Talados: entrevista a Facundo Fernández, técnico removido de la Secretaría de Ambiente por controlar desmontes

Trabajó durante 10 años formándose para conservar el bosque nativo. “Pero pudieron más las presiones políticas”, asegura este biólogo que se encargó, junto a un equipo técnico, de cartografiar la provincia para establecer las áreas de conservación que ordenaba la Ley Nacional de Bosques. Acusa a grupos ruralistas y a intereses de grupos de poder.

por Guillermo Posada

Facundo Fernández espera a Veintitrés frente a la entrada de la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia. La siesta no se nota sobre la avenida Richieri y pareciera que los autos están especialmente ruidosos. Pero es más el ruido dentro del organismo encargado de aplicar las políticas ambientales en Córdoba.

Facundo tiene una remera roja con una inscripción que reza: Jorge Amado. El autor de ‘Sudor’ bien podría haberse inspirado en esta tórrida tarde cordobesa, antes que las lluvias de octubre anegaran la ciudad.

“Ya no quiero volver. Estuve 10 años trabajando en la Secretaria de Medio Ambiente, en situación de absoluta precariedad laboral, formándome como personal idóneo y haciendo mi carrera mientras desarrollamos, con mis compañeros, las herramientas técnicas para conservar el bosque nativo. Pero pudieron más las presiones políticas”, dijo el biólogo que cartografió la provincia para establecer las áreas de conservación que ordenaba la Ley Nacional de Bosques.

Su cabeza rodó junto a inspectores, técnicos y administrativos por pedido del abogado de Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) y de la Sociedad Rural de Jesús María, Raúl Carranza, porque era demasiado estricto en sus peritajes de las infracciones que levantaba la Secretaria en los campos de la provincia, donde la tala ilegal sigue siendo pan de cada día.

“Hace cuatro años quedaba menos del 5 % del bosque nativo y en un estado calamitoso. Pero incluso así, las organizaciones rurales no quieren que hagamos nuestro trabajo. Se quejaron por multas de 300 mil pesos que, según ellos, no deben superar los 1000”, explica Fernández.

Carranza envió una nota al secretario de Medio Ambiente, Luis Federico Bocco, un abogado de pasado rugbier, para reclamar por una presunta arbitrariedad de la Dirección de Control y Gestión Ambiental, “conformando montos de multas exorbitantes, que en la mayoría de los casos implican una extorsión en el ánimo del productor y, más aun, del sector”.

El abogado se encargó de resaltar en la misiva su vínculo con el sector productivo agrícola ganadero. “Con la sanción de la denominada Ley Bonasso fui prestando asesoramiento a las cuatro (sociedades) rurales del norte de Córdoba (…) para luego ser contratado por CARTEZ para realizar el proyecto alternativo (…) pues el que se estaba gestando en la Secretaría se hacía de manera irregular en la denominada y ya por suerte disuelta Comisión de ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN)”. Allí señaló a Fernández como un empleado relacionado con la comisión, situación que a criterio de los ruralistas lo impugnaba para desarrollar su trabajo.

La nota ingresó el 28 de mayo pasado, con nº ACASE01-275410053-012. Un mes después Fernández y otros 19 empleados fueron despedidos. “En Ambiente no hay personal jerárquico competente. Estos 10 años vi a contadores y abogados dirigiendo el organismo, ex intendentes, punteros, todos sin vocación de servicio. Utilizaron la caja de la Secretaría para hacer campañas políticas. Ahora la tienen confiscada en el Ministerio de Agua pero antes, y cuando era agencia más aun, manejaban el presupuesto como querían”, señala Fernández.

El biólogo ingresó a la Dirección de Control para dar soporte técnico a los inspectores que controlan los desmontes. “Hicimos un trabajo de precisión porque a los inspectores de campo los mandan sin GPS, sin viáticos, sin vehículos en condiciones. Por eso muchas actas de infracciones por desmontes no autorizados venían viciadas. Yo me encargué de controlar con mapas satelitales y las herramientas técnicas adecuadas cuáles eran las dimensiones reales de los desmontes para poder multar correctamente. En general las actas venían con errores porque calculan a ojo y entonces dan dimensiones más chicas, aunque algunas eran también mayores de lo real, y eso lo aprovechaban los abogados de la sociedad rural para entorpecer los controles”, explica.

Y agrega: “se ve que pisamos puntos relacionados con autoridades como Carranza. Con los informes periciales ya no les resultaba tan fácil voltear los expedientes y por eso empezaron a presionar sobre mi trabajo”.

Su caso es una expresión de cómo las corporaciones presionan sobre la burocracia del Estado para ganar favores que les permitan actuar al margen de la normativa vigente, aun cuando la ley de bosques provincial está impugnada por universidades, organizaciones sociales y grupos ambientalistas, al punto que la Corte Suprema estaría por expedirse sobre la inconstitucionalidad de la ley, aprobada durante la gestión de Juan Schiaretti con gran escándalo en la Legislatura, a partir de una presentación judicial realizada por la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Precariedad. Si bien Fernández trabajó en la Secretaría durante 10 años, Bocco ordenó su desafectación porque el trabajador estuvo durante todo este tiempo en condiciones de precarización laboral que le impidió acogerse al principio de estabilidad del empleado público, como lo establece la Constitución Nacional en el artículo 14 BIS.

“Estuve tres años como pasante; después un año y medio trabajando directamente en negro, sin recibo ni nada. Cuando resolvieron blanquearme me ordenaron sacar un monotributo, a pesar que esa figura corresponde a los proveedores del Estado, no a empleados”, describe. El fraude laboral llegó al punto que desde la administración le exigían que las facturas que presentaba estuvieran discontinuadas en el número de serie, para que no pudiera demostrar la continuidad laboral.

“Recién en el 2007, mientras hacíamos la cartografía de la provincia que ordenó la Secretaría, logré que me pagaran un sueldo a través de un contrato”. Esta situación de precariedad no sólo sirve al gobierno para evadir aportes previsionales y la obra social, sino también para tener en ascuas a los empleados, sometidos a los humores del funcionario de turno, que resuelve quién continúa trabajando y quién no.

“Con cada nuevo secretario que llegaba, lo habitual era que desplazaran a los precarizados para nombrar ‘tropa’ propia. La Secretaria siempre ha estado en manos de representantes políticos justicialistas de San Justo, de Villa María o Río Cuarto, regiones con fuerte impronta sojera”, enmarca el biólogo. Así el gobierno provincial da un mensaje político sobre cuál es la línea de gestión.

Ley de bosques. Creada por resolución de la Secretaría de Ambiente de la provincia tal como lo ordenaba la ley marco nacional, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN) constituyó uno de los hitos organizativos más altos de la sociedad civil cordobesa en su intento por limitar el estropicio ambiental que ha significado el avance anárquico y arrollador de la frontera agrícola-ganadera en la provincia.

No es casual que haya asumido un rol determinante en el debate público sobre la ley de bosques ya que es una problemática aun menoscabada por el gobierno y el bloque mediático hegemónico local,  que está muy presente en Córdoba.

“Cuando sale la ley nacional de presupuestos mínimos para conservación del bosque nativo 26331, en 2007, la Secretaría tenía que informar a la Nación cuanto bosque le quedaba, cartografiarlo según las categorías que establece la norma desde las zonas de mayor conservación a las de menor. Así Córdoba podría acceder a los fondos previstos por ley para las provincias. Por eso nos pidieron que hagamos ese relevamiento, que debía precisar la cantidad de bosque nativo que queda, cuál era su estado y que marcáramos la zonificación en base a los criterios que fija la ley nacional, en cuanto a categorías de conservación: rojas, amarillas y verdes”, recuerda Fernández.

En ese marco, se creó una unidad ejecutora para encarar el trabajo. Cuando surgió el conflicto del decreto 125 los funcionarios de más alta jerarquía del Ministerio de Agricultura como el ministro Carlos Gutierrez, el secretario de Agricultura, Héctor Fontán, y el de Ganadería, Daniel Carignano, analizaron los resultados previos de los estudios que se habían realizado.

“Nos llamaron Fontan y Carignano para decirnos que no podía quedar como lo habíamos hecho porque Schiaretti tenía el proyecto de llevar la ganadería al arco noroeste de Córdoba. Me acuerdo que le dijimos que como técnicos no lo íbamos a modificar porque el informe llevaba nuestra firma, que si el gobierno de Córdoba no estaba de acuerdo debían ser ellos quienes tomen la decisión política de meter mano en el trabajo. Querían que modificáramos para que no haya tantas áreas en rojo, las de mayor conservación, que cambiáramos los criterios de clasificación para poder hacer desmonte selectivo, sosteniendo que era una medida de producción sustentable”, sostiene.

- ¿Qué criterios utilizaron desde el equipo técnico?

- A los criterios mínimos de la Nación sumamos otros, atento a las particularidades geográficas de Córdoba. Por ejemplo, la ley nacional decía que había que conservar los manchones de hasta 1000 hectáreas pero acá no los hay. Propusimos que se recuperen sectores del mapa, marcados en amarillo, para que los espacios de conservación no estén tan fragmentados, ya que para la flora y fauna es inviable que funcione el ecosistema como isla, rodeados de mares de soja o de desertificación, porque impide el flujo génico (la posibilidad que individuos de una población de flora o fauna se apareen con otra población en áreas distantes entre sí para que fluya la transmisión de genes en la reproducción). Agregamos varias de esas ideas para recuperar corredores de flora y fauna, con zonas de recuperación donde había zonas de desertificación en suelos salinizados, secos, donde la erosión hídrica y eólica es grave. Por eso aparecen las cárcavas en distintos zonas de la provincia.

- ¿Cómo fue el proceso?

- Se realizó el relevamiento satelital, con sobrevuelos sobre las masas forestales; recorrimos toda la provincia en avión. Fue un trabajo de campo que nos llevó dos años. Constatamos el estado de los suelos, las áreas degradadas, todos los criterios importantes para hacer políticas de conservación y dividimos a Córdoba en tres áreas: bosque cerrado (en mejor estado de conservación), bosque intermedio y arbustal pastizal. Ese mapa de cobertura que hicimos reconocía el estado calamitoso del bosque nativos, alertaba sobre los riesgos de desertificación.

- ¿Esos criterios chocaron con la idea que tenía el gobierno provincial sobre la conservación del bosque?

- Sí, pero nos plantamos y no lo modificamos. Igual el gobierno, finalmente, resolvió el tema cambiando los criterios de las zonas marcadas y en el sector rojo permitieron el desmonte selectivo cuando está totalmente prohibido en la ley Bonasso, por eso el pedido de inconstitucionalidad.  Ninguna otra provincia presentó una ley tan distante del espíritu de la ley nacional. Desde el punto de vista técnico es una aberración.

Una Secretaría vaciada

por Gustavo Peyroti

El proceso de discusión de la ley de bosques de la Provincia de Córdoba representó no solo un hito en participación popular y la discusión de la problemática ambiental en la provincia de Córdoba. A su vez representó la ligadura entre modelo de desarrollo y modelo de Estado, en donde las corporaciones rurales de la mesa de enlace de Córdoba ejercieron presión para que el proyecto presentado por la COTBN (Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativo) fuera rechazado por el Ejecutivo y Legislativo provincial (Unión por Córdoba y UCR juntos).

La COTBN fue integrada por las Universidades Nacionales de  Córdoba, Rio Cuarto, Villa María, Parques Nacionales, Movimiento Campesino, FUNAM, CEDHA, y un sinnúmero de organizaciones sociales y vecinales y también la Secretaría de Ambiente de Córdoba. Esta comisión fue la encargada de redactar la Ley de Bosques tal cual lo dictaba la Ley Nacional de Bosques o Ley Bonasso, que obligaba a cada provincia a realizar un ordenamiento de sus bosques nativos. Desde un primer momento la Mesa de Enlace cuestionó la conformación de esta comisión, cuestionamiento que se prolongó hasta la sanción de una ley a medida de las corporaciones rurales, desechando el proyecto de la COTBN en donde participaron más dos mil personas entre talleres, reuniones científicas y audiencias públicas.

Como dice Daniel García Delgado, cada modelo de desarrollo precisa de un modelo de Estado. En el proceso de la ley de Bosques de Córdoba sucedió que, a medida que avanzaban los espacios de participación para su construcción, se cuestionaba el modelo de desarrollo en la Provincia de Córdoba, tanto el inmobiliario como el agropecuario. Un modelo que produjo la tasa de deforestación más alta del mundo y una pérdida de biodiversidad gravísima, como así también expulsiones de familias campesinas de sus territorios. Para que esto ocurriera era necesario ordenar administrativamente y técnicamente el Estado Provincial en general y en particular la Secretaría de Ambiente.

Los compañeros que fueron cesanteados o mejor dicho despedidos son los que venían cuestionando desde adentro el rol del Estado en ese modelo de desarrollo, muchos de ellos han sido estrechos colaboradores técnicos en el proyecto de la COTBN, aportando datos, mapas e investigaciones y no hicieron más que cumplir con la obligación del funcionario público.

Asimismo otros de ellos son quienes se encargaban, vía la generación de mapas satelitales, de ubicar los desmontes ilegales o “legales” (pues obtenían el permiso verbal de algún funcionario jerárquico de Ambiente provincial).  Hoy la Secretaría ya casi no tiene personal  de inspectoría ya que nueve de los de los despedidos realizaban controles referidos a delitos ambientales. Esta desarticulación también se observa en la Dirección de Áreas Naturales donde la mayoría de las reservas y parques provinciales carecen de personal y presupuesto adecuado para su gestión. La consolidación de estas áreas es fundamental para la protección de los bosques nativos. La desarticulación y desguase que ha sufrido este organismo no es sólo producto de esta gestión. Tanto el gobierno de Schiaretti como el de De la Sota la limitaron a un  rol residual y legitimador de un modelo extractivista que ha devastado ambientalmente a Córdoba. Por lo tanto estos despidos son parte de ese modelo que precisa de funcionarios y legisladores cómplices y no de trabajadores y trabajadoras que lo  cuestionen técnicamente y políticamente.

Gustavo Peyroti fue miembro de la COTBN e integrante de ATE-Parques Nacionales

Fuente:

Guillermo Posada, Talados Córdoba. Entrevista a Facundo Fernández,técnico removido de la secretaría de medio ambiente por controlar desmontes, 17/10/12, Revista Veintitres. Consultado 17/10/12.