Daños por la crecida en Unquillo en 2015, el desmonte ya provocó daños ambientales. Foto: J. Stepanoff/ La Voz |
Polémica en Córdoba por un nuevo avance del agronegocio sobre bosques nativos. El gobierno provincial, con apoyo de un sector de Cambiemos, busca expandir la ganadería industrial en áreas donde no pudo avanzar la soja. Los ambientalistas denuncian un “ecocidio”. La Justicia suspendió la audiencia en la que hoy se iba a discutir la norma.
por Leonardo
Rossi
Desde Córdoba. Córdoba conserva
alrededor del 3,5 por ciento de su bosque nativo original (12
millones de hectáreas). Los impactos de ese escenario ecológico se
manifiestan en graves inundaciones, desertificación de suelos,
pérdida de producción campesina. A pesar de este cuadro,
legisladores oficialistas (Unión por Córdoba) y parte de la
oposición (UCR-Cambiemos) buscan avanzar con un proyecto que
afectaría buena parte de ese monte que sobrevive. Investigadores y
organizaciones sociales alertan sobre la gravedad de esta iniciativa
a la que denominan “ley de ecocidio”.
A horas de
realizarse la audiencia pública convocada de forma sorpresiva por el
oficialismo para hoy en Villa de María de Río Seco, la Justicia
hizo lugar a un amparo colectivo para frenar esa instancia. En
paralelo, más de cuarenta organizaciones de diversos puntos de la
provincia cuestionaron la decisión de retirar de la Legislatura esta
herramienta democrática. El argumento para detener la audiencia, un
paso obligatorio para la aprobación de la norma, fue la violación
del derecho de participación previsto en la Ley General del Ambiente
y la Ley Nacional de Bosques. El oficialismo buscará aprobar el
proyecto de todas formas el 28 de este mes.
La ley 9814
(2010) es la normativa con la cual Córdoba se ajustó a la ley
nacional de bosques nativos (2007). Esa ley se sancionó a espaldas
de técnicos y una multiplicidad de organizaciones que, tras dos años
de trabajo en un ámbito oficial, habían establecido ubicar en zonas
de máximo valor de conservación (categoría roja), 4 millones de
hectáreas de monte. A último momento, a pedido del sector
empresario rural, se aprobó una normativa que protegió sólo
1.800.000 hectáreas. Ahora, el sector empresario, encabezado por la
Mesa de Enlace, busca avanzar aún más para expandir la ganadería
industrial en áreas del norte donde no pudo avanzar la soja (ver
aparte). La ley nacional establece una actualización del
ordenamiento cada cinco años. El gobierno de Juan Schiaretti inició
este año una mesa de trabajo que desembocó en el anteproyecto
actual, alineado con los intereses del agronegocios.
Los legisladores
oficialistas buscan aprobar el texto antes de fin de año. Entre
otros puntos, las organizaciones socioambientales denuncian que se
habilitará el desmonte en categorías roja y amarilla (alto y
mediano valor de conservación), ya sea con topadoras, rolos o
químicos; se reducirá la superficie a proteger, en violación del
principio de no regresividad de la ley nacional; permitirá la
minería en zonas rojas; cambiará la autoridad de aplicación de
Ambiente a Ciencia, omitiendo las competencias ministeriales; e
incorporará en la regulación a los bosques exóticos.
La mayor parte de
las áreas actualmente protegidas se encuentran sobre el arco
noroeste. Gracias a la biodiversidad que otorga el monte, miles de
familias campesinas de ese territorio sostienen sus prácticas
productivas, con ganadería caprina, cultivos para autoconsumo y
apicultura. En Cruz del Eje, una de las cabeceras de la región, se
manifestó en las rutas la Mesa Apícola del Noroeste de Córdoba,
más de mil familias nucleadas en cooperativas de esa ciudad, San
Marcos Sierra, Villa de Soto, entre otros puntos. Melisa Geisa, del
colectivo Apinoc, explicó que allí “hay más de 73 especies
nativas que se aprovechan para hacer miel”. “Permitir el rolado
del arbustal, como plantean es ir contra el trabajo y la forma de
vida de estas familias”. Geisa plantea que “hay generaciones y
generaciones campesinas que producen con el monte, y no necesitan
esta nueva ley, más bien hace falta recuperar lo que ya se
desmontó”.
Otra de las áreas
en riesgo es Traslasierra, oeste provincial, donde se sitúan Villa
Dolores, Nono, Mina Calvero. Matías Muñoz, apicultor y técnico de
la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, entiende que
allí “los desarrollistas inmobiliarios están esperando con los
brazos abiertos esta norma”. La intención es “construir cada vez
en zonas más altas de las sierras para el turismo”. Por otra
parte, en la llanura transerrana “sería terminar de cubrir de
monocultivo”. En su zona, “están poniendo en riesgo cerca de
ochenta familias” que aprovechan las especies nativas para la
apicultura.
Cristian
Schneider (Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras
Chicas) agrega que “en ambientes serranos, de pastizales y
arbustales, pretenden avanzar con la minería (artículo 20°)”. En
paralelo, “se intensificará el desarrollo inmobiliario”,
vinculado a barrios cerrados y áreas ribereñas cercanas a Córdoba
Capital. En ese corredor, donde la coordinadora denuncia desde hace
años el impacto del desmonte en el cambio de dinámica de los ríos,
los loteos descontrolados no cesan pese a las inundaciones de 2015,
que dejaron una decena de muertos, puentes y casas destruidas.
El investigador
del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal-Conicet Marcelo
Cabido entiende que “en base a los planteos del sector
productivista hay más de un millón de hectáreas en riesgo de pasar
de categoría roja a amarilla, para ser intervenidas”. Este
biólogo, parte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
premiado con el Nobel de la Paz en 2007, explica que de prosperar el
proyecto “sectores empresarios irán por ese monte que queda,
porque justamente lo han protegido manos campesinas, y habrá un
cambio dramático en la tenencia de la tierra”.
Fuente:
Leonardo Rossi, Una ley al gusto de la Mesa de Enlace, 22/12/16, Página/12. Consultado 23/12/16.
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