Vecinos de Malvinas Argentinas instaron al Decano de la Facultad de Agronomía a romper el acuerdo con la multinacional Monsanto.
El día viernes el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Juan Marcelo Conrero, confirmó que decidió "suspender" la aplicación del Convenio Específico de Cooperación entre la Facultad y la empresa Monsanto Argentina S.A.I.C luego que el miércoles de la semana pasada, el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) decidiera rechazar el convenio firmado.
En medio de fuertes cuestionamientos de vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas y organizaciones sociales y políticas, el Honorable Consejo Superior fundamentó su oposición al señalar que el acuerdo entre Agronomía y la empresa multinacional desconoce la Ley general de Ambiente y no ayuda a resolver la conflictividad social que desde hace varios años se ha desatado en la localidad cordobesa por la instalación de una planta de tratamiento de semillas.
Ante esta situación, el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias defendió el acuerdo que acordaba un trabajo conjunto de tres años con varias actividades que involucraban el desarrollo en el campo-escuela y la revisión del estudio de impacto ambiental, pero decidió "congelar" el proyecto hasta que se de una instancia de diálogo en la facultad.
Desde la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida piden que Conrero anule el acuerdo con la empresa multinacional y concluya esta posibilidad.
"El señor decano Marcelo Conrero tuvo una actitud bastante disparatada al tratar de prestarle él el sello de la facultad a la empresa Monsanto para legitimar un estudio de impacto ambiental. Cómo la Facultad de Ciencias Agropecuarias va a establecer cláusulas confidenciales con empresas privadas?", cuestionó Gastón Mazzalay, integrante del grupo de vecinos que se opone al desembarco de Monsanto en Córdoba.
El joven remarcó que Conrero está diciendo que ellos van a presentar el estudio de impacto ambiental "fomentando a la empresa a que viole la ley porque, ya lo hemos dicho, Monsanto no tiene lugar para presentar un nuevo estudio de impacto ambiental".
La Ley Provincial de Ambiente 10.208 aprobada este año establece en su artículo 20 que "todo proyecto que fuere desestimado o rechazado por la autoridad de aplicación no puede presentarse nuevamente para su evaluación".
En febrero pasado, una comisión de la Secretaría de Ambiente de Córdoba consideró insuficiente el primer estudio ambiental elevado por Monsanto y luego rechazó sus recursos de reconsideración y jerárquicos, lo que trabó las obras en Malvinas Argentinas.
“La Universidad no quiere discutir el tema Monsanto”
El decano de Ciencias Agropecuarias (UNC), Marcelo Conrero, asegura que el Consejo Superior de la UNC no debe funcionar por la presión de grupos ambientalistas y que tiene la obligación de debatir los temas.
por Alejandro Rollán
Luego de que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) criticará en su última sesión el convenio firmado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias con la empresa Monsanto, el decano de Agronomía Marcelo Conrero resolvió suspender la implementación del acuerdo. Pero no a rescindirlo, como pretendían las agrupaciones de izquierda y ambientalistas que se hicieron presente durante la sesión del máximo órgano universitario.
“Vamos a organizar un taller interno con la comunidad de la facultad, docentes, no docentes, estudiantes y egresados exclusivamente, con el objetivo debatir la conveniencia o no de continuar con el convenio suscripto con la empresa Monsanto. Pero lo vamos a discutir, algo que no está dispuesta a hacer la Universidad”, sostuvo Conrero a La Voz del Interior.
- ¿Lo sorprendió la decisión del Consejo Superior de la Universidad respecto al acuerdo que firmó Monsanto?
- No me sorprendió, más allá de que el acuerdo no estaba en el orden del día y no debería haberse tratado. Para modificar esa orden del día e incorporar otro tema distinto hay que realizar una votación y reunir los dos tercios. Cuando comenzó la sesión se propuso tratar sobre tablas el expediente del convenio entre Monsanto y Agronomía, cuando nadie lo había propuesto en comisión. Por eso solicitamos primero la posibilidad de darlo a conocer y discutirlo primero en comisión. Se sometió a votación y no llegó a los dos tercios. Pero por la presión de los grupos ambientalistas se trató el tema y se decidió la declaración de rechazo al convenio. Y ahí está el error del Consejo Superior: debería haber pedido el tiempo suficiente para analizar el tema y debatirlo.
- ¿Cuál fue su posición en la sesión?
- Como decano sugerí suspender el convenio hasta que se discutiera. Pero la Universidad no está dispuesta a discutir el tema Monsanto. El mayor problema de la Universidad es seguir funcionando al ritmo de los reclamos y sin discutir los temas. No puede funcionar por presión de los grupos. Por eso decidí sacar al acuerdo de la órbita del Consejo y llevarlo a la facultad para su discusión.
- ¿Cree usted que si la empresa no hubiera sido Monsanto, el acuerdo habría llegado al Consejo Superior?
- No hay duda de eso, porque hemos firmado muchos acuerdos similares y no hubo ningún tipo de manifestación. Pero Monsanto es una empresa que está legalmente constituida en el país y el profesional en ciencias agropecuarias trabaja con sus productos. Los convenios se hacen entre dos instituciones que se comprometen a una realizar una determinada actividad. No es una tarea unidireccional. Las empresas no manejan nada ni tienen incumbencia en las cátedras ni en los contenidos.
- ¿Se arrepiente de haber firmado ese convenio?
- No, de ninguna manera. Seguiremos formalizando acuerdos con las empresas. Por ejemplo, tenemos convenios con todos los semilleros. Son acuerdos que sirven para hacer prácticas y con materiales que están en el mercado y que hacen a la actividad profesional del ingeniero agrónomo. Son empresas que están autorizadas a trabajar y reguladas por el Estado, en sus diferentes manifestaciones.
- ¿Pero el convenio con Monsanto incluye el tema Malvinas Argentinas?
- Me pareció que era lo más lógico abordar también este tema. Somos una institución pública que tiene que inmiscuirse en estos temas. Solo queremos revisar, a través de esa comisión que no era solo con profesionales de la facultad, el estudio de impacto ambiental que la empresa debe presentar en Malvinas Argentinas. Como un aporte que contribuiría a la solución de un conflicto, desde la objetividad científico y técnica de los profesionales idóneos de la Universidad. El artículo cuatro de la ley general de Ambiente establece que el Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y de ser necesario de participar en forma complementaria con el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales. Por eso como facultad entendemos que es nuestra obligación participar en el tema.
- ¿Va a someter el acuerdo a una discusión interna dentro de la facultad?
- Hemos propuesto al Consejo Superior, a través de una resolución, dejar en suspenso el acuerdo y convocar a todos los claustros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias a un taller para debatir la conveniencia o no de continuar con el convenio. Lo que resuelva la comunidad de la facultad lo vamos a acatar. Pero primero lo vamos a discutir. Puede ocurrir que luego de la discusión interna el convenio quede como tal, que se decida darle de baja, o que siga para las actividades vinculadas con la transferencia de tecnología y que se deje de lado la cuestión de Malvinas Argentinas. También acordamos con el Consejo Directivo que todos los temas sociales vinculados a la actividad agropecuaria se dentro de la institución con una conclusión única. Luego recién se elevara al Consejo Superior.
- ¿Cuál es el rol que debería adoptar la Universidad respecto a determinados temas, como el ambiental por ejemplo?
- Me preocupa la falta de amplitud, criterio y de libertad que debe tener una Universidad pública. En la Facultad de Ciencias Agropecuarias hay gente que está en contra de Monsanto, que hace sus investigaciones, y otras que no. La Universidad se debería involucrar más en estas decisiones. Pero para llevar claridad y no para adelantar opinión como lo hizo en 2012. Nuestra obligación como universidad es no generar miedo en la comunidad, sino llevar claridad. No debemos dejar que determinados grupos, porque peguen dos gritos, terminen arrastrando a toda la institución.
La Comisión de Enlace apoya la iniciativa de Conrero
La Comisión de Enlace local apoyó el convenio de Agropecuarias con Monsanto y calificó de “inadmisible” el rechazo de la UNC.
“La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba manifiesta su profunda preocupación por el escenario pleno de bombos, pancartas y cánticos ideológicos en el que se propicia el debate de ideas referidas a la evolución del modelo productivo agropecuario”, asegura la entidad en un comunicado.
Al respecto, dice que esto busca “silenciar las voces de profesionales que deben aportar el sustento académico a la generación y adopción de nuevas tecnologías”.
Además, califica de “inadmisible que, mientras desde el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba se reafirma el ‘compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de sistemas de producción agropecuaria diversificados’ y se fomenta el advenimiento ‘de una mirada integral a los múltiples desafíos técnicos, científicos y sociales a los que nos enfrenta esta problemática’, se intente condicionar la opinión de un sector de la sociedad, que no sólo es generador de tecnologías sino que debe ser el principal responsable de su evaluación.
En este marco, señala que estas acciones son “típicas de oscuras etapas de nuestra historia”, que no contribuyen a la pluralidad de pensamiento y atentan contra la apertura que toda entidad educativa “debiera plantearse para solucionar problemáticas de la comunidad en su conjunto, evitando así confundir a la opinión pública”.
Otro cachetazo para Monsanto
Un nuevo estudio del CONICET asegura que se mantiene el rechazo popular de la comunidad de Malvinas Argentinas a la instalación de la planta.
por Lea Ross
En marzo de 2013, un grupo de académicos del CONICET habían revelado que Monsanto tenía un fuerte rechazo del 57 % por parte de la comunidad de Malvinas Argentinas (Véase Malvinas Argentinas: El 58 % le dice NO a Monsanto). Nueve meses después, en enero de 2014, el portal de periodismo empresarial InfoNegocios, publicó un artículo titulado Monsanto empieza a ganar la batalla de la opinión pública en Malvinas Argentinas. “Hoy por hoy empiezan a confiar que los vecinos están cada vez más esclarecido sobre los beneficios de esta radicación”, cerraba la nota sin firma, posiblemente escrita por Iñigo Biain, sin recurrir a fuentes oficiales ni a datos concretos.
Ocho meses después, y a pesar de lo que dictaba el portal del establishment, los números se mantuvieron estables: en caso de que haya una consulta popular, el 57,02 % votaría en contra de la instalación de la planta. Y si se excluyeran los vecinos que no votarían, el rechazo a la multinacional aumentaría un 64,86 %.
Bajo el título de “Estudio de opinión pública y comportamiento ciudadano en Malvinas Argentinas”, este informe final fue realizado a partir de un pedido de la organización Avaaz y llevada a cabo por la Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina (CONICET). Los números constan del resultado final de una encuesta realizada en la localidad de Malvinas Argentinas. 358 vecinos aceptaron contestar las preguntas en la tercera semana de julio pasado.
Además de que mantiene el rechazo a que se instale la planta procesadora de semillas más grande de América Latina, el informe también revela que a la hora de debatir este tema, los vecinos toman en cuenta a la salud como el factor más importante. En segundo lugar, el medio ambiente y, en una categoría mediana, el empleo o trabajo.
Con respecto a las acciones llevadas en el lugar contra la radicación, haciendo énfasis a los trabajos de la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida, el 73 % apoya la resistencia llevada a cabo, y solo un 21 % la rechaza.
Otro dato interesante es la percepción de los vecinos sobre quiénes serían los principales beneficiados y los principales perjudicados en caso de que se instale la planta. Las opciones más respondidas fueron, en el caso de los beneficiados, los accionistas de Monsanto y los funcionarios públicos. Mientras que los principales perjudicados sería toda la comunidad de Malvinas.
A pesar de la profecía de ciertos medios de comunicación, la licencia social le queda muy lejos a Monsanto. Las cachetadas recibidas lo llevan a otra dirección.
Fuentes:
"Fue un disparate intentar legitimar el estudio ambiental", 08/09/14, cba24.com.ar. Consultado 08/09/14.
Alejandro Rollán, “La Universidad no quiere discutir el tema Monsanto”, 08/09/14, La Voz del Interior. Consultado 08/09/14.
La Comisión de Enlace apoya la iniciativa de Conrero, 08/09/14, La Voz del Interior. Consultado 08/09/14.
Lea Ross | @LeandroRoss, Otro cachetazo para Monsanto, 08/09/14, ECOS Córdoba. Consultado 08/09/14.
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