La
Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad costera confirmó el
procesamiento de empresarios que fabrican harina de pescado. Los
desechos vertidos en la zona del puerto son el eje del caso.
por
Fernando Soriano
En
el mismo mar donde durante el verano miles de familias empapan y
relajan sus cuerpos de vacaciones, una fábrica de harina de pescado
volcó durante años sustancias tóxicas con total impunidad. Se
presume que fue así, al menos, hasta que el olfato (literalmente) de
dos agentes de Prefectura Naval, alertados por una aroma nauseabundo
durante un recorrido por la playa del puerto de Mar del Plata, abrió
una investigación paradigmática a cargo del juez federal Santiago
Inchausti en relación con los delitos ambientales de la ciudad
costera.
Siete
directivos de la compañía Coomarpes, cuyos nombres no
trascendieron, fueron los primeros empresarios de la historia
judicial marplatense en haber sido investigados y procesados por un
delito federal que podría significarles una pena de hasta 10 años
de prisión por violar la ley nacional de residuos peligrosos y
contaminar el ambiente.
Si
bien la causa se abrió en 2016, la situación de estos empresarios
se complicó el pasado 5 de septiembre cuando la Cámara Federal de
Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento que había
dictado el juez Santiago Inchausti, el embargo de $2 millones a cada
uno de los imputados y la conformación de un incidente de control y
verificación de impacto ambiental contra Coomarpes.
La
investigación comenzó el 25 de febrero de 2016 cuando la Justicia
federal buscaba pruebas en la zona del puerto marplatense en otra
causa por contaminación. Durante ese trabajo, dos agentes de
Prefectura Naval Argentina detectaron en un desagüe pluvial de la
"playa del puerto" -un espacio público ubicado entre la
zona de embarcaciones y Punta Mogotes, que en verano es frecuentado
por bañistas- la "descarga de un líquido color oscuro con
elevado olor a putrefacción", según indica el expediente, al
que tuvo acceso Infobae.
Los
agentes rápidamente detectaron que los líquidos provenían de
diferentes bocas de tormenta cercanas a la fábrica de harina de
pescado y ese mismo mes comenzó una investigación que descubrió
una presunta práctica sistemática y cotidiana de vertido de
sustancias tóxicas sin el proceso obligatorio de tratamiento de
residuos que impone la ley.
El
juez Inchausti ordenó enseguida la toma de 12 muestras del líquido
y el barro encontrado en distintos puntos del recorrido (el desagüe
pluvial que desemboca en la playa, la tubería de PVC de la planta de
la empresa, la tapa de registro de agua de la planta de la firma y el
espejo de agua de la playa), que fueron analizadas por distintos
expertos. Y, dos días después, indicó la extracción de otras 24
muestras.
Los
resultados de esos análisis demostraron que las sustancias tóxicas
provenían del galpón de la fábrica de harina de pescado, del
taller y del área de lavado de cajones y que estaban en el agua
hasta en proporciones 20 veces mayor que el límite permitido.
"Superaban ampliamente los parámetros cualitativos y
cuantitativos de los normados como límites admisibles que regula la
Resolución 336/03 de la Autoridad del Agua", remarcó Inchausti
en el fallo donde procesó a los empresarios y al que accedió
Infobae.
Las
sustancias encontradas fueron amoníaco, nitritos, sulfuros, cobre,
grasas, aceites, petróleo, materia fecal y plomo, entre otros. Los
expertos consultados en la causa explicaron que este material tóxico
provoca la obstrucción de las cañerías por acumulación de grasas
y sedimentos en los pozos de bombeo de las estaciones elevadoras de
la empresa del servicio de agua, con la consecuente rotura de éstas.
Y,
sobre el medio ambiente, la polución de altas concentraciones de
materia orgánica y grasas provoca la generación de malos olores por
desprendimiento y la contaminación del agua de mar, con los peligros
que eso trae para la salud de los animales que habitan el océano y
los eventuales bañistas.
Los
abogados defensores de los siete acusados, directivos de la
Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria (el nombre formal de
Coomarpes), cuestionaron al juez Inchausti y plantearon que no
generaban residuos peligrosos, que no estaba probado que se hubiera
contaminado el mar y que no se podía hablar de delito ecológico.
Pero los jueces de la Cámara desestimaron la semana pasada las
observaciones.
En
la última audiencia, celebrada en marzo, la querella del caso
destacó que el color y el olor de los líquidos son consecuencia de
la presencia de desechos de pescados y mariscos en estado de
descomposición y que resultan altamente contaminantes por sus altos
niveles de DQO/DBO (cantidad de oxígeno que los microorganismos
consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas), que
suponen un riesgo para la salud humana.
El
fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler, remarcó en esa misma
oportunidad que "se ha verificado un innegable hecho
contaminante", que "demostraron indudablemente la presencia
de coliformes fecales, los cuales -según las conclusiones
periciales- afectan la salud de la población, de los niños que
juegan en la playa del puerto, playa pública por cierto".
"Pensé
que las defensas iban a reconocer el hecho indudablemente
contaminante, que iban a ponerse a disposición de la Justicia, a
encauzar esto a través de la responsabilidad social empresaria; nada
de eso. Han venido a negar el hecho, un hecho indudable, dentro de un
puerto que está en una situación vergonzosa en cuanto a suciedad,
que se evidencia en esta causa que lleva muchísimo tiempo, por
lentitud e ineficacia de la Justicia federal de Mar del Plata",
advirtió Adler, que calificó la actitud de los imputados como
"pertinaz y rebelde frente a la ley".
Los
procesados por el caso son, precisamente, los más altos directivos
de Coomarpes: presidente, vicepresidente, secretario, vocales
titulares, síndico titular y gerente.
Los
acusados, que siempre se negaron a declarar, están en libertad y
esperarán el juicio (sin fecha estimada por ahora) en esa condición.
"Es un delito relativamente leve dentro del Código Penal y
siempre han estado sujetos a derecho, por lo que no existe riesgo
procesal ni de fuga en el camino al juicio", explicó una fuente
del caso, para justificar por qué no se dictó la prisión
preventiva.
No
obstante, la Cámara de Apelaciones entendió que los imputados
"decidieron con conocimiento y voluntad desechar esos residuos
contaminantes por los pluviales", lo que conformaría un dolo
directo y eso agravaría la pena, que se estima de hasta 10 años de
prisión.
El
caso de Coomarpes sienta un precedente grave sobre contaminación en
el puerto de Mar del Plata, pero no es el único. "Hemos
detectado varios buques pesqueros que dentro de su mecánica de
producción diaria arrojaban los desechos líquidos directamente al
mar en la zona del puerto", comentó una fuente judicial.
Entre
los vecinos del sur de Mar del Plata siempre existió la sospecha de
contaminación de parte de las fábricas de harina de pescado de la
zona. "Acá siempre hubo mucho olor feo, a podrido, en la zona
del puerto, y siempre se trató de determinar si era de la producción
de la harina de pescado, es un olor muy molesto y que se siente a
varias cuadras", comentó un habitante de la zona, que prefirió
no dar su nombre.
En
su página web, Coomarpes relata que funciona desde 1950: "Hoy
Coomarpes agrupa a más de 80 embarcaciones de distintas dimensiones,
que utilizando diferentes métodos y artes de pesca se dedican a la
captura de diversas especies, totalizando alrededor de 30.000
toneladas anuales. Con una administración fundada en la
transparencia, honestidad y alto sentido de la responsabilidad
social, posibilita el desarrollo directo e indirecto de más de cinco
mil familias relacionadas al sector pesquero".
Los
jueces de Cámara Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez además
ordenaron al magistrado Inchausti que profundice la investigación
"con el objeto de aportar nuevos elementos de cargo que permitan
contar con mayores detalles sobre la modalidad y particularidad del
proceso de toma de decisiones, y las responsabilidades funcionales
inherentes de los sindicados en la empresa investigada".
Sobre
los embargos de dos millones de pesos a cada imputado justificaron:
"No puede desconocerse que los delitos ambientales suelen
generar daños cuya reparación, sea en modalidad de restitución o
indemnización, demandan grandes recursos económicos".
"Ordenamos
formar un legajo de seguimiento, con la idea de cortar esta práctica
de ahora en adelante. Pedimos a las agencias de control que hagan
chequeos bimestrales y hagan inspecciones en la empresa
periódicamente", comentó a Infobae uno de los investigadores,
quien resaltó: "Es la primera vez que se procesa a una empresa
por este tipo de contaminación. En la zona hay playas de bañistas,
hay varios clubes que tienen sus sectores dentro del espejo de agua
del puerto. Además de la contaminación de la reserva de lobos
marinos, peces y organismos vivos, puede perjudicar seriamente la
salud de las personas".
Fuente:
Fernando Soriano fsoriano@infobae.com, Petróleo, bacterias fecales y pescado podrido en el agua de Mar del Plata: la contaminación que investiga la Justicia, 11 septiembre 2019, Infobae.
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