En tiempo record, Jujuy y La Rioja aprobaron normas sobre
glaciares y esta semana harían lo mismo San Juan y Salta. Las asambleas
ambientalistas denuncian que es una maniobra para eludir la legislación que
vote el Congreso nacional.
por Darío Aranda
Ante la posibilidad de que el Congreso nacional apruebe una
ley para proteger a los glaciares y limitar la megaminería, gobiernos
provinciales impulsan -y las legislaturas aprueban a contrarreloj- leyes que
regulan el mismo tema. Sin debate y en tiempo record, Jujuy y La Rioja hicieron punta en la
estrategia de los gobernadores: el jueves pasado sancionaron normas de
“protección de glaciares”, aunque desde las asambleas ambientales afirman que
son leyes “para permitir el avance minero”. Salta y San Juan ya prepararon sus
leyes y esperan sancionarlas esta semana. El cambio de escenario fue impulsado
luego de que gobernadores se reunieran con la empresa Barrick Gold en Canadá. La Cámara de Diputados de la Nación debatirá el próximo
miércoles entre dos proyectos de protección de glaciares.
El miércoles 7 de julio las asambleas ambientales riojanas
lanzaron un comunicado donde alertaban que el gobierno provincial había pactado
con empresarios mineros de Canadá y China, llamaron a un plenario y
movilizaciones. “Alertamos al pueblo sobre uno de los mayores negociados de la
historia riojana de entrega del patrimonio minero (...) mientras se destruyen
las fuentes de agua que dan vida a los pueblos y a los ecosistemas regionales”,
afirmaron los asambleístas.
Al día siguiente, sin debate en comisiones parlamentarias,
sin consultar a especialistas científicos y sin atender los reclamos de
organizaciones de la sociedad civil, la Legislatura riojana aprobó la ley de “protección
de glaciares”, donde el poder de control será ejercido de forma exclusiva por
autoridades provinciales. El proyecto de ley había sido presentado el día
anterior por el Ejecutivo y sólo el oficialismo sabía de su existencia. “El
poder de policía lo tienen la
Secretaría de Ambiente y la Cámara de Diputados. El lobo cuidando el
gallinero. Son leyes a pedido de la
Barrick ”, denunció Jenny Luján, activista de la provincia.
También en tiempo record, presentado el 6 de julio y
aprobado el 8, el gobierno de Jujuy sancionó su ley de glaciares. Al igual que
en La Rioja , el
control a las empresas queda en manos del gobierno provincial. También
determina que realizará un inventario de glaciares, pero destaca que la opinión
de los organismos técnicos especializados no será vinculante.
Alicia Chalabe es abogada patrocinante de vecinos de Tilcara
que rechazan la explotación minera. “Por la Constitución Nacional
reformada, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Entonces la
sanción de una ley provincial de glaciares fue una jugada muy bien pensada por
los que impulsan la minería. La futura ley nacional podría ser tratada de
inconstitucional”, explicó.
El 26 de junio, en el marco de la reunión del Grupo de los
20 (G-20) en Canadá, el fundador y directivo de Barrick Gold, Peter Munk,
recibió a la Presidenta
y a los gobernadores Walter Barrionuevo (Jujuy), Luis Beder Herrera (La Rioja ), Juan Manuel Urtubey
(Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y José Luis Gioja (San Juan). La
comitiva oficial les aseguró a los empresarios que las leyes mineras “no serán
modificadas”.
El 6 de julio, en la
Casa de Salta en Buenos Aires, se reunieron los gobernadores
recién llegados de Canadá. Se sumaron funcionarios de Mendoza, Neuquén, Río
Negro y Catamarca. También estuvo el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Allí
se hizo pública la estrategia acordada en Canadá. “Declaración de las
provincias cordilleranas” es el título del documento en el que se resalta “la
necesidad impostergable de proteger los glaciares”. Allí mismo se presentó un
modelo de ley provincial, que cada gobernador se comprometió a presentar en sus
provincias y aprobar lo más rápido posible. Las recientes leyes de La Rioja y Jujuy son las
primeras de una larga lista.
Mirta Antonelli es docente e investigadora de la Universidad Nacional
de Córdoba, y coeditora del libro Minería transnacional, narrativas del
desarrollo y resistencias sociales. Explica que, a nivel mundial, las
corporaciones de la megaminería se caracterizan por “fabricar los referentes
jurídicos que viabilicen el extractivismo, haciendo leyes a la medida de sus
intereses”, y da como ejemplo las reformas que la Argentina realizó en los
’90. “El caso de las leyes provinciales para disponer de los glaciares,
obviando que en el Congreso nacional se debate esta semana el destino del patrimonio
de aguas -señaló-, lejos está de ser ‘federalismo’ y ‘autonomía’ provinciales.
Es poner en manos y bajo el poder de los gobernadores pro-mineros los
territorios y las aguas para que luego decidan las empresas mineras”.
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