Un documento
oficial da cuenta de 77 proyectos que están o estarían en zonas
protegidas.
por Ramiro Barreiro
Los incidentes ocurridos en la mina de oro Veladero de San Juan (a 1.100 km de
Buenos Aires) en septiembre han derivado en nuevas polémicas en un
país con una relación siempre compleja con este sector. Los
ecologistas tratan de frenar ahora las minas en zonas de glaciares,
especialmente peligrosas. En la explotación de la firma canadiense Barrick, un pedazo de hielo quebró un caño y eso provocó un
derrame. El escándalo acabó en una investigación judicial que ha
sacado a la luz un documento oficial en el que se da cuenta de 77
proyectos de posibles minas en zonas de glaciares, 44 de ellas cerca
de cuerpos de hielo. Consultado por El País, el Gobierno argentino
asegura que aún no se ha aprobado ninguna de esas iniciativas, pero
los ecologistas no se fían. Una ley de 2010 debería impedirlo, pero
su aplicación depende de los gobiernos provinciales.
La organización ambiental Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
denunciaron que, entre los que están en actividad, en desarrollo, a
iniciarse o en estudio, hay más de 40 proyectos mineros en zonas
glaciares y periglaciares, a pesar de estar prohibido por la norma de
2010. En el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación aseguran que existen en todo el país 322 proyectos mineros
en distinto grado de avance, de los cuales 77 se encuentran en las
cuencas inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en el relevamiento
nacional de glaciares. De estos proyectos, 44 se encontrarían
cercanos o sobre cuerpos de hielo que deben estar protegidos.
“Con sólo el
10 % del inventario realizado ya se detectaron 44 proyectos mineros en
donde este tipo de actividades está expresamente prohibido por el
artículo 6° de la Ley de Glaciares; seguramente ese número crecerá
exponencialmente cuando se termine de relevar las cuencas que faltan.
Ni un sólo emprendimiento más puede ser aprobado hasta tanto se
finalice el inventario de glaciares”, define Gonzalo Strano, de
Greenpeace. El ministerio de Ambiente se ha comprometido a presentar
el 50 % del inventario en marzo de 2017.
El documento en
cuestión fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión
Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos y es parte del
abundante material que el juez Sebastián Casanello le requirió al
ministerio de Ambiente dentro de la causa penal que investiga los
derrames de solución cianurada en la mina Veladero, de la empresa
Barrick Gold, en 2015 y 2016; y fue cedido a las organizaciones por
parte de la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, querellante en la
causa.
Enrique Viale, de
la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y letrado de la
Asamblea, señaló que “resulta increíble que esta crucial
información recién tome estado público ahora y sólo como
consecuencia de allanamientos judiciales. Pareciera que su destino
era su ocultamiento para dilatar la aplicación efectiva de la Ley de
Glaciares. De un primer análisis de la documentación secuestrada
por la Justicia Federal encontramos importantísimo material que
permitirá seguir avanzando en la investigación judicial”.
Desde FARN, Pía
Marchegiani sostuvo: “Esta información da cuenta de la gravedad de
la situación de la protección de los glaciares en el país. Es
fundamental que no se avance con ningún proyecto más; en particular
aquellos próximos a iniciarse como Agua Rica en Catamarca y el
Pachón, los Azules y Pascua-Lama en San Juan, hasta que el
inventario se encuentre finalizado en todas sus etapas y se verifique
que el proyecto no se realiza en zonas que deberían estar
protegidas”.
Otro aspecto
preocupante de los documentos difundidos es la existencia de
proyectos con estado de factibilidad, prefactibilidad o en
exploración inicial en algunas de las provincias donde la actividad
está prohibida, como Chubut (vedada desde 2003), Río Negro (2004),
Tucumán (2006), Mendoza (2007), La Pampa (2007), Córdoba (2008) y
San Luis (2008). Desde la cartera que conduce Sergio Bergman negaron
cualquier tipo de permiso para el inicio de la actividad, cualidad
que también depende de las provincias. Desde el ministerio de
Energía y Minería, en cambio, han confirmado que las
categorizaciones han sido establecidas desde esa cartera, pero que no
significan permisos definitivos. “El artículo 15 de la ley de
glaciares indica que no están prohibidas las actividades en
ejecución”, argumentó un portavoz.
“Estamos hace
10 meses y no dimos ningún permiso”, respondió categóricamente a El País un vocero del ministerio de Economía, Infraestructura y
Energía de Mendoza. “Sí se armó el Espacio de Diálogo Minero en
virtud de que Mendoza necesita diversificar la matriz productiva,
porque hace 4 o 5 años que no se genera empleo de calidad en la
provincia”, dijo. “Es un espacio que funcionó desde junio hasta
octubre, con todos los actores, para escucharlos y que se escuchen
entre ellos, con el objetivo de avanzar dentro del marco que
tenemos”.
Fuente:
Ramiro Barreiro, Ecologistas argentinos intentan frenar 44 minas que amenazan a glaciares, 08/11/16, El País. Consultado 09/11/16.
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