por
Laura Rocha
En
la última sesión del año, la cámara de Diputados convirtió en
ley la iniciativa que institucionaliza la lucha contra la crisis
climática en la Argentina. El proyecto obtuvo 163 votos a favor y
ninguno en contra. Además, hubo ocho abstenciones.
La
norma, que fue aprobada sobre tablas y sin discusión, formaliza y da
carácter de política de Estado al gabinete nacional de cambio
climático, un organismo creado mediante el Decreto 891/2016.
En
concreto, el gabinete funciona bajo la órbita de la jefatura de
Gabinete de ministros y es coordinado técnicamente por la secretaría
de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
El
cuerpo tiene la función de articular -entre las distintas áreas de
gobierno- la implementación de un “Plan nacional de adaptación al
cambio climático”. El Gabinete está integrado por los titulares
de todos los ministerios, que representan la instancia política. El
trabajo técnico, en tanto, se desarrolla a través de mesas
temáticas y de puntos focales ministeriales.
Sus
objetivos principales son tres: establecer estrategias y políticas
vinculadas al estudio del impacto del cambio climático; promover
estrategias de reducción de emisión de gases de efecto invernadero;
y reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante
la problemática.
A
su vez, la ley establece la convocatoria a un Consejo Asesor Externo
integrado por especialistas en la materia, quienes “asistirán en
la elaboración de políticas públicas relacionadas con la Ley".
También establece la obligación de los organismos del Poder
Ejecutivo de aportar la información necesaria para la aplicación de
la ley y establece su carácter público, y crea un Sistema Nacional
de Información sobre Cambio Climático.
El
Consejo Asesor Externo deberá estar compuesto por científicos;
representantes de organizaciones ambientales; comunidades indígenas,
universidades; entidades académicas y empresariales; sindicatos;
centros de investigación públicos y privados y representantes de
partidos políticos con representación parlamentaria.
A
su vez, las provincicas deberán adherir a los presupuestos mínimos
establecidos por la Ley. Actualmente, la participación de las
provincias se articula a través del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA).
La
normativa había obtenido la media sanción del Senado en julio
pasado. Fue impulsada a por el senador Fernando “Pino” Solanas y
la senadora de Cambiemos, Lucila Crexell. Su propuesta recibió el
enfático respaldo de los los jóvenes representantes de la Alianza
por el Clima y Jóvenes por el Clima, quienes desde principio de año
militaron por la sanción de la normativa mediante reuniones con
legisladores y marchas en las calles.
De
hecho, al celebrar la sanción de la Ley, el mismo Solanas agradeció
a los grupos en sus redes sociales: “Gracias a @jovenesclimarg y la
@AlianzaxelClima, a todos los que marcharon y se movilizaron durante
todos estos años para hacer esto posible”, indicó.
En
diálogo con Infobae, Stephanie Cabovianco, de Alianza por el Clima,
destacó la sanción de la Ley: “Es un hito más en el impulso de la
agenda socioambiental que los jóvenes de todo el país estamos
logrando en conjunto. Celebramos el gran trabajo técnico detrás de
su creación y especialmente el consenso entre los distintos espacios
políticos para que sea posible. Los cambios radicales que pide la
ciencia para lograr un mundo habitable requerirán de muchas
instancias cómo estas a partir de ahora y en los próximos años”,
indicó. La próxima convocatoria de la organización tendrá lugar
el próximo viernes 29 de noviembre, frente al Congreso.
El
secretario de Ambiente, Sergio Bergman, celebró también la decisión
de los legisladores. En un mensaje compartido en sus redes sociales,
expresó: “¡Una noticia muy importante! Se aprobó la Ley de
Presupuestos Mínimos de #CambioClimático. De esta manera, se
formalizará el trabajo implementado en el Gabinete Nacional de
Cambio Climático, creado en 2016 y coordinado a nivel técnico por
la secretaría de Ambiente”.
Enrique
Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas también celebró
la iniciativa y destacó el hecho de que las provincias deberán
seguir la línea de la administración nacional: “Al ser una ley de
presupuestos mínimos de protección ambiental, que está basada en
el artículo 41 de la Constitución Nacional, establece su
obligatoriedad también para las provincias. Con esta ley van a tener
que tener sí o sí políticas sobre el cambio climático".
Además,
el proyecto establece expresamente el principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas (tanto globales como nacionales) así como
el de prioridad en las políticas públicas hacia los sectores más
vulnerables”.
Gabriela
Cerruti, diputada del Frente para la Victoria, indicó al respecto:
“Una vez más les jóvenes nos marcaron el camino. Una nueva marea
verde salió a la calle, nos enseñó que el futuro es ahora y se
metió en el palacio. Nos exigen que demos una respuesta y tenemos
que estar a la altura, ser parte de la solución, trabajar en pos de
que se comprenda que un modelo productivo sustentable es posible.
Todavía nos falta mucho camino por recorrer. La Ley es una excelente
noticia, pero no contempla el rol de las provincias ni define fondos
específicos. Esto no es un tema menor: Tenemos la obligación de
garantizar que las normas puedan implementarse y convertirse
efectivamente en políticas públicas concretas. Para profundizar en
esta dirección, tenemos la esperanza de que la agenda ambiental sea
central a partir del 10 de diciembre”.
Para
Enrique Maurtua Konstantinidis, de la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales la sanción de la Ley “es un hito”: “Es algo
fundamental, esto es un hito por la institucionalización del trabajo
climático. Es importante mencionar que esta ley habrá que seguir
trabajando en complementarla con otras; la crisis climática es un
tema tan amplio y abarca a tantos sectores que una sola ley no los
contempla. Esto se consiguió además con aportes de muchos sectores
y muchos partidos y es muy valioso en un momento con el actual en
donde se necesita construir consensos democráticamente”.
Los
puntos centrales de la norma:
Da un respaldo más sólido a la institucionalización del Gabinete Nacional de Cambio Climático, actualmente vigente mediante el Decreto 891/2016.
Crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que deberá ser convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la Ley.
Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
Determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental, de acuerdo con las leyes 25.831 y 25.675.
Fuente:
Laura Rocha, La Cámara de Diputados sancionó la Ley de lucha contra el cambio climático, 20 noviembre 2019, Infobae.
No hay comentarios:
Publicar un comentario