy lejos de la
capital provincial. Sierras Chicas es parte del área metropolitana
de la ciudad de Córdoba y tiene una proporción importante de su
población nacida en la propia Capital.
Una consecuencia
de las inundaciones de 2015 fue el empoderamiento de distintas
organizaciones de Sierras Chicas, con una masa crítica de personas
concientizadas sobre la necesidad de conservar los bosques nativos,
para quienes la ciudad de Córdoba también es su lugar de “localía”.
Esto explicaría en parte la masiva convocatoria a la movilización
del 28 de diciembre en rechazo el proyecto de ley oficial.
¿Cómo debería
continuar el tratamiento? Ya no se trata de seguir convocando nuevas
organizaciones a la Legislatura ni de realizar más audiencias
públicas donde fuere, en tanto que eso sea un barniz de
participación para legitimar una decisión ya tomada, la cual todos
desconocemos, salvo los que están dispuestos a aprobarla y
eventualmente sus beneficiarios. Se trata de transparentar todo el
proceso, del que sólo sabemos la expresa intención de algunos
legisladores oficialistas de reducir la superficie con Categoría I
(Rojo).
El Consejo
Federal de Medio Ambiente (Cofema) ha establecido pautas
metodológicas para las actualizaciones de los Ordenamientos
Territoriales de los Bosques Nativos, asegurando que deben realizarse
según el concepto de no regresividad en materia ambiental, que
consiste en que la normativa ambiental no debe ser modificada si esto
implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados
con anterioridad.
Establece que los
cambios de zonificación prediales deberán ser concedidos sólo para
casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática.
También aporta pautas para la participación de la sociedad civil.
Es fundamental que dicha normativa sea respetada, como también la
transparencia de todo el proceso, cosa que evidentemente no ha
sucedido hasta ahora.
En este marco, la
actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
debería constituir una política de Estado que asegure la
sostenibilidad ambiental de la provincia y con ello la del conjunto
de sus habitantes, por sobre el interés de lucro de algunos en
particular.
Lograr una ley y
un mapa de ordenamiento que preserven los servicios ambientales para
el bien común requerirá un proceso de construcción de consensos en
función de la mejor evidencia científica disponible y el sentido
ético de responsabilidad intergeneracional.
Córdoba ha sido
testigo de procesos políticos maduros como el que llevó en 2014 a
la sanción de la Ley de Política Ambiental número 10.208. Atento a
lo vital que resultan los servicios ambientales de los pocos bosques
y matorrales nativos remanentes, resulta imprescindible un proceso
político similar, sin urgencias ni arrebatos.
Federico
Kopta es el presidente del
Foro Ambiental Córdoba
Fuente:
Federico Kopta, Retos para una nueva ley de bosques nativos, 22/01/17, La Voz del Interior. Consultado 22/01/17.
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