por Shasta
Darlington
SÃO PAULO - A
la par de un precio del oro en alza, se ha disparado una epidemia de
minería ilegal en la Amazonía que pone en peligro a territorios
indígenas y otras tierras protegidas en la selva tropical más
grande del mundo, según alerta un nuevo estudio publicado por un
grupo de organizaciones medioambientales.
Los
investigadores analizaron datos de seis países en la región
amazónica e identificaron 2312 sitios ilegales mineros y 245 áreas
de gran escala donde los mineros tienen infraestructura sofisticada
para la que han talado bosques y han contaminado ríos con mercurio;
usualmente dragan esa área en busca de oro y para extraer diamantes
o coltan, utilizado para fabricar dispositivos.
“El problema
nunca ha sido peor en la historia”, dijo Alicia Rolla, una de las
coordinadoras de la Red Amazónica de Información Socioambiental
Georreferenciada, o RAISG. “Queríamos darle visibilidad a un tema
enorme que traspasa fronteras”.
El reporte fue
hecho a partir de la compilación de datos de socios locales de la
red, de reportes noticiosos y de investigaciones por parte de ocho
grupos ambientalistas apartidistas que estudiaron imágenes
satelitales, con el fin de hacer un mapa con los sitios mineros en
Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
Cada sitio en ese mapa contiene detalles sobre qué material es minado ahí, al igual
que sobre los impactos ambientales y sociales de las minas; por
ejemplo, si el dragado afecta los ríos o qué contaminantes tóxicos
terminan en las plantas, animales y personas. El reporte indica que
Venezuela tiene más minas ilegales que cualquier otro de los países
estudiados, seguido por Brasil y Ecuador.
Los
investigadores esperan poder ejercer presión contra los gobiernos
para que trabajen en conjunto para combatir la actividad criminal
internacional.
“Cuando las
autoridades brasileñas persiguen a los mineros, estos huyen hacia
Venezuela y viceversa”, dijo Rolla. “Necesita haber cooperación
intergubernamental”.
Sin embargo, la
experta añadió que podría haber fuertes reveses tras la elección
de Jair Bolsonaro, capitán del ejército con posturas de
ultraderecha que ha prometido deshacerse de la supuesta “industria”
de multar a empresas que violen la ley ambiental y a poner fin a la
demarcación de tierras indígenas.
“Si hace todo
lo que ha prometido hacer, las cosas empeorarán, no van a mejorar”,
comentó Rolla. “Cuando empezamos a trabajar en el proyecto hace
más de un año no nos imaginamos tal tragedia”.
Bolsonaro ha
dejado en claro que favorece el permitir mayor actividad comercial
en la Amazonía y que pretende reducir los presupuestos de agencias
gubernamentales que monitorean y castigan la actividad ilegal en la
zona.
“Donde hay
tierra indígena”, dijo Bolsonaro en 2017, “hay riqueza debajo”.
Aunque el
presidente electo de Brasil ha cedido en amenazas como la de eliminar
el Ministerio de Medio Ambiente brasileño y la de retirarse del
Acuerdo de París sobre combate al cambio climático. Sin embargo, su
gobierno anunció que ya no será sede de la cumbre anual climática
de la ONU en 2019, cuando Bolsonaro estará en el cargo.
El ministro de
Medio Ambiente de Bolsonaro será Ricardo de Aquino Salles, abogado
que fue acusado por la procuraduría de alterar de manera ilegal
mapas de impacto ambiental cuando era parte de la secretaría
medioambiental del estado de São Paulo.
Los expertos
dicen que la tala y las invasiones de tierras en la Amazonía
brasileña se dispararon a la par que Bolsonaro mejoraba en las
encuestas antes de la elección de octubre. Entre agosto de 2017 y
julio de 2018, la deforestación aumentó 13,7 por ciento; es el
mayor aumento en una década, de acuerdo con el Ministerio de Medio
Ambiente de Brasil.
“Fue una
locura”, dijo Fany Ricardo, antropóloga del Instituto
Socioambiental de Brasil, uno de los grupos que estuvo involucrado en
la investigación. “Durante la campaña, las tasas de deforestación
solo crecieron y crecieron, incluso en tierras indígenas donde está
estrictamente prohibido. Ahora aún hay monitoreo; después será
peor”, dijo, en referencia a posibles acciones del gobierno de
Bolsonaro, que entra al poder el 1 de enero.
El mapa publicado
por RAISG muestra que hay sitios de minería ilegal dentro de 37
territorios indígenas, dieciocho de ellos en Brasil, y que hay
sitios cerca o alrededor de otros 78 territorios.
“Hay
consecuencias muy serias”, dijo Ricardo. “Más allá de la
contaminación, los mineros están muy cerca de las tribus aisladas,
lo que sería una amenaza mortal en cuanto a posibles enfermedades y
conflictos”.
La minería es
ilegal dentro de los territorios indígenas en Brasil, pero en
algunos casos las tribus la ignoran a cambio de recibir pagos. Los
integrantes de RAISG esperan que exhibir hasta qué punto llega la
actividad ilegal en la zona incentive a los gobiernos a respaldar
maneras de generar ingresos que sean alternativos y sostenibles, como
la recolección de frutas exóticas que atraen a compradores de altos
niveles.
“Con el
presidente electo, no sé si eso podrá suceder”, dijo Ricardo.
En el reporte de
RAISG, los investigadores también incluyeron casos de estudio sobre
el efecto que tiene el mercurio usado en la minería ilegal en las
tribus indígenas y comunidades pesqueras aisladas.
La investigación
destacó que en un muestreo de cabellos tomados de una comunidad
donde abunda la minería ilegal, Aracaçá -ubicada en el
territorio indígena yanomami, que está en zonas de Brasil y de
Venezuela-, el 92 por ciento de las hebras tenían niveles altos de
contaminación por mercurio.
El mapa también
muestra que la minería ilegal usualmente sucede en conjunto con la
legal.
Los
investigadores esperan poder actualizar el mapa con más información;
Rolla, la coordinadora de RAISG, indicó que la minería tiene muchas
consecuencias sociales que requieren de más documentación.
“El problema no
es solo la deforestación o la contaminación, sino un elemento
social que incluye enfermedades, prostitución y desplazamientos”,
indicó. “Lo que necesitamos es más monitoreo, no menos, y temo
que suceda lo contrario”.
Fuente:
Shasta Darlington, La minería ilegal ‘está peor que nunca’, según un estudio, 12/12/18, The New York Times.
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