En
sintonía con la posición pampeana.
A
solo 20 días de dejar el gobierno nacional, el presidente Mauricio
Macri ordenó a sus colaboradores más directos que consigan la
aprobación del informe ambiental del proyecto de la central
hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en provincia de Mendoza. El
presidente debió involucrarse en persona, para favorecer a su aliado
político Alfredo Cornejo, ante la negativa de los órganos técnicos
a avalar un estudio que, tal como ha denunciado La Pampa, deja mucho
que desear y lejos está de cumplir con las exigencias de un estudio
hecho con seriedad para evaluar los posibles impactos ambientales de
la represa y merituar planes de contingencia.
La
novedad fue publicada ayer por el portal EconoJournal, un diario
on-line especializado en Economía, energía y minería en un
articulo titulado «Presión de Macri para aprobar el informe
ambiental de Portezuelo del Viento».
Según
el portal, la presión de Macri «busca cumplir con un compromiso
asumido con el gobernador radical (de Mendoza), Alfredo Cornejo,
presidente del comité nacional de la UCR y uno de los alfiles de la
coalición Cambiemos».
El
apuro de la Casa Rosada «generó resistencia en la Secretaría de
Gobierno de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman», donde la
línea técnica de la cartera ya le comunico a la Jefatura de
Gabinete «que no firmarán el estudio de impacto ambiental de la
obra porque consideran que falta documentación» y además,
consideran que no corresponde el apuro cuando faltan pocos días para
que asuman nuevas autoridades.
Auditoría
pampeana
Si
bien el artículo no especifica a cuál de los dos estudios de
impacto ambiental se refiere, la mención a «falta de documentación»
remite al elaborado por las universidades de La Plata y del Litoral
que contrató el comité de cuenca del río Colorado, Coirco, a
pedido de La Pampa.
El
otro EIA sobre la represa fue elaborado por la Universidad de Cuyo a
pedido del gobierno de Mendoza y que se limitó al territorio de esa
provincia, como si los impactos fueran a respetar límites políticos.
Fue esa notoria falencia la que llevó a La Pampa a exigirle al
comité de cuenca que en su rol de gestión de toda la cuenca,
convocara la realización de un nuevo estudio, que se conoció como
Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR).
Este
segundo estudio fue auditado y severamente criticado por el gobierno
de La Pampa merced al trabajo de un equipo de profesionales de la
Universidad Nacional de La Pampa que a lo largo de todo 2018 y
primeros meses de 2019 analizó en detalle cada párrafo de los
informes parciales y del informe final que entregaron aquellas dos
universidades.
Una
de las objeciones fundamentales que señaló la UNLPam fue que las
universidades contratadas no habían cumplido acabadamente con el
trabajo que se le había encomendado y pagado, principalmente en
cuanto a la calidad del trabajo, la profundidad, las tareas de campo
y los informes prometidos.
Falta
información
En
el mes de marzo, en la reunión ordinaria de Coirco, los
representantes pampeanos entregaron en mano a las autoridades del
comité de cuenca el voluminoso libro con las objeciones realizadas
al EIAR y con ese fundamento se negaron a aprobar el informe final
entregado por UNL-UNLP. Los representantes de las otras provincias,
por el contrario, lo apoyaron aún sin haberlo leído en detalle.
Ahora,
según se desprende del artículo de EconoJournal, los profesionales
de la Secretaría de Medio Ambiente han sintonizado la misma
frecuencia de La Pampa y se niegan a ponerle la firma al trabajo de
aquellas dos universidades.
Según
EconoJournal, es el secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, quien está llevando
adelante el lobby en Buenos Aires en nombre del gobernador Cornejo.
«El informe debe ser aprobado por los secretarios de Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable, Política Ambiental en Recursos
Naturales y Control y Fiscalización, pero Bergman ya informó que no
suscribirán la documentación», detalló el portal.
«Uno
de los argumentos es que los términos de referencia establecen la
presentación de una larga lista de requerimientos que todavía no
fueron completados por la provincia -tal como señaló La Pampa-,
pero, más allá de eso, no hay voluntad política de aprobar ese
informe en medio de la transición porque consideran que debería ser
el próximo gobierno el encargado de decidir».
La
situación llegó al punto que el propio jefe de Gabinete, Marcos
Peña, se involucró personalmente en el tema presionando a Bergman
para que los funcionarios de Ambiente avalen la iniciativa.
La
misma historia
«Cuando
el macrismo llegó al gobierno, se quejó porque el kirchnerismo
había apurado la firma del informe ambiental de las represas de
Santa Cruz justo antes de irse del poder», recordó EconoJournal en
los párrafos finales de su artículo.
«De
hecho, el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Cristina
Kirchner dejara la presidencia, la secretaría de Medio Ambiente de
Santa Cruz había aprobado la declaración de impacto ambiental y ese
mismo día se había realizado la audiencia pública. Las
desprolijidades de aquel proceso llevaron a la Corte Suprema a anular
lo hecho en diciembre de 2016 y el gobierno de Macri debió llevar
adelante otro estudio ambiental».
«Como
en tantos otros temas, el presidente Mauricio Macri parece no haber
aprendido de los errores del pasado, muchos de los cuales incluso
cuestionó duramente, y ahora busca hacer lo mismo», concluyó.
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