jueves, 12 de agosto de 2010

Ley de bosques: la Universidad iría a la Justicia a buscar la inconstitucionalidad

Fue por el pedido de la ingeniera forestal Natalia De Luca, que participó en el proceso de la normativa como representante de la casa de altos estudios. Para la especialista, la norma agravó más la situación.

Los especialistas en medioambiente de la Universidad Nacional de Río Cuarto no tienen dudas: la nueva ley de bosques en realidad agrava la situación existente hasta el momento y pone en riesgo las escasas 500 mil hectáreas de bosque nativo que tiene la provincia, y que apenas son una sombra de las 12 millones de hectáreas originales.

La promulgación de la norma aprobada el 5 de agosto por la Unicameral es para ellos el acta de defunción de las últimas zonas forestales vírgenes. “Esto que se aprobó no se parece en nada a lo que habíamos trabajado con mucho esfuerzo en el marco de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Cotbn) a lo largo de dos años. Aquello era una ley de protección y recuperación del bosque y esto que se promulgó no es más que una nueva ley de desmonte”, señaló la ingeniera forestal Natalia De Luca, que participó del proceso como técnica y representante de la Universidad Nacional.

Fue quien, además, este martes presentó un escrito ante el Consejo Superior para que se analice la situación y se evalúe la posibilidad de revertir lo dispuesto por la normativa. A partir de ello, la Universidad estudia recurrir a la Justicia para que la norma sea declarada inconstitucional y elaborará un documento político en contra del tratamiento de la normativa y el resultado que tuvo en la Legislatura provin­cial. “Esto pasa por si es legal o no. Debemos tener elementos sólidos para que nos escuchen. Con todos los fundamentos técnicos y legales. Y de ahí ver si se pide que se declare inconstitucional”, dijo el rector Oscar Spada.

Un cambio en el camino
Los técnicos denunciaron que el proyecto logrado por la Cotbn fue elevado a la Legislatura por la Secretaría de Ambiente de Córdoba y tomado como documento base en la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura. Pero en la madrugada del jueves 5 de agosto, la Unicameral aprobó un proyecto de ley distinto. “Por lo tanto nosotros entendemos que no se escuchó a la mayoría de los sectores de la sociedad y además atenta contra la conservación y manejo sustentable desde lo económico, ambiental y social, de los relictos de bosque nativo de la provincia de Córdoba, siendo que la superficie boscosa se ha reducido al 3,6 % de la existente originariamente”, explicó De Luca al diario Puntal de Río Cuarto.

La especialista señaló que se emplea en la provincia un paquete tecnológico muy agresivo para producir “que sólo destruye para generar riqueza para unos pocos y por poco tiempo. Después de eso se consolida un proceso de desertificación”, explica.

En este final anticipado aseguran que la gente ya comenzó a percibir los efectos de una extracción sin límites de las riquezas del suelo. Y apuntan  las recurrentes tormentas de tierra, el agua turbia de las canillas, los aludes y los incendios como consecuencias indisimulables de aquel proceso.

En el escrito que la ingeniera presentó ante el Consejo Superior y que sirvió de base para decidir corregir los efectos nocivos que tendría la nueva normativa, De Luca destacó que “a pesar de que existen vastas experiencias de cultivos y ganadería agroecológicos respetando el medioambiente y aprovechando sus bondades, el proyecto de ley aprobado no apunta, como debería, a la preservación de los bosques nativos, sino que favorece la explotación irracional de los pocos ecosistemas naturales que actualmente están subsistiendo, con pérdida de sus bienes y servicios, como la captación de agua y la retención del suelo”.

Ahora, el tema será evaluado en comisión por el Consejo Superior y también será derivado al área de jurídica para que analice el mejor planteo para pedir la inconstitucionalidad de la flamante ley de bosques.

Los fundamentos del planteo
La ley aprobada es más permisiva hacia los desmontes que las leyes hasta ahora vigentes, o sea que, con ley más blanda y los mismos controles (casi nulos), es inminente la total desaparición del paisaje original y los bosques nativos, explicó De Luca.

No debemos olvidar que el derecho a un ambiente sano está contemplado en la Constitución Nacional y es un derecho de tercera y cuarta generación.

Aten­ta con­tra los pre­su­pues­tos mí­ni­mos de la ley na­cio­nal 26.331.

Establece para la Categoría 1 (de máxima protección) la posibilidad de un “aprovechamiento” cuando la ley nacional establece que sólo se podrán realizar actividades de “conservación”.

No respeta las pocas áreas naturales que protegen bosques nativos en la provincia, que bajo esta norma estarán sujetas a “supuestos sistemas de aprovechamiento sustentable”, palabra ambigua que no garantiza la renovación a corto plazo.

Se eliminó una herramienta fundamental que brinda la ley nacional: “Los mecanismos de participación social en el proceso de ordenamiento territorial de los bosques nati­vos”, todo queda en el ámbito de las decisiones de la autoridad de aplicación, siendo que hasta ahora, justamente, lo que ha fallado es el control.

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