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| Río Ceballos después de las catastróficas inundaciones de febrero de 2015. Foto: Colectivo Manifiesto. |
A cuatro años de las inundaciones, los vecinos siguen esperando las obras para prevenir una nueva tragedia ambiental por la desidia del Estado y la voracidad de los desarrollistas inmobiliarios. “Estamos igual que en 2015, pero con un gran aprendizaje ciudadano”, aseguró Rosa Cativa, impulsora del amparo ambiental que obliga al gobierno provincial a hacer obras preventivas.
El 15 de febrero
es una fecha marcada con recuerdos negros en el calendario del
inconsciente colectivo cordobés. Las inundaciones dejaron
consecuencias gravísimas, personas fallecidas, heridos, evacuados,
barrios enteros arrasados y mucho dolor. Lo que no parece haber
dejado esa tragedia fue un gran aprendizaje para el Estado, que
todavía no realizó todas las obras de prevención necesarias para
que no se repita un hecho tan grave.
Lo que ganamos
fue ciudadanía. No se hicieron las obras, sólo se drenó el río y
se dejaron los sedimentos al costado. Hay yuyos de cuatro metros. Lo
bueno es que ahora, ante un desmonte, la gente se moviliza”,
aseguró Rosa Cativa, impulsora del amparo ambiental que hace unos
días tuvo fallo favorable en la Justicia y obliga a la Provincia a
realizar tomar una serie de medidas para prevenir una nueva
inundación como la de 2015.
En el amparo se
requiere que se arbitren los medios necesarios para: implementar un
sistema de alertas tempranas que permita detectar, evaluar, informar
y prevenir cualquier fenómeno meteorológico; definir un protocolo
de coordinación de las áreas de la Administración Pública
encargadas de la Seguridad Pública; establecer un protocolo de
manejo del dique “La Quebrada”; y desarrollar un plan de
remediación forestal y de urbanización para la zona afectada.
La Justicia de
Córdoba registró el reclamo presentado por Cativa como “proceso
colectivo”, ya que “la clase afectada por este proceso está
integrada por los vecinos de las localidades de Mendiolaza y Villa
Allende de la provincia de Córdoba”.
Sin embargo, la
situación hoy no tiene buenas perspectivas. Los desmontes para
loteos están a la orden del día. “Aunque la gente se moviliza, el
Estado lo aprueba. 500 vecinos dijimos no en Unquillo a ‘El
Montecito’, un predio de 100 hectáreas que va a inundar todo
Unquillo y Mendiolaza. Los dueños son fideicomisos de gente
vinculada al poder político y judicial. O sea que tampoco podemos ir
a un juicio. Lo mismo pasó con ‘El Terrón’, que va a inundar el
Talar y Mendiolaza”, repasó Cativa.
Ahora, la vecina
que presentó el amparo espera que el Estado brinde respuestas:
“Hasta abril están anunciadas lluvias que pueden ser de mucha agua
en poco tiempo. Yo le pedí a Fabián López (NdR: ministro de
Servicios Públicos) que viniera a recorrer la cuenca pero no me lo
concedió”. Cativa recordó que el panorama ante una nueva caída
intensa de agua es peligroso, ya que “las obras no se hicieron, los
countries no tienen lagunas de contención y además tiran el agua a
los barrios más bajos de cada localidad”.
“No hay alertas
tempranas ni señalización de por dónde evacuar. Si dan la orden de
evacuación ¿para dónde corremos? Estamos igual que en 2015, pero
con un aprendizaje ciudadano”, concluyó.
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