Evalúan
abandonar la actividad a finales del año que viene; para la empresa,
la vida útil de la explotación llegó a su fin; con su
levantamiento, se podrán medir los efectos ambientales.
por Gabriela
Origlia
Hualfin,
Catamarca. El principal yacimiento a cielo abierto del país, Bajo
de la Alumbrera, prepara su cierre para finales del año próximo y
acelera el plan de remediación previsto en la concesión. Es la
primera vez, en una explotaciónde este tipo, que los argentinos
podrán ver cómo queda la zona en donde se trabajó y cuáles son
las consecuencias de la actividad. El cierre -como toda la operación-
no está exento de controversia.
Desde
la compañía calculan que el plan, a partir del cese de la
explotación, demandará unos cinco años, a los que seguirá un
monitoreo de una década. La inversión, que incluye las
indemnizaciones a los 1900 empleados, rondaría, a valores de hoy,
los 2000 millones de pesos.
En la
explotación, que ocupa 1400 hectáreas ubicadas en la zona previa a
la sierra del Aconquija, hay montañas de material desechado, un
socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro y un
dique de cola -donde se retienen los materiales sólidos que son
descartados-.
Se
cubrirán todas las áreas afectadas con una capa de material
"benigno" y se las "revegetará con especies nativas".
El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y
el aire, para evitar la contaminación.
La
empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo
que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal.
Es la
explotación de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto más
importante del país y opera hace casi 20 años. A diario, extrae
300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de
minerales.
La
empresa -que además del yacimiento Bajo de la Alumbrera, trabaja
desde hace unos meses Bajo el Durazno- es operada por la firma suiza
Glencore (50 % de las acciones), y las canadienses Goldcorp (37,5 %) y
Yamana Gold (12,5 %).
Los
derechos de exploración y explotación son de Yacimientos Mineros de
Aguas de Dionisio (YMAD), una sociedad interestadual integrada por el
gobierno de Catamarca (60 %) y la Universidad Nacional de Tucumán
(40 %). Y percibe 20 % del producido neto de Bajo de la Alumbrera y 30 %
del de Bajo del Durazno.
El
gerente de Relaciones Institucionales de Minera Alumbrera, Jorge
Montaldi, indicó a La Nación que el yacimiento está llegando al
final de su vida útil y aunque se proyectaba el cierre para fines
del 2017, la eliminación de retenciones para la minería y la mejora
del tipo de cambio tuvieron un "efecto positivo en la estructura
de costos", por lo que evalúan una extensión del período.
La
minera enfrenta denuncias y causas penales por presunta contaminación
en Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, además de una
investigación en la justicia federal de Rosario por supuesto tráfico
documental y contrabando de minerales.
Desde
hace años, los vecinos de Andalgalá y Santa María del Valle,
localidades ubicadas a unos 50 kilómetros del yacimiento, reclaman
por el impacto que tendría la explotación en el aire y el agua, y
sus efectos sobre la salud humana. Unas 30 familias de Vis-Vis, un
pueblo ubicado a dos kilómetros del paredón del dique de cola,
abandonaron el lugar y algunos demandaron por daños de contaminación
y destrucción de sembradíos y ganado.
Sergio
Martínez, integrante de la asamblea de Andalgalá admitió a LA
NACION que en 1995, cuando comenzó la construcción de la Alumbrera,
"aplaudíamos, pensábamos que era una suerte de reparación
histórica para estos lugares. Advertimos que estamos igual, pero
contaminados, con gente forzada a la migración, enfermos y
producciones alteradas".
Los
asambleístas reclaman la "participación de la comunidad"
en audiencias públicas. "Fuimos a la Corte Suprema porque acá
se nos niega hasta el acceso a la Justicia". Martínez se
refiere al fallo de marzo pasado que hizo lugar al recurso de queja
que presentaron en 2012 para frenar las actividades en el yacimiento
Agua Rica.
Socio
y controlante
Los
controles sobre las operaciones están a cargo, exclusivamente, del
gobierno catamarqueño que participa de la explotación en YMAD.
Rodolfo Micone, secretario de Minería provincial, dijo a La Nación
que ese esquema no interfiere porque el Ejecutivo audita su área a
través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera. "Es
totalmente independiente de la conducción de la sociedad",
señaló. Agregó que, en el marco legal vigente, se iniciaron varios
sumarios administrativos, se procesaron algunos y otros están en la
etapa de evaluación y "pronta" resolución. Enfatizó que
la provincia "suspendió proyectos mineros en producción por
incumplimientos ambientales".
El
fiscal de Cámara de Tucumán, Gustavo Gómez, lleva adelante
distintas causas por supuesta contaminación de la Alumbrera, entre
ellas una por la composición y niveles de metales hallados en los
afluentes que la minera desecha en el canal DP2 de Tucumán y que
desembocan en el embalse de las Termas de Río Hondo, en Santiago del
Estero. En diálogo con La Nación, indicó que las auditorías son
insuficientes y que en Tucumán se dictan resoluciones
administrativas más elásticas que las nacionales sobre los
parámetros de contaminación.
Fredy
Carbonell, de la ONG tucumana ProEco -querellante en una causa desde
2010-, apuntó: "Los gobiernos no pueden controlar la extracción
de áridos, imagínese una mina".
Respecto
de la remediación, Gómez sostuvo que "terminarán haciéndose
cargo" los socios de YMAD "en función de una cláusula
secreta firmada en Nueva York" a la que comparó con la que rige
en el acuerdo de Chevron. Montaldi rechazó de plano su existencia.
Marcelo
Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros
(CAEM), planteó que las acciones deben permitir "una
restauración socioambiental de las áreas utilizadas para que el
terreno tenga condiciones similares a las previas al desarrollo de la
actividad" y recordó que las mineras tienen el "compromiso
de monitorear en el poscierre todos los elementos de la naturaleza
para constatar su estabilidad física y química".
Karina
Martineli, miembro de la asamblea Santa María del Valle, reclamó la
participación de la comunidad en el plan de cierre: "Todo se
maneja como si no hubiera gente; no hay datos, no hay información".
Extensión
La
minera ocupa unas 1400 hectáreas en la zona previa a la sierra del
Aconquija, en Catamarca
Escombreras
de estériles
Se
extraen 300.000 toneladas diarias. De ésas, 100.000 son minerales
Planta
concentradora
Aquí,
se procesan los minerales para producir el concentrado de cobre y el
oro doré
Tanques
de depósito de concentrado
El
mineral procesado es bombeado al ducto que lo lleva hasta Tucumán
Dique
de cola
Es la
estructura diseñada para retener materiales sólidos desechados.
Tiene unas 800 hectáreas
Campamento
de construcción
Se
usó cuando se levantó la mina. Trabajaron unas 5000 personas
Fuente:
Fuente:
Gabriela Origlia, La principal mina a cielo abierto de la Argentina prepara su cierre, 26/05/16, La Nación.
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