por Maristella Svampa y Marcelo Giraud
Es importante resguardar nuestras reservas de agua dulce
desde una óptica que recupere la idea integral de territorio nacional, tal como
lo prevé el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que se trata esta semana en
el Senado.
Para muchos es una discusión engorrosa, propia de juristas,
técnicos y ambientalistas, muy alejada de nuestra realidad cotidiana. Pero lo
cierto es que los glaciares y el área periglacial constituyen una vital reserva
y fuente de agua dulce; un bien común al que todos tenemos derecho, más allá de
los orígenes provinciales o los intereses corporativos. Por eso es importante
resguardarlos, desde una óptica que recupere la idea integral de territorio
nacional, tal como lo prevé el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados,
próximo a tratarse en el Senado.
Dicha norma fue consensuada entre el diputado Miguel Bonasso
y el senador Daniel Filmus, luego del veto presidencial en 2008, a lo que siguió la
media sanción de un sospechado proyecto en el Senado, con respaldo del lobby
minero. En cambio, el proyecto superador de la Cámara Baja cuenta hoy
con el apoyo de trescientas asambleas socioambientales, ciento cincuenta
reconocidas organizaciones ambientalistas y numerosos académicos.
Frente a los gobernadores que se escudan en el artículo 124
de la
Constitución Nacional -que establece que los recursos
naturales son dominio originario de las provincias-, varias veces se ha
insistido desde el derecho que éstas no pueden disponer discrecionalmente de
los mismos. Justamente el artículo 41 de nuestra Carta Magna ha limitado lo
absoluto de este dominio provincial, atribuyendo al Congreso la facultad de
dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, que las
provincias podrán complementar. Pero el interesado discurso, erróneamente
federalista, choca también con la misma geografía, pues muchas cuencas hídricas
presentan una unidad ecológica y no conocen de límites jurisdiccionales. Las
aguas nacen en una provincia, cruzan su territorio y continúan su curso a
través de una o más provincias, regando y dando vida a campos y ciudades. Por
ende, al tratarse de cuencas interprovinciales, compete también al Estado
nacional el ser garante de las mismas, dado que cualquier actuación o
determinación legal en la gestión de las aguas afecta a los territorios de las
provincias por las que éstas discurren.
No hay que engañar más a la sociedad. No es cierto que la Ley aprobada en la Cámara Baja restrinja
la actividad minera en gran parte del país o de las provincias cordilleranas.
En su artículo 6, prohíbe diversas actividades -no sólo la minería- en una muy
pequeña porción de nuestro territorio. A escala nacional, puede estimarse que
aún con la extensión del campo de hielo santacruceño, y del área periglacial
reguladora del recurso hídrico, la ley sólo protege en torno al 1 % del
territorio argentino (en su porción americana). Tampoco es verdad que la ley
impida la realización de obras de infraestructura -como el tren trasandino en
Mendoza o el túnel de Agua Negra en San Juan- ya que, a diferencia del proyecto
del Senado, el de Diputados no las prohíbe en el ambiente periglacial, sino
sólo en los glaciares. Tampoco se está discutiendo sobre la insustentabilidad
de la minería; sólo se apunta a resguardar nuestras reservas y fuentes de agua.
Por ello, antinomias falaces como “minería sí - minería no” están fuera de
lugar, pues implicarían un debate sobre todo el territorio y no sobre una
ínfima parte de él. En realidad, tales engaños esconden el interés de empresas
como Barrick Gold, que se instalaron en áreas muy frágiles, amenazando un
recurso esencial y vulnerable como el agua, que hoy exige una debida
protección.
Lo mismo sucede con el empleo en minería, pues los datos han
sido deliberadamente inflados. Según el Indec, en 2009 hubo un promedio de
18.342 asalariados registrados en minería, de los cuales sólo 6.533 en
minerales metalíferos. En Chile, la minería factura 8 veces más que en
Argentina y emplea 174.125 trabajadores, incluyendo contratistas, mientras que
en Canadá, con una facturación similar a la chilena, sólo 58.505 trabajadores
directos. En consecuencia, por más empleo indirecto que produzca, de ningún
modo se justifica la afirmación de la Secretaría de Minería de la Nación , según la cual “la
minería ya genera 500.000 empleos en el país”.
Las reformas neoliberales de los años 90 implicaron una
significativa pérdida de regulación y control de territorios y recursos por
parte del Estado frente a las grandes corporaciones transnacionales. A la luz
de las nuevas problemáticas y en nombre de nuestra integridad ambiental y
territorial, ya es tiempo de retomar aquellas funciones, si de verdad se está
pensando en un concepto inclusivo de nación y en el bienestar de las
generaciones futuras.
Senado: pelean por definir quién hará el inventario de los
glaciares
por Daniel Santoro
Es porque donde se determine que existen hielos, no podrán
explotarse minas.
Uno de los puntos más conflictivos del proyecto de ley de
protección de glaciares que se debate en el Senado es qué organismo se
encargará de hacer el primer inventario de hielos del país. Por un lado, el
diputado opositor Miguel Bonasso y otros legisladores se plantaron en que sea
el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA), que depende del CONICET, mientras que varios gobernadores pretenden
que lo realicen las direcciones de Minería de sus provincias.
No es un dato menor. Donde se registre un glaciar o un
preglaciar no podrá haber minas o extracción de agua para la minería a cielo
abierto; y las que existen deberán ser relocalizadas.
“En este punto se da la batalla decisiva para la protección
del agua de los argentinos. Podemos discutir otros puntos formales del texto
aprobado en Diputados, pero no quién hará el inventario”, enfatizó Bonasso a
Clarín. El diputado adelantó que se reunirá con el senador oficialista Daniel
Filmus, con quien acordó el texto aprobado en la Cámara baja, para reafirmar
ese punto.
En cambio, un grupo gobernadores de provincias mineras
encabezados por el sanjuanino César Gioja pretenden que el inventario que
decidirá qué zona es glacial, preglaciar o apta para la minería lo hagan las
provincias. Se basan en un argumento federal: se trata de recursos naturales
propios.
El director del IANIGLA, Ricardo Villalba, dijo a Clarín que
de aprobarse el proyecto Bonasso su organismo “coordinaría a nivel nacional, en
colaboración con universidades y gobiernos provinciales, el Inventario de
Glaciares. En estos momentos estamos avanzando en un convenio con la provincia
de Mendoza para realizar el Inventario de Glaciares solamente en esa
provincia”.
Cuando se le preguntó cuántos glaciares se estima que
existen, contestó que hasta ahora nunca se hizo un inventario, pero habría
miles. “En base al inventario de glaciares del Río Mendoza, sólo en su cuenca
había 980 cuerpos de hielo que cubrían una superficie de 664 km²”. El área de la Capital es de 500 km².
El IANIGLA, que tiene sede en Mendoza, hizo relevamientos
previos en la década del 80, empleando fotos aéreas de 1963 de algunos sectores
de las provincias de Mendoza y San Juan.
El fiscal general de Tucumán y especialista en medio
ambiente Antonio Gustavo Gómez se sumó a la defensa del IANIGLA. “En mis
investigaciones vi cómo distintas direcciones de minería provinciales
fracasaron en el momento de controlar la contaminación. Es el zorro puesto a
cuidar el gallinero. El ejemplo más doloroso tal vez sea Abra Pampa, en Jujuy.
Allí Metal Huasi, con la complicidad de las autoridades que tenían la
obligación de controlarla, afectó con plomo el 81 % de los niños evaluados. No
hay dudas, detrás de cada delito ambiental y en especial en los provocados por
la minería a gran escala, hay un funcionario corrupto. No sólo hay
contaminación ambiental sino también ‘contaminación social’”.
Los lobbies y la votación del jueves
por Atilio Beta
Como viene ocurriendo en el Senado con cada proyecto
controvertido, las fuerzas están parejas y recién se sabrá en el momento de la
votación (¿el próximo jueves?) si el país tendrá una ley de Glaciares
restrictiva o si gana la pulseada una norma más blanda en sintonía con la
propuesta de las provincias mineras.
El jefe del bloque oficial, Miguel Pichetto, dijo que “dará
libertad de acción” a los legisladores kirchneristas. Y la misma actitud adoptó
Gerardo Morales, de la UCR.
De un lado están la mayoría de los legisladores de las
provincias mineras, liderados por el sanjuanino César Gioja, que votarán la
sanción del Senado. Aunque los radicales Morales (Jujuy), Alfredo Martínez
(Santa Cruz), Ernesto Sanz (Mendoza), el kirchnerista Marcelo Fuentes (Neuquén)
y el chubutense Marcelo Guinle votarán a favor de la sanción de Diputados que
es más severa. Del otro, hay un conglomerado que se referencia en el pacto
Bonasso-Filmus y están a favor de definir con claridad lugares de prohibición
de la actividad minera y de investigar en un plazo de 180 días a las actuales
explotaciones.
Los números están parejos y la gran incógnita es si la Casa Rosada mantiene
su neutralidad. Si el Gobierno se inclina a favor de las provincias mineras
ganará la sanción más blanda del Senado.
Como pocas veces en el Congreso se hizo explícita en este
debate la presión de las mineras, la
UIA y la CAC
que apuestan como mal menor por la sanción del Senado.
Y también han desplegado su arsenal, pero a favor de la
sanción de Diputados, los ecologistas que convocaron a un acampe frente al
Congreso. En la misma sintonía, mañana hablará en la comisión de Ambiente la
gobernadora fueguina Fabiana Rios.
Fuentes:Maristella Svampa es sociologa e investigadora del Conicet. Marcelo Giraud es geografo, Universidad Nacional de Cuyo.
Clarín, 27/09/2010, Tenemos derecho a los glaciares, por Maristella Svampa y Marcelo Giraud.
Clarín, 27/09/2010, Senado: pelean por definir quién hará el inventario de los glaciares, por Daniel Santoro.
Clarín, 27/09/2010, Los lobbies y la votación del jueves, por Atilio Beta.
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