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| Foto: Hugo Allende/ La Voz |
Los fondos que dispuso enviar la Presidenta casi no se
han utilizado.
por Edgardo Litvinoff
Miguel Olariaga tiene 55 años, es obrero de la construcción
y vive con su familia en barrio Ituzaingó Anexo, de la ciudad de Córdoba. Su
esposa está incapacitada por un tumor en la cabeza (tiene neurofibromatosis),
que la dejó sorda. Su hijo tenía 16 años cuando murió: no pudo aguantar la
tercera operación que le practicaron para tratar de salvarlo de la misma
enfermedad. La hija de Miguel tiene 28 años, padece el mismo trastorno genético
hereditario y ya quedó sorda y ciega, al cuidado de su bebé de 2 años.
Hace un año y medio, a comienzos de 2009, la presidenta
Cristina Fernández anunció un plan integral de acciones para Ituzaingó Anexo,
cuyo caso tomó como referencia nacional para mostrar los efectos de plaguicidas
y otros contaminantes en la salud de la población.
Desde 2002, cuando las madres del barrio comenzaron a
denunciar una inusual tasa de cáncer, alergias y otras enfermedades que podrían
relacionarse con causas ambientales, pasaron médicos, epidemiólogos,
funcionarios y gobiernos que se comprometieron a buscar una solución. Pero hoy,
casi ocho años después, no hay un listado oficial de enfermos.
El plan para Ituzaingó anunciado por la Presidenta incluía casi
1,2 millón de pesos, de los cuales la
Nación aportaría $ 461.800; el municipio, $ 688.000; las
universidades, $ 12 mil; y la Organización Panamericana
de la Salud
(OPS), $ 10 mil. Una parte de ese presupuesto incluía, por ejemplo, fondos para
viáticos y transporte de los vecinos. Pero ni la familia de Manuel Olariaga, ni
ningún enfermo recibió nunca un cospel.
Lo que falta. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Se usó? ¿En qué? El
único dato certero es que las universidades y la OPS aportaron lo suyo y que la Nación depositó sus 461 mil
pesos en febrero de 2009. La coordinación de los fondos estaría a cargo de la Municipalidad.
Sin embargo, hubo que esperar casi seis meses (hasta
setiembre de 2009) para que algunos de los profesionales contratados comenzaran
a cobrar su sueldo. A algunos, todavía les deben. Casi un año y medio después,
hay estudios presupuestados que no se hicieron, equipos que no se compraron y
personal que no se incluyó.
Tampoco hay muchos rastros de los 688 mil pesos que, en
teoría, debía aportar el municipio sólo para destinar a este plan.
En rigor, en este año y medio hay cosas que sí se hicieron:
se reforzó la Unidad
Primaria de Atención de la Salud (Upas) del sector con un epidemiólogo,
pediatras, trabajadora social, comunicador social y odontólogo. También se
realizó un censo epidemiológico cuyos resultados no se conocen y que los vecinos
reclaman hace meses.
Pero, por ejemplo, se presupuestaron 125 mil pesos para un
estudio clave de biomarcadores en sangre que no comenzó, así como fondos para
computadoras, programas informáticos y un programador estadístico que tampoco
se ejecutaron.
Sin uso. Ana Salamone acaba de hacerse cargo de la
coordinación municipal del plan para Ituzaingó y prefiere no hablar de su
antecesor o de las demoras anteriores a su recién comenzada gestión. Al
respecto, sólo explicó que el Concejo tardó seis meses en aprobar el uso de los
fondos de la Nación.
Además, aseguró que el estudio de biomarcadores comenzará a
mediados de junio y que a fin de mes se realizará una audiencia pública para
dar a conocer los resultados del censo epidemiológico concretado el año pasado.
Dijo desconocer si el municipio aportó específicamente algo de los 688 mil
pesos comprometidos, pero destacó que se invirtió mucho en el personal que
trabaja en la Upas.
Algunos vecinos no están de acuerdo con que se mezclen los
tantos entre el trabajo habitual del dispensario, que atiende a una vasta
población de ese sector -y cuya erogación de todas maneras el municipio debe
hacer- con los casos más graves de Ituzaingó Anexo.
Un dato clave: de los 461 mil pesos depositados hace un año
y medio por la Nación
en el Banco de Córdoba, Salamone asegura que quedan… 398 mil. Eso explica por
qué falta tanto por hacer, aunque no las razones.
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