20 años después, el agua cordobesa sigue en conflicto

Al final, la Provincia no oficializó ninguna propuesta de traspaso al municipio. La historia del más esencial de los servicios públicos.

por Daniel E. Alonso

La Municipalidad de Córdoba informó que, a casi 20 días de que el gobernador José Manuel de la Sota hiciera pública su intención -luego fundamentada por el ministro de Agua, Ambiente y Energía, Fabián López- de transferir a la ciudad el servicio de agua potable, no existe ninguna iniciativa oficial al respecto. Ratificaron la negativa de la gestión del intendente Ramón Mestre a asumir el contrato con Aguas Cordobesas, que vence recién en 2017.

El episodio parece destinado al olvido. Sin embargo, encadenó otro polémico eslabón en una concesión que ha atravesado vaivenes políticos y económicos en casi 17 años.

Aunque la matriz financiera posdevaluación es un denominador común, el derrotero de los servicios privatizados en la década de 1990 ha tenido matices propios en cada proceso. Y el caso del agua potable de la ciudad de Córdoba no es la excepción.

Los primeros vestigios del desarrollo en el que Aguas Cordobesas sería luego un protagonista excluyente asoman con el amanecer de 1990, cuando los concejales de la Capital aprobaron un plazo de 90 días para que la Provincia transfiriera a la Municipalidad “todo el servicio de provisión de agua potable de la ciudad de Córdoba”. Está claro que eso nunca pasó.

Los sectores que critican la privatización ubican la génesis en 1992. Ese año, la Provincia contrató a una consultora para estructurar un eventual modelo de concesión.

En el medio, los exempleados de la Empresa Provincial de Obras Sanitarias (Epos) formaron una cooperativa (Aguas del Suquía) y presentaron un plan para la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Dipas). Pero no tuvo eco.

En 1994, la Provincia volvió a la carga con una nueva consultora, en medio de las quejas de la Municipalidad (a cargo ya de Rubén Martí) por los cortes, baja presión y rotura de caños que eran casi pan de todos los días.

Primer eslabón

El 25 de octubre de 1994, el exgobernador Eduardo Angeloz firmó el decreto de privatización, en medio de denuncias del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (Sipos) y de la oposición por la supuesta relación entre la consultora Banque Paribas SA con empresas francesas interesadas en el proceso.

El primer escándalo fue la filtración de las condiciones que establecían los pliegos. Angeloz tuvo que salir a dar explicaciones en cadena.

Se planeaba una concesión hasta 2015, con un plan de inversiones de 300 millones de pesos y colocación de medidores en todos los domicilios en cinco años. Cuatro grupos internacionales presentaron ofertas.

Aguas Mediterráneas. Formado por la inglesa Thames Water Overseas, la francesa Compaigne Generale des Eaux y las cordobesas Roggio, Regam, Hidroconst y Yocsina.

Aguas de Córdoba. Saur Internacional (Francia) y las argentinas Sideco y Cartellone.

Northumbrian. La británica Northumbrian Water Group, junto a las cordobesas Boetto y Buttigliengo, y Estructuras.

Aguas Cordobesas. Con la francesa Lyonnesse de Eaux, Aguas de Barcelona, Banco de Galicia, Comercial del Plata, Meller, Delta Construcciones e Inversora Central.

El 28 de marzo de 1995, la comisión interministerial que analizó las propuestas calificó en primer lugar a Aguas Cordobesas, lo que desató un fuego cruzado entre los oferentes. Todos impugnaron el dictamen.

A su vez, el Sipos presentó una denuncia penal que derivó en la imputación de los ocho integrantes de aquella comisión y del coordinador de las consultoras privadas contratadas para asesorar en la privatización.

Pausa

La fase judicial obligó a una pausa. Ramón Mestre padre, que ya había asumido en la Gobernación, decidió no mover una pieza hasta que se aclarara la situación.

A mediados de 1995, la exjueza Graciela Bordoy desestimó las imputaciones, pero dijo que el proceso no fue del todo transparente. Le ordenaron profundizar la investigación. Igual, a fines de ese año, Bordoy ratificó su postura.

Mientras tanto, el servicio seguía siendo penoso. El propio Sipos reconocía que la Dipas perdía 20 % del agua que potabilizaba y que había 800 roturas de caños pendientes de reparar. La zona sur era la más perjudicada.

En julio de 1996, la Legislatura provincial aprobó un proyecto que le quitó autarquía a la ex Dipas -después convertida en Dirección de Agua y Saneamiento (DAS)- y reabrió el camino hacia la privatización.

Segunda vez: un candidato

En enero de 1997, la Provincia relanzó el proceso privatizador. El entonces fiscal de Estado, Alberto Zapiola, tuvo a su cargo la readecuación.

Se pidió a los oferentes que ratifiquen o no sus ofertas. Sólo quedó una en pie: Aguas Cordobesas. El 21 de abril, a casi tres años del inicio de la licitación, Mestre suscribió el contrato.

El acuerdo implicaba un canon de 9,92 millones de pesos anuales a la Provincia; otro de 0,019 peso por metro cúbico de agua cruda suministrada por la DAS; y un restante de 0,0077 peso por metro cúbico de agua transportada desde Los Molinos a Bouwer.

La empresa arrancó con un incentivo a los usuarios: bajó 8,2 % la tarifa. Preveía invertir 65 millones de dólares en dos años y 460 millones en todo el plazo de la concesión.

Lentamente, la empresa comenzó a revertir la mediocre prestación del servicio. Las primeras obras apuntaron a la planta potabilizadora Suquía, la refuncionalización de la planta Los Molinos (Bouwer), la estación elevadora sur y la etapa final del alimentador sur, además del reemplazo de cañerías.

Devaluación y después

La crisis de 2001 y 2002, que derivó en la devaluación, convirtió en letra muerta a todos los contratos de concesión de servicios públicos.

Las inversiones quedaron congeladas y Aguas dejó de pagar el canon. 2004 fue el año de la primera etapa de una renegociación plagada de fricciones. De la Sota llegó a amenazar con intervenir a la firma por tres meses y relicitar el servicio.

Al final, hubo una paz transitoria, ya que la cuestión de fondo no estaba resuelta: el nuevo régimen tarifario y la recomposición de la ecuación económica y financiera de la concesión.

A fines de 2005 asomó un nuevo contrato, que implicaba el primer ajuste de la tarifa después de la devaluación, la reprogramación para instalar medidores, la suspensión del canon hasta 2013 y una base libre de consumo de 10 metros cúbicos, entre otros aspectos.

Pero en 2006, los reclamos por los impactos en las boletas suspendieron la suba tarifaria. El replanteo derivó en una nueva negociación que se sacudió con las noticias del puerto.

La Nación estatizó Aguas Argentinas y el grupo Suez abandonó el país con una demanda ante el Ciadi (tribunal de arbitraje) del Banco Mundial.

Aquí, el nuevo diálogo con la empresa lo encabezó el entonces vicegobernador Juan Schiaretti. A fines de 2006 alumbró una addenda (modificación).

En lo central, se suspendió el pago del canon sin fecha para morigerar el impacto tarifario (igual, se acumulan por lo menos dos subas en un año) y se confirmó un subsidio de 9,6 millones de pesos por el desfase costos/tarifa.

La Provincia aportó además 12,6 millones para obras de mejora en 2007 y se aprobó un alza en las boletas de 12 % para 2008. El consumo libre pasó a 25 metros cúbicos por mes.

En forma paralela, la empresa se bajó del Ciadi y Roggio asumió el control accionario.

La instalación de medidores se retomó con un plan que arrancó por countries y barrios cerrados. En 2008, Aguas quedó habilitada para comenzar la facturación a los consumos medidos, con un cuadro específico cuando se supera la base libre.

Pero en 2010, el Gobierno autorizó a la empresa a aplicar un cargo de 18 % para financiar la instalación de medidores. Era por tres años, aunque se extendió por otros cinco.

El núcleo duro de la concesión, que en 1997 vivía al calor de las inversiones, ha quedado reducido a la faz operativa desde la renegociación.

No es poco para la situación que el servicio tenía 20 años atrás. Pero ahora, lo que quedó por hacer y lo nuevo salen del bolsillo de los usuarios.

29,4 porcentaje de aumento del agua en 2013

Tarifa. Durante el año pasado, Aguas Cordobesas acumuló un alza de 29,4 %. En enero empezó a regir otro ajuste, de 13,61 %.

154 empleados pasaron de la DAS a Aguas Cordobesas

Personal. Sólo 154 operarios pidieron el traspaso en 1997. Unos 600 estatales fueron redistribuidos en el ámbito provincial.

900 roturas tenía la red al momento de la privatización

Cobertura. El servicio sólo llegaba al 76,5 % de los habitantes de la ciudad de Córdoba en 1997. Hoy llega al 99 %.

OK. Fue drástica la reducción de los reclamos

Ersep. En 2002, las estadísticas reflejaban que el servicio de agua era el que más reclamos generaba. En 2012, fue el que reportó menos quejas.

No sólo falta agua

Hoy, el 80 % de los vecinos de Salsipuedes no recibe agua a través de la red. No es agua, entonces, lo único que falta. También faltan responsabilidad, planificación y obras de infraestructura.

Los lagos de Córdoba tienen, este enero, menos agua que la registrada durante el mismo mes de los años anteriores. Y como son la fuente principal, cuando no única, de provisión de agua potable, por cada día de este tórrido verano descienden entre dos y cinco centímetros.

Si bien se pronostican lluvias por encima de la media histórica para las próximas semanas y meses, de no cumplirse esta hipótesis se podría alcanzar el punto crítico muy pronto, ya que durante 2013 ha llovido, según las distintas zonas de la provincia, entre un 10 y un 30 % menos de lo habitual.

En este contexto, el dique La Quebrada, en las Sierras Chicas, se ha convertido una vez más en la postal que enciende las alarmas: ha alcanzado un nuevo récord negativo, ya que le faltan más de 14 metros para que el agua llegue a su vertedero.

Recordemos que ese embalse fue creado para llevar agua a Río Ceballos, Mendiolaza y Unquillo, localidades que multiplicaron su población en la última década, mientras el dique disminuía su capacidad de acopio. El resultado es que en la actualidad sólo puede proveer de agua a Río Ceballos, y con ciertas limitaciones.

A la par, la vecina Salsipuedes, que no cuenta con un río al cual construirle un dique, sufre el efecto combinado de dos procesos muy distintos: por un lado, sus capas de agua subterránea cada vez tienen menos líquido y algunos pozos directamente se han secado; por otro lado, el servicio de agua se basa en una red de distribución antiquísima, de modo que la falta de infraestructura denuncia aquí las históricas falencias de la gestión municipal, ya que el problema no es nuevo y se agrava verano tras verano.

Hoy, el 80 % de los vecinos de Salsipuedes no recibe agua a través de la red y son asistidos por camiones que, en el mejor de los casos, visitan cada casa una vez por semana.

Y el agua que llega en esos camiones proviene del dique La Quebrada, lo que termina de cerrar este círculo vicioso.

El municipio de Salsipuedes se defiende descargando en dos actores muy diferentes las responsabilidades: apunta a los vecinos que, dice, usan el agua de manera desaprensiva y no estarían dispuestos a modificar sus conductas, al mismo tiempo que advierte que las obras necesarias sólo se podrán encarar con una ayuda de la Provincia y/o la Nación, porque requieren de mucho dinero.

Ambas cosas pueden ser relativamente ciertas, pero también es cierto que el municipio convalidó durante la última década un fuerte aumento de la población sin poder garantizar un servicio tan esencial como el agua.

No es agua, entonces, lo único que falta. También faltan responsabilidad, planificación y obras de infraestructura.

Fuentes:

Daniel E. Alonso, 20 años después, el agua cordobesa sigue en conflicto, 19/01/14, La Voz del Interior.

No sólo falta agua, 19/01/14, La Voz del Interior.