Expectativas ante un nuevo juicio por aplicación de agroquímicos en Córdoba

Se trata de un hecho ocurrido en 2008, cuando un productor habría aplicado un insecticida en la localidad de Colonia Tirolesa a 20 metros de viviendas, violando la normativa vigente y afectando la salud de un grupo de vecinos.

Una nueva causa por fumigaciones ilegales fue elevada a juicio en la provincia de Córdoba. Se trata de un hecho ocurrido en 2008 en la localidad de Colonia Tirolesa, donde el productor Nestor Conci habría aplicado un insecticida peligroso para la salud a sólo 20 metros de una zona poblada. La Fiscal Eve Flores de Aiuto imputó a Conci por el delito de contaminación ambiental, con criterios similares a los aplicados al productor y el piloto condenados en el juicio de barrio Ituzaingó.

La causa se refiere a un hecho ocurrido en Colonia Tirolesa, en una zona ubicada a 25 km de la ciudad de Córdoba, el 5 de noviembre de 2008, ocho meses después de que se concretaran las fumigaciones en Ituzaingó.

Según denunció un grupo de vecinos, en aquella ocasión el productor Nestor Conci realizó fumigaciones en un lote sembrado con papa con el producto Engeo, el cual habría sido aplicado con un equipo terrestre de arrastre. Dicho insecticida está clasificado como categoría 2 por el Senasa, es decir, moderadamente peligroso para la salud.

El campo en cuestión se ubica a sólo 20 metros de una zona poblada por familias de la localidad, por lo que la fumigación habría violado el retiro de 500 metros establecido por la Ley provincial de Agroquímicos.

Según la acusación, la fumigación en Colonia Tirolesa se extendió desde la mañana hasta las 18 hs, con una temperatura de 26,5º y la presencia de fuertes vientos, superiores a los 5 km/h aceptables para cualquier aplicación de agroquímicos.

Alrededor de las 22 hs comenzaron a presentarse en el dispensario municipal del pueblo un grupo de moradores, presentando síntomas de intoxicación por agroquímicos, por lo que el médico Pablo Compañy, a cargo del dispensario, decidió derivar urgentemente a un grupo de menores y de adultos mayores a hospitales de la ciudad de Córdoba.

Más de 30 personas habrían sufrido consecuencias en su salud en esta oportunidad, con síntomas de irritación, hipertensión, visión borrosa y mareos.

La espera

Luego de recoger pruebas documentales, testimonios, pericias químicas y aportes de expertos, la Fiscal de Instrucción doctora Eve Flores de Aiuto solicito la elevación a juicio oral y público de la causa, imputando a Nestor Conci, el delito de “Contaminación de atmosfera de modo peligroso para la salud de las personas”, en base al artículo 55 de la Ley 24051.

Desde noviembre de 2011, la causa se encuentra en la Cámara en lo Criminal de 6º Nominación y según el abogado de las Madres de Ituzaingó Dario Ávila, se estima que el juicio comenzará antes de fin de año.

“Me parece que este es un fuerte espaldarazo a lo que se acaba de resolver con el caso de Ituzaingó”, expresó Ávila al respecto. Y en base a las características de la denuncia, los testimonios de los vecinos afectados y la contundencia de las pruebas reunidas consideró que existen posibilidades de un fallo condenatorio.

Juicio de barrio Ituzaingó “Esto va a desencadenar una oleada de denuncias en todo el país”

por Lucía Maina

Así lo indicó el médico Merardo Ávila, quien junto a los dos abogados de la querella, consideró que el reciente fallo contra un productor y un aeroaplicador constituye un importante antecedente judicial

Más allá de la disconformidad que generó la sentencia difundida el martes pasado en las Madres del barrio Ituzaingó por la ausencia de una condena efectiva, el médico Merardo Ávila Vázquez, denunciante en la causa, y los abogados de la querrella sostuvieron que el juicio realizado en la ciudad de Córdoba sienta un precedente fundamental que tendrá repercusiones en otros barrios y localidades que padecen fumigaciones cercanas a viviendas.

Además, el abogado de las Madres de Ituzaingó, Darío Ávila, indicó que el fallo dictado por la Cámara 1ª del Crimen de la ciudad de Córdoba es importante para llevar adelante la denominada “causa madre”, que juzgará específicamente si las enfermedades sufridas por los vecinos del barrio cordobés fueron causadas por los elementos contaminantes que había en el lugar.

“Creemos que hemos dado un gran paso y estamos muy contentos. Esto va a desencadenar una oleada de denuncias en todo el país. Los directores de las escuelas, los maestros van a poder denunciar que les están fumigando a los chicos de su escuela y la policía y los fiscales de todo el país van a tener que actuar”, expresó Ávila Vázquez, querellante en la primera causa por fumigaciones ilegales del país e integrante de la red Médicos de Pueblos Fumigados.

Según información difundida por dicha organización, la creciente aplicación de agroquímicos afecta a alrededor de 12 millones de personas en el país, un panorama que permite estimar la gran cantidad de presentaciones judiciales que podrían dispararse a raíz del fallo difundido en los últimos días.

Fumigar como delito

Aunque el productor Francisco Parra y el piloto Edgardo Pancello no irán a la cárcel, la condena de tres años de prisión condicional que el Tribunal dictó para ambos acusados es un hecho sin precedentes en Argentina.

“Mas allá de las críticas respecto a la pena aplicada, lo más positivo es que en definitiva el Tribunal concluye que las fumigaciones en determinadas condiciones son un ilícito y permite seguir con otras causas. Hay muchas causas y denuncias presentadas. Las propia madres habían presentado más de 96 querellas penales”, explicó al respecto el letrado Darío Ávila.

El abogado Miguel Martínez, representante del querellante Merardo Ávila durante la causa, también aseguró que la sentencia por el caso de Ituzaingó Anexo generará la apertura de nuevos juicios por fumigaciones. Y explicó: “Ahora la gente ya no va a ir a hacer una denuncia a la Municipalidad, va a hacer una denuncia en los juzgados y los Juzgados de Instrucción, con este antecedente, van a tener que instruir la causa. Después ya verá cada juez, porque cada hecho es distinto, si tendrá que imponer una pena privativa de la libertad”.

A su vez, desde el Colectivo Paren de Fumigar consideraron que lo ocurrido en los Tribunales II de la capital provincial “sienta un precedente para el resto de los pueblos”. Virginia Azzara, integrante de la organización, afirmó: “Este es un primer paso, sabíamos que como primer juicio a las fumigaciones el resultado no iba a ser ideal, no hay un conocimiento de la Justicia sobre este tipo de casos, ni de las leyes que nos podrían llegar a ayudar, es un aprendizaje de la ciudadanía y de la Justicia. Se ha abierto una puerta”.

Causa Madre

Además de los procesos judiciales que puedan iniciarse en otros barrios y localidades, las vecinas de Ituzaingó aún esperan que se inicie el juicio por la denominada “causa madre”, impulsada a través de una denuncia que hizo en 2002 el biólogo presidente de Funam Raúl Montenegro.

A diferencia del juicio que acaba de culminar, en el que sólo se juzgó a los productores y al piloto por el delito de contaminación ambiental, la causa madre busca relacionar las enfermedades y muertes ocurridas en el barrio cordobés con la aplicación de plaguicidas, y también con PCBs, metales pesados y arsénico, otros contaminantes presentes en el lugar.

En la causa iniciada por Montenegro también se encuentran acusados los productores Francisco Parra y Jorge Gabrielli. En mayo de este año, a raíz de la denuncia de Funam, el fiscal Carlos Matheu imputó a ambos productores por contaminación dolosa por la aplicación de plaguicidas en Ituzaingó Anexo. En este caso, las penas varían de 3 a 10 años de prisión y 10 a 25 años si se prueba que la contaminación produjo muertes.

Según informó Montenegro, en este caso el objetivo es establecer “también la responsabilidad de funcionarios públicos, tanto en lo que hace al control del uso de plaguicidas como al control de los otros contaminantes que actuaban en el barrio”.

El fiscal Matheu ya habría convocado a distintas universidades para realizar las pruebas científicas necesarias en la causa, por lo que se estima que el juicio podría comenzar en alrededor de seis meses.

Fresneda: “Los funcionarios tienen que dar respuesta en la medida que exista un marco normativo”

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, también se hizo presente en el primer juicio por fumigaciones ilegales a raíz del pedido explícito de las Madres de Ituzaingó y del médico Merardo Ávila.

El funcionario nacional consideró que éste fue un juicio con valor político porque “provoca que la sociedad en general asuma este tipo de problemáticas y también busque y exija una determinada respuesta”.

Además, consideró que la sentencia “es un límite que el Estado le está poniendo a determinados sectores privados que no pueden avasallar los derechos de un colectivo”.

Respecto de los crecientes reclamos de la población por las consecuencias ambientales y sanitarias de la mega minería y el monocultivo de soja en el país, Fresneda expresó: “Desde el gobierno nacional jamás vamos a permitir ni consentir que se afecte la salud pública, dejando de lado todos los derechos que hacen a la comunidad por una actividad en particular y mucho menos cuando se trata de una actividad privada. En consecuencia para nosotros es muy importante que la sociedad se organice, reclame por sus derechos y el Estado tiene actuar”.

De cualquier manera, aclaró: “Los funcionarios tienen que dar respuesta en la medida que exista un marco normativo que así lo determinen, o sino hay que diseñarlo”.

En cuanto al reclamo por una ley nacional de agroquímicos y el rechazo expresado por distintos sectores ante la instalación de Monsanto en Argentina, el funcionario afirmó:

“Es un debate que la sociedad tiene que dar y lo tiene que dar a través de sus representantes”, dijo. Pero añadió: “No soy quién para poder posicionar en este momento al Estado nacional y a la Presidenta”.

Un caso que podría impactar en leyes nacionales y provinciales

Tanto los abogados querellantes del juicio de barrio Ituzaingó Anexo como las organizaciones sociales y ambientales que estuvieron apoyando a las vecinas consideraron que este precedente judicial puede impulsar modificaciones en leyes nacionales y provinciales.

De hecho, durante los alegatos del juicio celebrado en Córdoba el fiscal Carlos Matheu había pedido que se recomiende al Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba modificar la Ley de Agroquímicos para prohibir las fumigaciones aéreas e impedir la aplicación terrestre de agroquímicos a menos de 1000 metros de zonas pobladas y cursos de agua.

Incluso, la Fiscalía consideró necesaria la sanción de una Ley Nacional de Agroquímicos y pidió que el Senasa reclasifique los productos toxicológicos.

“Muy probablemente en la sentencia haya una recomendación para que se sancionen este tipo de leyes en la Provincia y la Nación”, dijo el abogado Miguel Martínez en relación a los fundamentos del fallo que la Cámara dará a conocer el próximo 4 de septiembre.

Y agregó: “Creo que esto que era un pedido de los Médicos de Pueblos Fumigados ya deja de ser de una organización sino que es un pedido hecho por el Ministerio Público y la Cámara ha dicho que lo va a incluir en la sentencia”.

Al respecto, el abogado Dario Ávila sostuvo: “Evidentemente los gobiernos provinciales, que son los que regulan en productos agroquímicos, van a tener que adoptar alguna decisión y una política de modificación de estas leyes porque ha quedado demostrado en el juicio que esto de permitir fumigar con productos supuestamente menos peligrosos cerca de la población no se puede seguir permitiendo”.

Además, Ávila destacó que durante el juicio del barrio Ituzaingó se demostró que la temperatura y la deriva por vientos vuelven incontrolable la fumigación y se evidenció el modo en que esta actividad está afectando la salud de los pobladores.

En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien también se hizo presente en Tribunales II de Córdoba, expresó que el proceso protagonizado por los vecinos de Ituzaingó provocará que “representantes de la sociedad empiecen a diseñar mejores legislaciones para poder regular mejor estas circunstancias o al menos aplicar un criterio mucho más restrictivo en lo que hace a la determinación de responsabilidad”.

Fuentes:

Expectativas ante un nuevo juicio por aplicación de agroquímicos en Córdoba, 26/08/12, El Puntal de Río Cuarto.

“Esto va a desencadenar una oleada de denuncias en todo el país”, por Lucía Maina, 26/08/12, El Puntal de Río Cuarto.

Fresneda: “Los funcionarios tienen que dar respuesta en la medida que exista un marco normativo”, 26/08/12, El Puntal de Río Cuarto.

Un caso que podría impactar en leyes nacionales y provinciales, 26/08/12, El Puntal de Río Cuarto.