“Es
urgente que comencemos a replantearnos de qué manera avanzamos hacia
formas de producción más amigables con la salud del ambiente y de
las personas”. Esa es una de las conclusiones y principales
exigencias que plantea un informe elaborado por la Red de Médicos de
Pueblos Fumigados tras conocer la prohibición de los usos
residenciales de clorpirifós impuesta por la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA).
La
nota de la Red Universitaria de Ambiente y Salud -Médicos de Pueblos
Fumigados-, utiliza como fuente los datos de la presentación del
profesor Oscar Scremin (School of Medicine, UCLA de Estados Unidos, y
Conicet de Argentina) ante el Senasa, reclamando la reclasificación
de los agroquímicos en Argentina.
Es el
médico pediatra y neonatólogo Medardo Avila Vázquez, coordinador
Médicos de Pueblos Fumigados, quien pone la firma en un informe que
revela datos inquietantes. Así, al dar cuenta de la masividad es el
uso de esta clase de insecticidas, cita las cifras de importación
anual de clorpirifós a través de la Aduana de Buenos Aires.
“En
2010 ingresaron 8.650.000 de litros/kilos de este tóxico, un
incremento de más del cien por ciento con respecto a 2006. Estas
cifras provienen del sitio web del Servicio Nacional de Sanidad
Agroalimentaria (Senasa)”, consigna el informe. Así acota que, al
dividir la cantidad de clorpirifós importada en 2010 por su dosis
letal 50 extrapolada a seres humanos, surge que son 2.633.500.635 las
dosis, es decir, más de 60 veces la población de Argentina.
“Se
importa cada año una cantidad suficiente como para eliminar a
Argentina del planeta si cada habitante se expone directamente al
mismo. Estas cantidades circulan por nuestras rutas, se almacenan en
lugares que no conocemos, quizás en centros urbanos, se fraccionan e
incorporan a formulaciones varias en establecimientos a lo largo y a
lo ancho del país y luego se distribuyen y dispersan en el ambiente
por aplicaciones terrestres y aéreas”, advierte.
Al
respecto también agrega que “existen como residuos en los
alimentos y en el agua al contaminar vegetales, peces, aves y demás
animales que se consumen en las mesas de los argentinos”.
Niños
expuestos
En
otro punto, advierte que las cifras mencionadas “dan una idea de la
magnitud de los potenciales daños a la salud pública”, y afirma
que “la industria de agroquímicos es indiferente a esto”. E
incluso menciona “débiles estadísticas del Ministerio de Salud
Pública, otro organismo que debiera informar en relación a la
solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación, y que parecen
consignar la inocuidad del uso de plaguicidas en general o quizás no
conozca los efectos del clorpirifós sobre el neuro-desarrollo
humano”.
En
sus considerandos, la Resolución 147/10 del Defensor del Pueblo dice
que, aún considerándose solamente el riesgo de intoxicación aguda
con dosis letales, un número aproximado de 3 millones de niños y
niñas viven en situación de riesgo ambiental por agroquímicos.
“Esta
gravísima aseveración debiera haber provocado una intervención del
Senasa para verificar los niveles de contaminación por plaguicidas
en la sangre u orina en niños de las zonas afectadas, pero por
ahora, con respecto al clorpirifós, no tomó ninguna determinación
y paralelamente autoriza a las empresas de agroquímicos a que
liquiden todas sus existencias de Endosulfán y después recién
comenzar a ejecutar la prohibición del uso de este veneno en la
Argentina, recientemente acordada en el Convenio de Estocolmo”,
subraya el informe de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.
Dura
crítica
En
otro punto, sostiene que el clorpirifós “es otro ejemplo de la
incorporación descontrolada y creciente de un conocido tóxico que
se esparce ampliamente en la Argentina, como parte de una práctica
de producción agroindustrial que no considera los derechos a la
salud y al ambiente sano de toda la población”.
Así
insiste en que “un sistema de producción que requiere incorporar
año a año más venenos para mantener su producción no anda bien,
no es sustentable, y con una mirada desde la Salud Pública nos
parece hasta criminal”.
Por
eso considera “urgente” el replanteo de la manera de avanzar
“hacia formas de producción más amigables con la salud del
ambiente y de las personas, y no seguir aceptando recetas que van
contra nuestros propios derechos sociales y que benefician
esencialmente a las grandes empresas de biotecnología que controlan
ampliamente este mercado”, concluye.
Lo
que dicen los americanos
En
las palabras de la entonces administradora de la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos, Carol Browner, clorpirifós
es un viejo y riesgoso pesticida con más de 50 años de uso. Al
hablar de la prohibición de uso residencial urbano, consideró que
había llegado el momento de tomar acciones para proteger a sus niños
de la exposición a este químico, ya que conocían claramente su
potencial riesgo sobre la salud.
Un
estudio reciente (2011) de la Universidad de Columbia en ese país
concluye que “el cociente intelectual de niños expuestos a
clorpirifós en el período pre-natal esta reducido en relación
directa a los niveles de este plaguicida en la sangre del cordón
umbilical al momento del nacimiento”.
Para
la Red Universitaria que agrupa a médicos argentinos, evidencias de
este tipo debieran constituir un fuerte argumento para solicitar la
prohibición total de su uso en cualquier ambiente, urbano o rural.
Es de hacer notar que estos efectos de clorpirifós se encontraron a
dosis que están muy por debajo de aquellas que provocan inhibición
de la enzima acetilcolinesterasa que es la causa de su toxicidad
aguda.
“Este
ejemplo de efecto de dosis sub-letales disponible en la literatura
reciente justifica la necesidad de re-clasificar (y muy probablemente
prohibir el uso) este plaguicida y otros de la misma clase química y
toxicológica que se utilizan masivamente en Argentina (por ejemplo
metamidofós)”, indica finalmente el informe.
Fuente:
Diario Norte 15/09/2011
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