Sobre la responsabilidad de los intendentes de Mendiolaza y Unquillo en la catástrofe

por Fernando Funes

Este es el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, uno de los grandes responsables junto con Jalil, intendente de Unquillo, de un desastre ecológico en ciernes que hoy hace que un fenómeno natural como una lluvia copiosa revierta en algo catastrófico.

Salibi tiene un sueño: convertir a El Terrón, una de las pocas reservas de bosque nativo natural que quedan, de 280 Has., en un megaemprendimiento de cinco barrios cerrados interconectados por una cancha de golf de 18 hoyos y 80 Has.

En complicidad con el desarrollista Grupo Tagle, que le facilita autos para que se movilice por la localidad y camionetas para la campaña electoral, Salibi anhela que Mendiolaza sea conocida en el mundo cuando la ESPN transmita los partidos de golf de la competencia del PGA Internacional para 500 millones de personas.

Salibi no quiere loteos pequeños que puedan sobre-urbanizarse (sic), como por ejemplo los barrios tradicionales de perfil social y comunitario. Lo que quiere es convertir a Mendiolaza en un enorme y continuo country.

Sin contar con El Terrón, ya en el año 2011 el 40 % del territorio estaba cubierto de barrios privados. Quizás hipsterizando todo Mendiolaza, se pueda algún día expulsar a los habitantes más humildes de la zona, disparando el precio de la tierra para felicidad de sus socios y solaz de sus aportantes, y llegar así al 100 %.

Tan ensimismado está con sus sueños, que a Salibi no le importa que el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) haya considerado imperativo suspender todo cambio en el uso del suelo en la cuenca del río Ceballos y detener el avance de la frontera urbana hasta que se diseñen estrategias de ordenamiento territorial adecuadas.

Tampoco le importa que la cantidad de agua que insume el riego de una cancha de golf de ese tamaño pueda satisfacer el consumo de 6000 personas (OMS), en una localidad donde 7000 de sus 9000 habitantes permanentes carecen de servicio de agua corriente, y donde los otros 2000 sufren cortes de suministro dos veces por semana.

Al parecer, el intendente Salibi no escuchó hablar jamás de emergencia hídrica, de evaluación de impacto ambiental y de planificación estratégica territorial.

También parece desconocer completamente el impacto potencializador que los constantes desmontes, que él y sus colegas regionales se encargan de autorizar sistemáticamente, tienen sobre fenómenos naturales como la crecida repentina e incontrolable de los cursos de agua, y las inundaciones de barrios abajo.

Tampoco se ha dado por enterado de la importancia ecológica del bosque nativo en una provincia asolada por la deforestación sojera, ni del impacto fuertemente negativo en la fauna autóctona, ni del peligro de la sobre-explotación de los acuíferos subterráneos, de donde la empresa Tagle declara que va a sacar el agua necesaria para regar su campo de golf. Aguas públicas, uso privado.

Ni hablar del impacto cultural que su soñada hipsterización produciría, sumada al costo social que tal despropósito implicaría en términos del incremento del parque automotor, seguridad vial, educación pública, recolección de residuos, transporte público, infraestructura de servicios, etc.

A Salibi no le importa nada de esto. Y no debería extrañarnos, porque esa es en realidad su función, enmascarada tras la fachada democrática de una intendencia. Tal como sucede con todos los otros fantoches regionales que se han vendido al servicio del poder fáctico del dinero y de la especulación inmobiliaria, Salibi ha accedido a un puesto político jurando en lo explícito servir con lealtad al pueblo que lo votó, mientras implícitamente, quien sabe a cambio de qué favores, responde incondicionalmente al paradigma individualista neoliberal de los 90s de apartar al Estado de cualquier función reguladora de contralor que pueda perturbar los planes del poder económico dominante.

Mendiolaza será quizás conocida en el mundo, intendente Salibi, pero no por los partidos de golf. ¡Corta vida (política) a los traidores! y hasta la próxima catástrofe.

Sobre Jalil, intendente de Unquillo. Respuesta a una detractora

Hace unos días escribí una reseña breve e incompleta sobre el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, que recibió muchas adhesiones. Pero también recibió una crítica, una sola, por incluir al intendente de Unquillo, Germán Jalil, entre los grandes responsables del deterioro medio-ambiental que sufren las Sierras Chicas. En esa crítica, que no puedo contestar directamente por haber sido escrita en un muro de FB al que no tengo acceso, se tilda a mis apuntes de anarco-progresistas (vaya a saber lo que se significa con semejante oxímoron altisonante) y de parcialidad política, ya que, según alegó mi detractora (cuyo nombre no recuerdo), la política medio-ambiental de Jalil es intachable.

Pues bien, la política ambiental de Jalil no es intachable en absoluto, y a los hechos me remito.

En Unquillo, la reserva natural Los Quebrachitos ha estado y continúa estando en peligro por causa de un proyecto del Grupo Cahuana S.A., constituído por un capital inicial de $60.000 (es decir, un montaje específicamente armado para este emprendimiento), donde se propone un barrio cerrado llamado Montecito, con unos 1000 lotes sobre 125 Has. de área ecológicamente valiosa.

Lo que es necesario recalcar aquí es que, dejando de lado la irresponsabilidad de empresarios que frente a la alternativa del dinero no reconocen ni a su propio padre, este proyecto obtuvo una PRE-FACTIBILIDAD MUNICIPAL que el mismísimo Germán Jalil hizo aprobar en el Concejo Deliberante en octubre de 2012 mediante la Ordenanza 757/12, al margen de la normativa de uso de suelo, y armada a la exacta medida de los inversores, con quienes había mantenido previamente sendas reuniones.

Luego de esto, y como fruto del esfuerzo de vecinos e instituciones, y NO DEL INTENDENTE JALIL como mi detractora pretende hacer creer, el Concejo Deliberante suspendió por 180 días los permisos de fraccionamiento en Los Quebrachitos. Al mismo tiempo, se logró reactivar el proceso de reglamentación de la reserva, que es un área protegida desde 1999, solicitando que se revise el trazado vial propuesto por los inútiles burócratas del IPLAM (Instituto de Planificación Metropolitana de la Provincia) que la atraviesa por el medio, y pidiendo instancias de participación en el proyecto de ordenanza de Usos de Suelo que afectaría 1400 Has de bosque nativo.

Paralelamente, los vecinos y algunas organizaciones sociales, y NO EL INTENDENTE JALIL, recurrieron al ISEA (UNC) para la realización de un informe fundado sobre la situación. De esto resultó el estudio dirigido por la Dra. Alicia Barchuk, "Riesgos de Deslizamientos ante Inundaciones” (octubre de 2013), que en base a los criterios de sustentabilidad ambiental de la Ley Nacional 26.331 recomienda suspender de manera imperativa todo cambio en el uso del suelo en la cuenca de los Ríos Ceballos y Saldán, y detener el avance de la frontera urbana hasta que se diseñen estrategias de ordenamiento territorial adecuadas. Por supuesto, las recomendaciones del estudio fueron palmariamente ignoradas por el arco político completo de la región.

Sin embargo, frente a este aluvión de críticas y advertencias, el intendente Jalil tuvo el reflejo político de impulsar el año pasado la Ordenanza 825/2014, con la cual se intenta regular el uso del suelo en Unquillo. Y en función de esta ordenanza, cuya aplicación viene siendo dudosa, los defensores de Jalil resaltan la profunda vocación ambientalista del intendente.

Pero resulta que la Ordenanza 825/2014 no es más que un bluff, tan arbitrario como la ordenación de usos del suelo anterior, por una sensillísima razón que los defensores de Jalil parecen pasar por alto: NO HAY PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL POSIBLE SIN UNA ADECUADA VALORACIÓN TERRITORIAL.

En términos técnicos, esta valoración se realiza con un Inventario de Sustentabilidad Ambiental (ISA), que grosso modo es un instrumento de valoración ambiental km2 por km2 para determinar la vulnerabilidad del suelo frente a diferentes impactos ambientales y su vocación de uso, en función de indicadores tales como la biodiversidad, la fauna, la flora, ejemplares valiosos, valores paisajísticos, valores culturales, grado de deterioro/conservación, recursos hídricos, etc.

Que yo sepa, ni el intendente de Unquillo, Jalil, ni el de Mendiolaza, Salibi, ni ningún otro intendente de la región, ha presentado un ISA exhaustivo como corresponde. A lo sumo, incluyen fotos satelitales obtenidas en Google Earth, como en un trabajo de colegio secundario, pero sin ninguna valoración seria homologada y llevada a cabo por técnicos idóneos biólogos, geólogos, especialistas en gestión ambiental y de recursos naturales, etc. Ni siquiera el IPLAM se ha ocupado de esto, sino que por el contrario se dedica a atravesar reservas naturales con el trazado de rutas asfaltadas. Pero viniendo de un gobierno responsable de la pérdida del bosque nativo en un 40 % en los últimos 6 años a favor de los lobbies sojeros, esto tampoco debería extrañarnos.

Sin esta valoración del suelo previa, HABLAR DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL NO ES MÁS QUE OTRA MENTIRA DE LOS POLÍTICOS. Cualquier ordenamiento de los usos del suelo que se diseñe sobre esta base endeble sólo puede servir para dar cobertura legal a las exacciones del poder económico, y por lo tanto no evitará que los problemas de las inundaciones y las sequías alternadas se sigan agravando.

Por otra parte, y más allá de su sustentación técnica nula, la Ordenanza 825/2014, que se promociona como un logro de la gestión de Jalil, es en verdad el resultado de la presión de ciertos sectores cívico-sociales de Unquillo sobre un intendente que se vio así desbordado y no tuvo otra alternativa, y no la consecuencia de su compromiso con el medio-ambiente. No olvidemos que si fuera por Jalil, que ya va por su tercer período al frente del municipio, y si los vecinos no hubieran intervenido, Montecito ya estaría construido.

Nada hay de político-partidario ni de anarco-progresista en todo esto. Si en lugar de recurrir a falacias ad hominem vacías nos ocupáramos de discutir los hechos, las cosas serían diferentes. Ni siquiera sé, ni me importa, a qué partido político responden estos intendentes, aunque sí sé a qué tipo de intereses lo hacen.

Unquillo y Mendiolaza siguen en peligro, al igual que Salsipuedes, Agua de Oro, Ascochinga, La Granja, Villa Ani Mí, Cerro Azul, Río Ceballos, Saldán, Villa Allende, La Calera, etc., donde el lobby inmobiliario no para de presionar. Y aunque no con tanta inminencia, de no tomarse los recaudos necesarios, otras áreas también estarán en crisis en el corto o mediano plazo, Traslasierra y el Valle de Calamuchita por ejemplo, donde la explosión de un turismo de impacto fuertemente negativo se encuentra descontrolado.

No se trata de una cuestión político-partidaria. Se trata solamente de revolverse contra la impunidad, y volver visibles los rostros de los que, por causa de los intereses espurios de un poder económico hegemónico que los coopta o los seduce, se aprovechan del lugar donde los ha colocado el voto popular para traicionarnos a todos el medio-ambiente, el futuro y la vida.