Una minera chilena instaló una escombrera de 100 hectáreas de las cuales la mitad está en territorio argentino. Allí volcaron más de 55 millones de toneladas de residuos entre 2007 y 2012. Reclamo de ambientalistas y la respuesta del gobierno provincial.
por Florencia de
Sousa
La minera chilena
Pelambres, instalada a pocos kilómetros de la frontera con San Juan,
instaló la escombrera Cerro Amarillo en un predio que alcanza las
100 hectáreas. La mitad de este "megabasurero" donde se
arrojaron más de 55 millones de residuos peligrosos entre 2007 y
2012, se encuentran del lado argentino. El hecho generó
presentaciones judiciales cruzadas, denuncias por impacto ambiental y
hasta la intervención del Gobierno provincial.
En 2014,
Pelambres fue denunciada por la otra minera: Pachón -controlada por
la suiza Glencore- la cual tenía planeado instalarse del lado
argentino y al querer hacerlo se encontró con los desechos de la
escombrera, la cual mide 105 hectáreas y tiene unos 70 metros de
altura.
"Hay un
acuerdo que firma la provincia de San Juan para que el basurero quede
ahí, en una especie de control de 10 años y esto dura cientos de
años. Ellos llaman roca estéril pero de estéril no tiene nada,
porque en realidad después del proceso de sacar los minerales quedan
un montón de escombros, y contienen otras sustancias que mezclados
con lluvia forman el denominado 'drenaje ácido'. Esto se ubica cerca
del río Carnicería que termina siendo afluente después de pasar
por otro río, del San Juan, el más importante de la zona",
explica en detalle el abogado ambientalista, Enrique Viale.
A su vez, el
especialista remarca que fue el senador Fernando 'Pino' Solanas quien
trató el tema en la Comisión de Ambiente del Senado que preside. Y
el lunes 6 de septiembre viajó a San Juan donde presentó ante el
Juzgado Federal N° 1 de San Juan un escrito denunciando penalmente
la violación de la Ley 24.051 y solicitó la inconstitucionalidad
del acuerdo entre el gobierno de San Juan y la minera chilena por
violar el último párrafo del artículo 41 de la Constitución
Nacional.
"Lo
increíble de esto es que el hermetismo minero, sobre todo en San
Juan, se rompe porque la minera que trabaja del lado argentino quería
que se sepa esto, por eso ellos pagaron un estudio donde dice que es
una barbaridad lo que sucede. Se viola la ley de residuos
peligrosos", insiste Viale.
Respuesta oficial
sobre el acuerdo. El ministro de Minería de San Juan, Alberto
Hensel, explicó a Perfil.com su versión sobre el convenio. "En
2014 Pachón inicia una demanda judicial contra minera Los Penambres,
que se tramita ante el Juzgado Federal N° 1 de San Juan, a cargo del
doctor Miguel Ángel Gálvez. En esa demanda se reclama por la
presencia de la escombrera". "En esa acción se exigue el
retiro de los escombros, que son incluso sobrantes estériles del
proceso minero. Se exige una indemnización por daños, y tengo
entendido también que se reclama una especie de pago por el tiempo
que ha transcurrido desde que estuvieron ocupando parte del
territorio del titular superficiario que sería Pachón", agrega
el funcionario.
"Tomando
conocimiento en la provincia que existía este reclamo, a través del
fiscal de estado de la provincia de San Juan, se toma intervención
en la causa judicial sobre la base de la preservación de los
derechos de la incidencia colectiva de la población, que es
justamente el derecho de la población de gozar de un ambiente sano.
Es una cuestión constitucional, independientemente de la discusión
de carácter patrimonial que se esta ventilando en la causa
judicial", precisa Hensel. El funcionario comentó que el juez
convoca a una audiencia. Las partes buscarán llegar a una acuerdo lo
cual no obsta de medidas preventivas de carácter ambiental.
"Aprovechando
que en la causa judicial había un planteo de medida cautelar
solicitada por Pachón, pidieron monitoriar los puntos críticos.
Sobre la base de esa cautelar, lo que hizo la provincia de San Juan
en el acuerdo fue no solo contenerla sino ampliarla
significativamente", sentencia. "Lo que se hizo fue lo
siguiente: cuando yo llego al ministerio (en diciembre de 2015) nos
encontramos con un decreto que sobre la base de lo que se había
planteado en la órbita judicial, crea una comisión de verificación
del aislamiento de la escombrera Cerro Amarillo, dado que la
provincia reclama el aislamiento total, absoluto, sustentable de la
escombrera, más allá de cualquier otro tipo de discusión que
pudiese haber en la causa", relata el titular de la cartera de
Minería.
"La
provincia de San Juan pidió que se le otorgara la participación en
defensa de los intereses de la provincia. Eso fue consentido por
Pachón y por minera los Penambres. Tras esto, el juez requirió una
serie de medidas: un plan de trabajo conceptual, con la ingeniería
de detalle para el aislamiento ambiental, el monitoreo de guas
superficiales y subterráneas en diversos puntos de la zona de la
escombrera con una frecuencia mensual y por un período de 5 años",
explicó Hensel.
"Lo que se
acordó es eso, la minera Pelambres tiene que realizar el
aislamiento, que una vez finalizado deben ser fiscalizadas las obras
y los monitoreos de aguas. Después se deben tramitar los permisos y
las autorizaciones para dejar habilitados los pasos ocasionales,
porque allí hay además de ese material estéril de roca, alrededor
de 500 neumáticos de camiones fuera de ruta, entonces para eso otra
de las exigencias es el retiro de los mismos. Por ello y también
para el aislamiento, es necesario habilitar pasos ocasionales y allí
interviene Cancillería, Ministerio del Inteiror y Aduana. En este
momento tenemos todos otorgados para comenzar desde septiembre con el
retiro de neumáticos, es decir que los van a tener que llevar a
Chile", detalló.
"Con este
aislamiento lo que se pretende justamente es que se le de una
solución inmediata para que la provincia no esté como en un partido
de ping pong viendo como se juega el partido, dado que un juicio
puede llevar años. Todo este acuerdo es sin prejuicio de lo que se
pueda resolver por parte de un órgano bilateral o supranacional o lo
que se resuella en la cuestión de fondo que es lo que se está
debatiendo en el juzgado, eso es la síntesis del convenio que se ha
suscrito", informa el ministro. "Nos importa la parte
ambiental, dado que es una cuestión que tenemos que preservar antes
que nada. Este convenio ha sido comunicado formalmente a Cancillería,
a la secretaria de Minería de la Nación y ha sido presentado en ele
expediente judicial", concluyó Hensel.
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Fuente:
Florencia de Sousa, Un megabasurero minero en San Juan, en el centro de polémica por contaminación, 30/08/16, Perfil.
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