La explosión de la fábrica militar dejó siete muertos, 300 heridos y decenas de casas destruidas; la Justicia determinó que fue un hecho intencional, pero sólo fueron condenados mandos medios.
por Gabriela Origlia
Córdoba. "¡Fuego, fuego, fuego!", gritó Emilio Ostera el 3 de
noviembre de 1995, a las 8.55. Vio salir una llama de uno de los
tambores de trotyl en la planta de cargas de la Fábrica Militar de
Río Tercero. En segundos se produjeron dos explosiones. A las 9.07
hubo 18 estallidos más que volaron los depósitos de expedición y
suministros. La ciudad se transformó en un cementerio de esquirlas,
siete civiles murieron, hubo unos 300 heridos y decenas de casas
fueron destruidas.
La Justicia
determinó que fue un atentado organizado para encubrir el
contrabando de armas a Ecuador y Croacia, uno de los mayores
escándalos de la era menemista. Entre los condenados por el Tribunal
Federal Oral N° 2 de Córdoba no están los responsables políticos,
sino sólo mandos medios. Para algunos referentes, la causa podría
equipararse a la de la embajada de Israel y a la de la AMIA.
En su casa de Río
Tercero, Ostera dice a La Nación que "ni por un segundo"
pensó que se tratara de un accidente: "Era imposible; en esa
zona estaba todo limpio. De la gravedad me di cuenta aun herido como
estaba; fue un hecho con suerte, podría haber volado la ciudad".
En medio de la
devastación, el entonces presidente Carlos Menem aseguró lo del
accidente. Lo secundaron su ministro de Defensa, Oscar Camilión, y
el entonces jefe del Ejército, Martín Balza. La mayoría, al
comienzo, les creyó. Entre ellos la vecina y abogada Ana Gritti,
única querellante en la causa. A los días empezó a sospechar. Con
su convencimiento y persistencia impidió la impunidad.
Por las
explosiones, que parecía que no terminarían nunca, murió su
esposo, Hoder Dalmasso, profesor de química en la ENET N° 1, muy
cerca de la fábrica. Con otros docentes evacuó a los alumnos, fue
el último en salir y no sobrevivió a un infarto.
Durante ocho
años, Gritti luchó en soledad. Algunos le aportaban datos, le
hacían llegar testimonios. Planteó que el trotyl no ardía, que no
explotaba sin un detonador. A tres años del estallido, se hizo un
peritaje en el polígono de Serrezuela.
Los militares
llevaron un barril de trotyl para arrojarle un cigarrillo; su
explosión probaría el accidente en la fábrica. Omar Gaviglio,
quien era jefe de cargas y operaciones, alertó con su perito que
habían agregado aluminio para que ardiera. Lograron aplazar la
prueba. En 2003, treinta peritajes demostraron que la voladura había
sido intencional.
Gritti murió en
2001 sin conocer el fallo de la Justicia que afirma el "pleno
convencimiento de que se trató de un atentado provocado de modo
intencional, organizado y direccionado para lograr el ocultamiento de
pruebas sobre el contrabando de material bélico y la consiguiente
impunidad de sus autores y cómplices".
Los directivos de
Fabricaciones Militares Edberto González de la Vega y Carlos Franke
fueron condenados a 13 años de prisión, igual que Jorge Antonio
Cornejo Torino, director de la fábrica, y Marcelo Gatto, quien
recibió una condena de diez años. El delito fue "estrago
doloso agravado por la muerte de personas". Los tres primeros ya
tenían condena en la causa armas.
Las penas fueron
casadas. Uno de los abogados querellantes, Ahuka Barbero, afirma a La Nación que no cree que haya cambios porque "están bien
fundadas"; siguen trabajando junto a Horacio Viqueira para que
Menem y Balza "vuelvan a ser juzgados".
En febrero de
2014, por mayoría, la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba
sobreseyó al ex presidente y al ex militar. A Gaviglio, cuya
participación en la causa fue decisiva, esa resolución le deja
"pesimismo, porque si bien hubo condenas y sabemos de qué
manera se produjeron las explosiones, nos quedamos sin conocer
quiénes más intervinieron". Apunta que hay un "oscurantismo
diluido en cuatro militares sin llegar a la responsabilidad final. Es
similar a la AMIA y a la embajada de Israel". Lamenta que las
explosiones hoy sean una "suerte de anécdota dolorosa que creó
una sociedad más ensimismada".
Contexto
mentiroso
Para el juez José Pérez Villalobo, integrante del tribunal que condenó a los militares, "hay que buscar las responsabilidades más arriba, en el Poder Ejecutivo". Sostiene que de la causa Río Tercero surge que los decretos de venta de armas están "vinculados en un contexto mentiroso, todo enmarcando una maniobra de estafa al Estado" a la vez que "queda claro que hubo un guiño implícito de Estados Unidos para que se pudiera hacer la operación, si no no se explicaría cómo los barcos llegaron a Croacia atravesando la flota estadounidense".
Gaviglio reitera
que testimonió ante la Justicia que los proyectiles de fragmentación
salían de la fábrica pintados con los colores de la OTAN, todos
verdes con inscripciones en amarillo y sin lugar de origen. Insiste
en que nunca se aclaró quién era la "visita muy importante"
que se esperaba para ese 11 de noviembre para el que las autoridades
querían la planta "limpia y en marcha".
"Las penas
son relativamente satisfactorias -indica Viqueira-. El delito es muy
grave y los responsables finales tienen que estar." Menciona no
sólo a Menem y Balza, sino también a quienes ya murieron, como
Camilión y el ex interventor de Fabricaciones Militares general de
Brigada Juan Carlos Andreoli, muerto en 1996 al estrellarse un
helicóptero militar en Palermo.
Destaca que Balza
fue "hábil; no firmó nunca nada; trató de justificar la
entrega de materiales con convenios sin firmarlos. Por eso quedó
fuera de la causa armas y lo sobreseyeron en la de Río Tercero".
Sobre Menem, ratifica que suscribió decretos ideológicamente falsos
y que tuvo una actuación "muy personal" en el tráfico.
"Hubo muchísimas complicidades", advierte.
Tristán Gavier,
defensor de Gatto y Cornejo Torino, insiste ante La Nación en que "no
hay pruebas directas ni indirectas ni indicios" que señalen a
sus clientes como "culpables dolosos". Cuestiona el
peritaje de explosivos y, además del recurso de casación, interpuso
un planteo sobre la "duración razonable del proceso", en
referencia a que a 19 años del hecho "no se puede dar una
condena".
Apunta que los
familiares de los condenados estaban en las viviendas del barrio
militar pegado a la fábrica, por lo que es "impensable"
que pudieran haber organizado o avalado el atentado.
Entre las
impulsoras de las marchas en reclamo de justicia estuvo Nélida de
Ferreyra. Su esposo, hoy jubilado, trabajaba en el área química de
la fábrica. El 3 ni ellos ni sus hijos estaban en su casa, a tres
cuadras de la explosión. El 24, cuando fueron los segundos
estallidos, estaban cambiando los vidrios rotos. "Lo recuerdo y
me sigue causando la misma sensación de pánico, de terror",
comenta a La Nación.
Cuenta que a su
marido no le cerraba la idea del accidente: "Vivíamos en el
estupor, no sólo porque un hecho así no se espera, sino porque no
se explicaba".
El pago de las
indemnizaciones
Hasta ahora el Estado pagó sólo las indemnizaciones por roturas o pérdidas provocadas por la caída de los proyectiles y las explosiones. En octubre promulgó la ley que establece indemnizaciones para quienes habían iniciado demandas por los daños y perjuicios de la voladura. Se cancelarán a través de bonos. Para cobrarlas, se debe desistir de toda acción judicial. El monto a pagar rondaría los $ 220 millones, según estimaciones del propio Estado.
Fuente:
Gabriela Origlia, Río Tercero: dos décadas después del atentado, no hay aún responsables políticos, 03/11/16, La Nación. Consultado 03/11/16.
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