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por Laura Rocha
Esta semana se cumplieron tres meses del acampe que Militantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Barrio Ituzaingó, vecinos autoconvocados y entidades sociales realizan desde el 18 de setiembre pasado en contra de la instalación de la secadora de semillas de maíz más grande del mundo en Malvinas Argentinas, Córdoba.
Ayer (por el 20/12/13) un grupo de manifestantes junto a un integrante de la organización Avaaz, que promueve el activismo global, presentaron 793.854 firmas obtenidas vía Internet al intendente, Daniel Arzani, para solicitarle una consulta popular sobre la radicación de la multinacional en esa jurisdicción.
Así lo señaló a la prensa el activista Gastón Mazzalay, quien dijo que un grupo de manifestantes cortó la ruta 19 y la avenida San Martín durante cerca de una hora, y de allí partió hacia la sede del municipio, donde el intendente, Arzani, lo recibió a él, a Sofía Gatica, de la asamblea, y a Oscar Soria, del sitio web Avaaz.
Según publicó La Voz del Interior, Arzani les respondió que no realizará una consulta popular porque en la ley provincial 7343 por la que el municipio se rige no se establece ese mecanismo de consulta. En cambio, sí está previsto por la Ley General de Ambiente 25.675, que es nacional.
Pero la escalada del conflicto hizo intervenir secretario de Ambiente de la provincia, Germán Pratto, quien señaló que evaluará con la comisión técnica los alcances y la pertinencia de la aplicación de la ley del ambiente para este caso.
Sobre el pedido de suspensión de la obra, respondió: “No es sencillo dar marcha atrás sobre una resolución ya tomada (en referencia a la autorización otorgada a Monsanto para construir)”. Sin embargo, dijo que lo evaluarán pero aclaró que para tomar una medida de ese tipo se requiere lograr el consenso y compromiso de todas las partes: los asambleístas, la empresa y el municipio de Malvinas.
Con respecto a cuándo estará terminada la evaluación de impacto ambiental, Pratto estimó que no será antes de marzo del año que viene. “Nos interesa que se realice un estudio de extrema rigurosidad, que sea insoslayable desde el punto de vista técnico”.
La planta es similar a la establecida en Rojas (Buenos Aires) y se construye en un predio de 27 hectáreas ubicado sobre la Ruta Provincial A-188, a unos 12 kilómetros de la capital cordobesa.
Si bien la Justicia cordobesa autorizó a que Monsanto lleve adelante la obra civil, estableció que la planta no podrá funcionar hasta que no haya un estudio de impacto ambiental, requisito que la multinacional anunció que cumplirá próximamente.
Caso Monsanto: desestiman denuncia contra autoridades municipales y provinciales
"Los actos que habilitaron el comienzo de las obras en la planta no contradicen ni implican una aplicación arbitraria de las leyes", sostiene la Justicia.
El Juzgado de Control en lo Penal Económico ordenó la desestimación y el archivo de la denuncia formulada contra autoridades del municipio de Malvinas Argentinas y funcionarios del Gobierno provincial por el dictado de las resoluciones que posibilitaron el inicio de las obras en la planta secadora de granos de la empresa Monsanto, ubicada en ruta provincial A88.
La resolución destaca que, en el caso, no se trata de analizar la correcta o incorrecta aplicación de la ley, ni de determinar la validez o invalidez que los mencionados actos pudieran tener, por ejemplo, por inobservancia o vicios de procedimiento administrativo en su proceso de formación, sino, de mensurar si dicha conducta constituye un delito por el que deba ser penalmente perseguido, publica el sitio de la Justicia provincial.
A quiénes alcanza
La decisión alcanza al intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y al Secretario de Catastro y Planeamiento del municipio, Rubén García Peyrano, quienes emitieron el certificado de “Prefactibilidad” para la instalación del emprendimiento, así como a los concejales José Antonio Blanco, Elsa Gladys Martínez, Emilio Ferrero, María Sandra Ferreyra, Ricardo Daniel Guzmán, Martha Inez Castro, quienes sancionaron la ordenanza que autoriza la realización de “Tareas Preliminares” para la obra de la planta secadora de granos.
La desestimación también beneficia al ex Secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Federico Bocco, que aprobó el “Aviso de proyecto” presentado por Monsanto, correspondiente a la Primera Etapa “Planta de acondicionamiento de semillas de maíz”; al ex ministro de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo; al ex ministro de Industria y Comercio, Jorge Lawson, y al ex ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Néstor Scalerandi.
Qué dice la resolución
La jueza Ana María Lucero Offredi sostuvo que la “prefactibilidad” fue otorgada por el Ejecutivo Municipal “en ejercicio de los actos de gobierno que le son propios, respetando lo dispuesto por el código urbanístico para la zona agro industrial, sin implicar permiso ambiental alguno”.
También señaló que la Ordenanza N° 808, emitida por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, expresamente dispone que el otorgamiento del permiso de construcción de obra y factibilidad definitiva se encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos impuestos por la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Planeamiento y Catastro de la Municipalidad.
“Se advierte así, claramente, que dicho acto legislativo en nada contraviene ni soslaya la normativa ambiental nacional, ni provincial”, expresa el fallo.
La magistrada agregó que “los actos funcionales cuestionados se encuentran dentro de la competencia de los órganos que los emitieron”.
También esgrimió que el régimen normativo provincial no se “opone” a los presupuestos mínimos de la normativa nacional, puesto que prevé que, antes de la puesta en marcha de la planta, se presente un estudio de impacto ambiental.
En tal sentido, la jueza remarcó que, si bien la Nación tiene la potestad de dictar leyes que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, las provincias conservan su atribución de “regular el trámite necesario para la obtención de la licencia ambiental de un emprendimiento”.
En relación con el ex secretario de Ambiente de la Provincia, la sentencia aseguró que, “lejos de vulnerar o desconocer la finalidad de la normativa, por el contrario, se ajustó a ella y ha cumplido con todo y cada uno de los pasos requeridos por la ley, obrando por consiguiente conforme a derecho”. En tal sentido, insistió en que el aviso de proyecto de la empresa está sujeto a la condición de que, previo al inicio de la etapa operativa, se presente el estudio de impacto ambiental, respetando acabadamente la reglamentación de la ley (Decreto Reglamentario n° 2131/00, especialmente los arts. 1, 5, 31 y el Anexo II de dicho reglamento).
Documentos para descargar
Fuentes:
Laura Rocha, Reclaman un referéndum por Monsanto en Córdoba, 21/12/13, Ecológico lanación.com Blogs.
Caso Monsanto: desestiman denuncia contra autoridades municipales y provinciales, 23/12/13, La Voz del Interior. Consultado 23/12/13.
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