por Darío Aranda
“En Argentina hay decenas de Famatina”, avisa Urbano
Cardozo, jubilado, militante socioambiental, que vive desde hace 73 años en la
cuna de la megaminería argentina: Andalgalá (Catamarca), donde hace 18 años se
instaló Bajo la Alumbrera ,
el yacimiento de oro y cobre más grande del país. “Es el caso testigo de que no
produce ni trabajo, ni desarrollo local y sí produce contaminación”, denuncia
Cardozo y advierte que Famatina es “un paso más hacia la pueblada nacional que
tenemos que hacer contra el saqueo y la contaminación”. Según datos de la Secretaría de Minería
de Nación, la exploración minera aumentó en los últimos ocho años un 664 %. Un informe de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) detalla que en la actualidad se encuentran
en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en exploración.
“El avance minero tiene directa vinculación con la violación de derechos
humanos, observamos que ante cada intento de instalación se produce una alta
conflictividad social que lleva años sin resolverse, como es el caso de
Famatina y Andalgalá”, denunció Soledad Sede, de la Redaj.
En la década del ’90 se sancionó la ingeniería legal para el
desarrollo de la megaminería. En 1994, comenzó la construcción del yacimiento
Bajo la Alumbrera ,
de capitales suizo-canadiense. En la actualidad están en marcha otros 13
proyectos: Cerro Vanguardia, San José-Huevos Verdes, Manantial Espejo, Martha y
Espejo (Santa Cruz); Veladero, Casposo y Gualcamayo (San Juan); Pirquitas y El
Aguilar (Jujuy); Salar del Hombre Muerto (Catamarca), Campo Quijano (Salta) y
Andacollo (Neuquén). San Juan cuenta con dos proyectos en construcción: Pachón
y Pascua Lama, el primer megayacimiento binacional, en manos de la Barrick Gold.
El comunicado remarcó que “el record histórico ratifica a la Argentina como uno de
los países con mayor dinámica en esta actividad”. Y explicó que “el fuerte
aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos
emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló
que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan,
Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Según datos oficiales del informe de 2009, “La minería en
números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 %) y en 2012 llegan a 600: un 1500 % más que en 2003.
“Los proyectos son propiedad de 51 empresas, sólo dos de
capital nacional y 49 de capital transnacional: Canadá, Reino Unido, Australia,
Estados Unidos y Suiza (entre otros)”, destaca el informe y advierte que “la
instalación de transnacionales mineras implica diferentes conflictos sociales,
jurídicos y ambientales, entre los que destacamos la utilización intensiva de
químicos de alta toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que
coloca a la actividad en una condición estructural de tensión con las
poblaciones y actividades económicas locales”.
Argentina cuenta con 5000 kilómetros de
cordillera. En una centena de pueblos existen asambleas socioambientales. Siete
provincias limitan algún aspecto de la megaminería (Tucumán, Mendoza, La Pampa , Córdoba, San Luis,
Tierra del Fuego y Chubut).
Río Negro también limitaba la megaminería (prohibía el uso
de cianuro). Al asumir en diciembre pasado, el Frente para la Victoria (Carlos Soria,
luego reemplazado por Alberto Weretilneck) derogó la ley y dieron luz verde a
la minería. Hubo movilizaciones en Viedma, Ingeniero Jacobacci y todos los
miércoles se reúnen en Bariloche en rechazo a la actividad extractiva. Las
organizaciones sociales y comunidades mapuches se declararon en estado de
alerta y movilización.
En febrero de 2010, los asambleístas catamarqueños cortaron
un camino vecinal en rechazo a un nuevo proyecto (Agua Rica), publicitado como
tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del
pueblo. Sufrieron una dura represión por la noche, con una decena de heridos y
detenidos. La violencia policial motivó una pueblada con históricas marchas en
la plaza de Andalgalá. La instalación de Agua Rica fue paralizada,
momentáneamente, por un fallo judicial.
Desde hace una semana, y en paralelo a las protestas
riojanas, vecinos de Andalgalá realizan bloqueos en Belén y Santa María, en las
rutas de acceso a Alumbrera. Sólo se detiene a los vehículos mineros.
En Famatina habían sido imputados ocho asambleístas por
participar en el acampe en la base del cerro. En Catamarca fueron apresadas
cuatro personas el jueves y 18 asambleístas más el viernes 27. En ambos casos
fueron liberados a las pocas horas, pero siguen en calidad de imputados.
“Registramos un preocupante proceso de persecución y
criminalización de la protesta social en contextos de conflictividad por el
desarrollo de la megaminería”, denunció Soledad Sede, de Redaj. Explicó que,
donde se movilizan contra la megaminería, son “cotidianos” los casos de
amenazas y detenciones ilegales. Sede afirmó que existe evidencia de la
“vulneración sistemática de los derechos ciudadanos y, en particular, la
violación al derecho de manifestarse legítimamente que se ha puesto en jaque
tras la sanción de la ley antiterrorista”.
En los últimos días se sumaron cortes en Amaicha del Valle
(Tucumán), también contra Alumbrera y en rechazo a Agua Rica. “Estamos jugados,
decididos, no importa que nos encarcelen o repriman, acá está en juego el
futuro de nuestros hijos y nietos”, alertó Urbano Cardozo, asambleísta de
Catamarca, y lanzó una propuesta: “Iremos a Buenos Aires si hace falta. Plaza
de Mayo o la 9 de Julio, ahí también gritaremos ‘el agua vale más que el oro’”.
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