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| Represión a la Asamblea de Andalgalá que resiste el proyecto minero Agua Rica |
“La situación de los derechos humanos en el Noroeste
argentino y las provincias de Córdoba y Mendoza es extremadamente crítica y la
falta de respuestas concretas apuntan a que el gobierno argentino está
incumpliendo sus obligaciones”. Estas son las conclusiones del informe sobre la
situación de los derechos humanos en el nordeste, realizado por una misión
integrada por representantes de diversas organizaciones sociales con sede en
Cataluña. El informe fue elaborado por el Grupo de Investigación en Derechos
Humanos y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica
de Cataluña, entre agosto y septiembre 2008, conjuntamente con el Movimiento
Indígena Argentino y miembros de las asambleas de vecinos autoconvocados. El
documento traza un marco panorámico sobre casos como el de Palma Sola,
recientemente publicado por lavaca. En el informe se puede descubrir un
procedimiento implícitamente acordado entre empresas sojeras y mineras con la
burocracia gubernamental, que permiten más de una injusticia hacia estas
comunidades: sobre sus terrenos, sus cultivos e incluso hasta sobre sus
cuerpos.
Sobre el informe: “Entre los meses de agosto y septiembre del
año 2008 una Misión constituida por representantes de varias organizaciones con
sede en Cataluña (España) visitó el Noroeste argentino y las provincias de
Córdoba y Mendoza con el propósito de investigar y documentar la situación de
los Derechos Humanos en comunidades campesinas e indígenas de las provincias de
Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba. Para el
relevamiento de la información y la realización de las entrevistas se contó con
la participación de organizaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena
de Argentina (MNCI) y algunos miembros de las Asambleas de Vecinos
Autoconvocados de la Unión
de Asambleas Ciudadanas (UAC), así como la colaboración de las autoridades
provinciales y federales argentinas desde sus diferentes niveles de gobierno,
especialmente en Santiago del Estero y Mendoza”.
Objetivo: “El objetivo principal de este informe es
entregarlo a las instancias, organismos e instituciones gubernamentales
nacionales e internacionales, así como a la sociedad civil internacional, para
que se emita una resolución al respecto o se tomen las medidas que se
consideren oportunas y necesarias”.
El avance de la soja: “El avance de la frontera agropecuaria
arroja algunas consecuencias graves: 16,6 millones de hectáreas destinadas al
cultivo de la soja, el equivalente al 50 % del territorio total sembrado (lo que
significó en 2008 una producción de 46,5 millones de toneladas). Si bien esto
permite a la Argentina
ser mundialmente el primer exportador en aceite de soja y el tercero en
semillas, el panorama se oscurece a causa de una brutal -y aún continua-
mutación del modo productivo de la zona: la tecnificación creciente obliga
-argumento de eficiencia- a la omisión de cierta mano de obra no calificada; la
gran extensión del territorio a producir es proclive a la concentración
empresarial -pequeños y medianos productores quedan diezmados-; otros
cultivos menos redituables pero igual de necesarios se dispersan y desaparecen
progresivamente al compás que la soja gana terreno incluso el de ciertas áreas
naturales supuestamente preservadas”.
El saqueo es el fin y el medio, el desalojo violento: “La
ocupación de los territorios -haciendas, chacras- por parte de los campesinos
es más hereditaria que formalista. Esto significa que muchas veces no tienen
los papeles que certifiquen la valía de su propiedad, por lo que los problemas
con los empresarios son recurrentes: adquieren terrenos ya ocupados por
indígenas o paisanos e imponen su producción. El saqueo es el fin; su medio, el
desalojo violento. Las familias expulsadas no quedan bajo resguardo alguno, ni
siquiera el provincial. Pero este es recién el último paso. Antes, los que no
fueron expulsados manifiestamente de sus terrenos, deben sortear otra
desventura: la fumigación con agrotóxicos -gilosofato es el de más renombre-
por rocío aéreo, práctica pesticida que conlleva un alto riesgo sanitario para
los habitantes de esas zonas”.
La minería contaminante: “La Ley de Inversiones Mineras (1993), el Código de
Minería (1886), el Acuerdo Federal Minero (también de 1993) y -homenaje a lo
absurdo- la Ley
de Protección Ambiental fueron y siguen siendo las distintas visas de nuestro
país para multinacionales mineras que habían sido expulsadas de sus propios
estados por contaminar. Quienes cuestionan a estas empresas por su tratamiento
ruin del suelo, la polución del aire y la corrupción de cuencas acuíferas son
generalmente amenazados y mandados a hacer silencio. En este sentido, los casosde las Mineras La Alumbreray Agua Rica en Catamarca son simbólicos. A su vez, se
detectaron minas abandonadas de las que solo perduran su capacidad de
contaminar el ambiente (son los casos de Abra Pampa y Pan de Azúcar en la Puna )”.
Derecho y realidad: “Según el marco legal argentino, los
derechos de los pueblos indígenas gozan de total reconocimiento. Sin embargo,
en la práctica ocurre todo lo contrario. Las comunidades de estas provincias
históricamente han sufrido la deferencia estatal: allí donde se han ocupado de
ellos, ha sido para despojarlos. La preocupación entonces, concluye el texto,
es que logren el derecho a su identidad como personas jurídicas -lo que
implicaría también reconocimiento de sus expresiones culturales- como así
también concretar la entrega formal de las tierras que las comunidades ya
ocupan y de otras tantas que les sean aptas y provechosas”.
Conclusiones: “Tras la visita, la Misión considera que la
situación de los derechos humanos en el Noroeste argentino y las provincias de
Córdoba y Mendoza es extremadamente crítica y que la falta de respuestas
concretas apuntan a que el gobierno argentino está incumpliendo sus
obligaciones adquiridas de derecho internacional con las ratificaciones del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio
169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros".
Las regiones visitadas presentan todas ellas una situación
social atravesada por profundas dinámicas de exclusión y desigualdad. Tales
dinámicas se agudizan especialmente en el caso de las mujeres y de la población
indígena y campesina, cuya situación de marginación social, económica, política
y cultural dibuja el contexto en el que se reproducen las citadas violaciones
de derechos. El problema de raíz se sitúa en la distribución y control de recursos
básicos para la supervivencia y el libre desarrollo individual y colectivo.
Esta situación es histórica pero, en los últimos tiempos, se ha reforzado por
el avance de la frontera agroindustrial y la explotación minera a gran escala,
implementadas o poco reguladas por los sucesivos gobiernos provinciales y
federales.
Las problemáticas recogidas en el informe son:
Desalojos forzosos y vulneración del derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
Represión en contra de campesinos/as y pueblos indígenas que reclaman mejores condiciones de vida.
Omisión, morosidad y limitada capacidad institucional para implementar la legislación sobre derechos humanos en dichas comunidades.
Destrucción de las comunidades campesinas e indígenas y de sus medios de vida acausa de la expansión sojera y la minería a gran escala.
Aumento de la inseguridad de la tenencia de la tierra de familias campesinas e indígenas a causa de la expansión sojera y la minería a gran escala.
Riesgos sobre la salud y el medio ambiente por el uso de agrotóxicos y los impactos producidos por la actividad minera a gran escala.
Falta de reconocimiento de las tierras y territorios indígenas.
Contactos:
Dr. Javier Álvarez del Castillo, Cátedra UNESCO en Sostenibilidad Universidad Politécnica de Cataluña, xalvarez@catunesco.upc.edu
Fuente:
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