Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Agrarias declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”.
Sostiene que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los
agronegocios y la industria extractiva.
por Darío Aranda
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el
año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos
diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 % la producción granaria
e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo
Directivo de la Facultad
de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional
de La Plata
declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la
resolución 048/2012 de la
Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un
profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país,
al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura
industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y
enormes ciudades insustentables”.
El PEA está plasmado en 160 carillas, repleto de
estadísticas, cuadros y gráficos. Fue presentado por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en septiembre ultimo en Tecnópolis. Contó con el apoyo de
gobernadores y empresas del sector. En la página 15 figuran las 43 “unidades
académicas” que “participan en la elaboración” del PEA, entre ellas Agronomía
de La Plata -una de las referentes en la formación de profesionales e investigadores de la Argentina rural-.
En la resolución, el Consejo Superior de la Facultad identifica al
“modelo dominante” en el país como “agro-minero exportador” caracterizado por
“una fuerte intervención del capital financiero en la actividad, uso
indiscriminado de insumos derivados del petróleo, contaminación, exclusión de
pequeños productores y pérdida de biodiversidad”. Afirma que, en el modelo
vigente, las ganancias “formidables son para las cada vez más grandes
empresas”.
“La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo
sobre el ambiente, por merma de nutrientes en el suelo, reducción de
biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del riego
en zonas donde el agua es un recurso escaso. Se genera un modelo de agricultura
sin agricultores”, alerta la resolución.
Y precisa respecto al plan oficial que “el PEA lejos está de
promover políticas que vislumbren modificaciones a las tendencias actuales del
modelo productivo”, Explicita que el Gobierno pretende aumentar la superficie
sembrada de 32 millones de hectáreas a 41 millones (27 % más) y, en
línea con organizaciones campesinas, cuestiona que “Avanzará la frontera
agrícola hacia territorios donde hoy las comunidades campesinas e indígenas
están resistiendo desalojos”.
“Todo indica que el modelo antes descripto tenderá a
profundizarse”, advierte la Facultad. Precisa que el PEA promueve que la soja
transgénica ocupe no menos del 45 % de la superficie a sembrar y que
el maíz sea utilizado para producción de agrocombustibles. “Ambas medidas están
absolutamente enfrentadas a la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria
de nuestro pueblo”, asegura la resolución, fechada el 23 de marzo último (la
sesión fue el 20 de diciembre), y que, en su parte resolutiva, crea una comisión
interclaustro para diseñar un “PEA alternativo”.
Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro
estudiantil, explicó que las universidades participaron de debates y realizaron
propuestas para la confección del PEA, pero aclaró que “ninguno de los aspectos
críticos al modelo” fueron tenidos en cuenta por “la mesa chica del Ministerio
de Agricultura” que redactó el documento final. “El PEA no es una síntesis
debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar,
sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno”, explicó.
“La resolución de nuestra Facultad es un primer paso para
cuestionar un modelo de producción que mantiene profundas continuidades con el
neoliberalismo de los años ’90”, avisó el consejero superior. La Facultad de Agronomía de La Plata , fundada en 1906 y
referente entre las casas de estudios, se sumó a las facultades que cuestionan
el modelo extractivo. La Universidad Nacional de Córdoba y la de Río
Cuarto alertaron, en 2009 y 2010, sobre los efectos ambientales y económicos de
la megaminería. La Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario denunció, en
marzo pasado, al modelo extractivo por sus “consecuencias comprobadas” en el
ambiente y en la salud de las poblaciones. Y la Universidad de Buenos
Aires también cuestionó la megaminería, el miércoles pasado, en una declaración
de apoyo del Consejo Superior (el más alto espacio político de la UBA ): apuntó a los efectos
ambientales, pero también a la represión y violación de derechos que padecen
las poblaciones que rechazan la cuestionada actividad (puntualizó casos de
Catamarca y La Rioja ).
“En las últimas semanas, han sido vulnerados derechos
constitucionales de ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto al ser
violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado en los cortes
selectivos contra la
Minera Alumbrera en las localidades de Belén, Amaicha del
Valle y Tinogasta”, denunció la
UBA y coincidió con Agronomía de La Plata respecto de los
agronegocios: “Este modelo productivo extractivo-exportador está íntimamente
asociado con el avance de la frontera agraria a costa del despojo de la tierra
a campesinos y el desmonte y deforestación, con la utilización excesiva de
agrotóxicos en las fumigaciones”.
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