Derechos humanos indígenas: el estado de las cosas, y las cosas del Estado

Tal vez se trate de un mapa. No un mapa estrictamente geográfico, sino un GPS conceptual para orientarse sobre lo que ocurre en los territorios de los que casi nadie habla, al menos en la política mediática. El informe anual del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) en su edición 2012 trata sobre la situación indígena, la violación al derecho a las tierras, la criminalización de quienes intentan defender sus derechos, y la incidencia del modelo extractivo en las comunidades de Neuquén, Río Negro y Chubut. Así como analiza casos emblemáticos de la vulneración de derechos, y la falta de cumplimiento de la legislación vigente por parte del Estado, describe los logros de la organización comunitaria frente a diversas situaciones que involucran al Pueblo Mapuche y al Mapuche- Tehuelche.

Modelo para armar

El informe de 66 páginas (para verlo clic aquí), plantea: “Identificamos como de emergencia la situación territorial en la que se encuentran las comunidades mapuce y mapuche-tehuelche en la norpatagonia. La violación sistemática del Estado al derecho a las tierras, territorios y recursos del Pueblo Mapuche y Pueblo Mapuche- Tehuelche funciona a su vez como la gran causa que origina otra multiplicidad de violaciones”.

Trabajaron nueve especialistas en derecho indígena, que describen el avance sobre territorios originarios con la complicidad del Estado con el “modelo económico basado en la explotación irracional y la entrega de los recursos naturales, donde las prioridades de desarrollo se deciden a puertas cerradas y se imponen verticalmente sin la consulta ni la participación de los pueblos afectados”.

Las  piezas de ese modelo para armar: “Modelo extractivo (minería, hidrocarburos, soja), la concentración de la tierra y la producción, los desalojos y la violencia judicial y policial”.

La ley y el desorden

El informe explica que la intensificación de políticas y acciones privadas y estatales generan conflictos en los territorios indígenas, pese al ordenamiento jurídico que protege los derechos territoriales de los pueblos. Intervinieron en el trabajo los doctores Micaela Gomiz, Laura Zannoni, Eduardo Hualpa, Sonia Ivanoff, Elena Picasso, Fernando Kosovsky y Gustavo Macayo.

En el caso de Neuquén, Micaela Gomiz recuerda que han pasado cinco años desde la reforma de la Constitución provincial (que reconoce los derechos indígenas) y denuncia que “no sólo no se ha avanzado en materia de reconocimiento efectivo en la aplicación de políticas públicas, sino que el accionar estatal viene generando situaciones de violación concreta de los derechos humanos de los pueblos indígenas”. Las leyes escritas poco tienen que ver con las trampas de la realidad.

Gomiz asegura que los derechos del Pueblo Mapuche son “violados sistemáticamente por el Estado neuquino” y lo acusa de haber asumido “conscientemente una política de negación de las comunidades indígenas, mediante la vulneración de sus derechos territoriales, la imposición de modelos de desarrollo inconsultos y ajenos a la cosmovisión indígena, la promoción y la estigmatización de las organizaciones indígenas como ‘usurpadoras’”.

Otro dato: la creciente criminalización de los dirigentes indígenas. Ejemplifica, como caso testigo, con la situación de la comunidad Paichil Antriao, de Villa la Angostura, que habita el lugar desde 1902 y que sufrió (y sufre) distintas usurpaciones territoriales.

El informe recorre también la situación de Chubut y Río Negro, y casos específicos como el de la comunidad Mellao Morales en Neuquén (frente a una empresa minera china que pretende instalarse en cercanías de la localidad de Loncopué, ver revista Mu nº 49), la situación de la comunidad Santa Rosa-Leleque (en disputa territorial contra la multinacional Benetton), la comunidad Wenctru Trawel Leufu (con un fallo favorable frente a una petrolera), la comunidad José Manuel Pichun frente a la avanzada forestal en cercanías de El Bolsón y, como paradigma del Poder Judicial racista, se analiza el accionar del juez de Chubut José Colabelli, destituido en 2004 por la violenta represión a la comunidad mapuche Vuelta del Río, y restituido en su cargo en 2010.

“El desafío es que el Estado como responsable del respeto y la garantía de los derechos humanos modifique sus estructuras monoculturales (…) proyecte un modelo económico sustentable, participativo y que no avasalle los territorios y los recursos indígenas y de ese modo cumpla con los compromisos asumidos”, exige en el último capítulo y afirma que es “central comprender que es necesario cambiar esa lógica de invisibilización, desconocimiento y negación que trae como resultado la profundización y perpetuación del genocidio indígena en nuestro país”.

Fuente:

lavaca, 11/04/12, Derechos humanos indígenas: el estado de las cosas, y las cosas del Estado.

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, 11/04/12, Informe de la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Patagonia 2010- 2011.