Una investigación de la AGN dice que el ente tiene atribuciones que no
puede cumplir. Se fumigan cultivos transgénicos sobre 22 millones de hectáreas
de 12 provincias. Las tareas de promoción de la salud para las 12 millones de
personas afectadas no avanzan desde 2010.
Fue tal la magnitud de los hallazgos, que los miembros de la Auditoría General
de la Nación
(AGN) calificaron su propia investigación sobre el uso de agroquímicos en el
país como un “informe lapidario”.
Según este trabajo, se fumigan en la Argentina unas 22
millones de hectáreas de cultivos transgénicos y el encargado de chequear cómo
se aplican los agrotóxicos es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA).
Pero resulta que el organismo en cuestión tiene
“atribuciones que no puede cumplir adecuadamente”, dice la Auditoría. Esto
genera que la actuación del SENASA sea “deficiente”, y no justamente por falta
de normas, sino por no acatar las reglas ya existentes.
Entre las limitaciones a la labor del SENASA, se destaca lo
que la AGN llama
“anarquía legislativa”. Es que aquellas 22 millones de hectáreas de cultivos
transgénicos abarcan 12 provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre
Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, La Pampa y Corrientes. Esta
“disparidad de jurisdicciones” que deben intervenir en el control (nación,
provincias, municipalidades), generó que los técnicos hayan dejado explícita
una pregunta en su investigación: “¿Cómo se hace con la aplicabilidad de normas
cuando cada municipio tiene su propio sistema respecto de la prohibición o no
de fumigar?”.
Siguiendo con la normativa, hay una disposición del año 1964
en la que se establece que “toda persona física o ideal que se dedica a
realizar trabajos de lucha contra las plagas deberá inscribirse en el
Registro”. Se trata, llevado a estos días, del Registro de Empresas Aplicadoras
de Agroquímicos Terrestres y Aéreas.
Sobre este punto, la Auditoría señaló que “el registro es incompleto y
parcial”, porque más allá de que la inscripción sea obligatoria, “en la
práctica, opera como voluntaria”.
Añade la AGN
que “no hay una base de datos integrada, completa y sistematizada” que contenga
la información de todas las empresas registradas, y que el SENASA “sólo cuenta
con tres listados separados y con diseños diferentes”.
Para completar el cuadro, las empresas no cumplen con todos
los requisitos legales exigidos para la inscripción en el Registro, “tampoco
existe una notificación de la
Administración requiriendo su cumplimiento”, y ni siquiera se
aplican sanciones a las firmas “incumplidoras”, explican los auditores.
Aquí, la “ausencia de coordinación” entre las jurisdicciones
vuelve a aparecer como una limitación del SENASA. Es que en el informe se
observa que no hay un control cruzado entre el registro nacional de empresas
que aplican agrotóxicos, y los listados elaborados en las provincias.
Prevención de la salud
Por otra parte, la Auditoría también cuenta que en 2009 se creó por
decreto un organismo llamado Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos
(CNIA), para que funcionara bajo la órbita del Ministerio de Salud.
El área tenía el objetivo de investigar, prevenir y brindar
asistencia y tratamiento a las personas expuestas al uso de sustancias
agroquímicas, con el propósito de promover la salud pública.
Pero según la
AGN , “no se tiene evidencia de avances en las tareas de esta
Comisión posteriores al año 2010” .
Paralelamente, una Dirección del SENASA, la de Agroquímicos,
Productos Veterinarios y Alimentos, participó junto a la CNIA en la coordinación de
tres grupos de trabajo.
El primero, llamado “GT 1” , dedicado a la investigación y desarrollo
del conocimiento, realizó un informe sobre el glifosato en julio de 2009, pero
desde entonces no hay constancias de otras tareas o reuniones.
El “GT 2” ,
por su parte, había elaborado un “programa federal para el fortalecimiento de
los sistemas locales de control de plaguicidas”. A pesar de su título
ambicioso, el plan nunca fue puesto en marcha.
Y el tercer grupo, el “GT 6” , sí había comenzado a aplicar un plan de
“capacitación en el uso responsable de agroquímicos -CURA-”, pero el último
registro que se tiene sobre el avance de la tarea data de octubre de 2010.
“La continuidad del trabajo de la CNIA permitiría al Estado
contar con datos y análisis específicos de las realidades locales para actuar
preventivamente”, concluye la
Auditoría , y añade que, si así fuera, la Nación podría tener “su
propia producción científica y no depender de la información presentada por
partes interesadas”.
Esta investigación de la AGN , aprobada sobre el cierre del año pasado,
surgió como consecuencia del mecanismo de “planificación participativa”. Fue
cuando el ente de control convocó durante 2011 a organizaciones
civiles para escuchar sus propuestas sobre las temáticas que podían ser
investigadas.
La magnitud del tema es explicada en el mismo informe: “La
contaminación por agroquímicos termina siendo una intoxicación silenciosa
porque la exposición repetida y a largo plazo -es decir toxicidad crónica- produce daños y/o muerte; de esta manera, se naturaliza una enfermedad de la
que todos hablan”.
El carácter “lapidario” del informe también se explica en el
hecho de que el SENASA “no pudo refutar las observaciones” de la AGN.
Fuente:
Agrotóxicos y un informe “lapidario”: el SENASA, entre la labor deficiente y la anarquía legislativa, 27/02/13, el Auditor.info.
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