El nuevo informe
"¿A qué precio?" de la organización Global Witness,
contabilizó más de 200 asesinatos de defensores ambientales y de la
tierra. El 60 por ciento de los asesinatos se concentra en América
Latina.
por Judit
Alonso
Según Global
Witness, un total de 207 líderes indígenas, sociales y
medioambientalistas fueron asesinados en 22 países en 2017 por
intentar proteger sus hogares y comunidades frente al agronegocio,
minería y otras industrias. Los datos del informe de "¿A qué
precio?", presentado este martes (24.07) apuntan que el 60 por
ciento de las muertes se concentra en América Latina, con Brasil a
la cabeza que con 57 asesinatos registra la mayor tasa mundial.
Asimismo, en México y Perú se han incrementado las muertes, de 3 a
15 y de 2 a 8 respectivamente.
El informe
muestra un incremento de asesinatos vinculados con los productos de
consumo, como la agricultura a larga escala, la minería y la tala
que producen componentes e ingredientes de productos del supermercado
como el aceite de palma para jabón, soja para el ganado y madera
para muebles. Así, el agronegocio es el culpable de la mayoría de
estas muertes y se sitúa, por primera vez, en la actividad económica
más mortífera para el colectivo, con 46 asesinatos. De este modo,
sobrepasa a la minería que pasó de 33 a 40, respecto a 2016,
mientras que 23 están vinculados con la tala forestal.
Desde que la
organización comenzó a registrar los homicidios, en 2002, Brasil ha
sido el país más peligroso para defender la tierra o el medio
ambiente en la última década, con un promedio de 42 asesinatos por
año desde 2012. No obstante, el pasado año fue el peor registrado,
en comparación con cualquier otro país del mundo, con 57 personas
defensoras asesinadas. "La protección ambiental se está
reduciendo en países como Brasil, mientras que los gobiernos están
promoviendo mayores inversiones en la agricultura a gran escala.
Esto, junto con la ausencia del Estado de derecho en regiones ricas
en recursos como el Amazonas, ha significado un aumento de los
homicidios relacionados con los agronegocios, explicó a DW Billy
Kyte, jefe de campañas de Global Witness.
Y es que el
informe vincula 53 de los asesinatos a fuerzas de seguridad
gubernamentales y 90 a actores no estatales como bandas criminales.
De este modo, el estudio acusa a algunos gobiernos y empresas como
cómplices de estas muertes y urge a la movilización para revertir
esta tendencia. En el informe se enumeran una serie de
recomendaciones a seguir, entre las que se encuentran, "atacar
de raíz el problema abordando las causas de la violencia contra los
defensores, especialmente la falta de consentimiento libre, previo e
informado de las comunidades para el uso de sus tierras y recursos
naturales”, subrayó Kyle.
México: Derechos
Humanos en crisis
De acuerdo con el
reporte "¿A qué precio?", en México 15 defensores
medioambientales fueron asesinados en 2017, en comparación con los
tres asesinados el año anterior. "México se encuentra sumido
en la peor crisis de Derechos Humanos, derivada de la inseguridad y
violencia de casi 12 años de combate al narcotráfico”, recordó a
DW, Isela Gonzalez, directora de la Alianza Sierra Madre. "Aunado
a esto, se han implementado proyectos extractivos en las regiones
indígenas que han provocado diversas resistencias”, agregó la
líderesa de dicha organización, que ha defendido los derechos
indígenas en la Sierra Tarahumara durante los últimos 20 años.
Casi las tres
cuartas partes de las personas asesinadas eran indígenas. "El
Estado no ha respetado los derechos colectivos de las comunidades
indígenas como el derecho a la autonomía, a la consulta previa,
libre e informada, al territorio y al desarrollo propio lo cual ha
derivado en un gran número de conflictos socioambientales en el país
y un aumento de la violencia en contra de las comunidades que
defienden sus derechos y su territorio”, explicó a DW Alejandra
Leyva, abogada del área de derechos humanos de la organización
mexicana CEMDA.
Uno de los
indígenas asesinados fue Isidro Baldenegro, defensor de los bosques
de la Sierra Tarahumara, que había abandonado su comunidad en el
norte de México tras recibir amenazas. "Cuando regresó el 15
de enero de 2017, un presunto sicario lo mató de un disparo. La
historia se repitió trágicamente: el padre de Isidro también fue
brutalmente asesinado 30 años antes por oponerse a la tala”,
lamentó Kyte.
"Durante los
últimos dos años, han asesinado a otros defensores que continúan
la lucha contra la explotación forestal. Las comunidades se
enfrentan a intereses económicos y políticos: empresarios
madereros, concesiones mineras, caciques, funcionarios
gubernamentales corruptos y a la delincuencia organizada con sus
grupos de sicarios”, agregó González.
Leyva culpó a la
impunidad como factor que impide el acceso a la justicia de las
comunidades indígenas y campesinas frente a la violación de sus
derechos. Igualmente resaltó la falta de "una reparación
integral al daño frente a estas violaciones que impactan gravemente
en sus formas de vida y en su patrimonio biocultural. También manda
un mensaje a quienes cometen las agresiones en contra de los
medioambientalistas: que no hay consecuencias para tal violencia”.
Impunidad,
asignatura pendiente
La impunidad
también fue causa de las 24 muertes de personas defensoras de la
tierra y el medio ambiente en Colombia en 2017. Aunque actualmente,
el país latinoamericano se encuentra en una constante pérdida de
líderes sociales, anualmente se situa entre los tres peores países
para los activistas, según el informe de Global Witness.
Los
investigadores apuntan que la situación ha empeorado desde el
proceso de paz ya que los miembros de comunidades desplazadas son
atacados cuando regresan a sus hogares, mientras que grupos rivales
compiten para controlar los recursos naturales. Así, relatan que el
pasado 8 de diciembre de 2017, Hernán Bedoya, líder
afrodescendiente del Chocó, fue asesinado por un nuevo grupo
paramilitar debido a su oposición al cultivo de la palma aceitera,
las bananeras y las fincas ganaderas que se expandían en el
territorio de su comunidad y destruían el bosque.
Ocho años antes,
otro líder afrodescendiente del Chocó fue asesinado y el hecho aún
no ha sido resuelto. Por este motivo, Global Witness, junto a Vance
Center, analizó los más de cien asesinatos contabilizados entre
julio de 2010 y junio de 2016, y la respuesta del Poder Judicial
colombiano a cada uno de ellos. “En 102 casos se inició una
investigación; pero solo nueve casos dieron lugar a un veredicto y
únicamente ocho de éstos terminaron en una condena”, comentaron
asombrados.
Otro informe
elaborado por la organización, centrado en Honduras, también apunta
a la impunidad, entre otras cosas, como causa del empeoramiento de la
situación del país centroamericano. En 2017, cinco personas
defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas.
Aunque se ha reducido el número de muertes, en comparación con
2016, con 14 asesinatos - entre ellos el de la defensora Berta
Cáceres, la represión de los defensoras de derechos humanos ha
empeorado. Y los activistas enfrentan criminalización, amenazas de
muerte, brutalidad policial y homicidios durante las protestas. Según
datos de este reporte especializado, 128 personas fueron asesinadas
en Honduras entre 2010 y 2016, una cifra mayor a la presentada en
cualquier otro lugar del mundo durante el mismo período.
En busca de
medidas efectivas
Para erradicar
esta tendencia, se requiere la participación de todos los actores:
gobiernos, empresas y sociedad civil. "Es fundamental usar la
voz de los consumidores para amplificar la voz de los defensores y
aclarar los desafíos que enfrentan. Cuando se echa un vistazo a los
sectores que manejan ataques contra defensores, el problema se siente
más cerca”, aseguró Kyte.
Desde 2012,
México cuenta con un mecanismo de protección para defensores de los
derechos humanos y periodistas. No obstante, "ha tenido una
función desgraciadamente limitada pues se ha concentrado más en
generar medidas reactivas que generar una política integral de
protección que atienda las causas que generan los conflictos
socioambientales”, lamentó Leyva. En este sentido, Isela González,
quien recibió amenazas de muerte en 2014, aseguró a DW que tal
mecanismo no funciona. "No toma en cuenta las condiciones
geográficas, sociales y de comunicación, en las que se encuentran
los defensores de territorios y recursos naturales”, dijo.
Para suplir este
vacío, el pasado mes de marzo se lanzaron un par de iniciativas
internacionales: una del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y el denominado ‘Acuerdo de Escazú'. La abogada
de CEMDA se mostró entusiasmada por esta última medida ya que se
establece "la obligación por parte de los Estados de garantizar
la protección a las personas y colectivos que defienden el medio
ambiente, la tierra y el territorio para que puedan seguir realizando
su labor”. Sin embargo, la directora de la Alianza Sierra Madre se
mostró escéptica sobre su aplicación ya que el país "no
cumple con otros tratados internacionales de los que México es
parte”.
Para el jefe de
campañas de Global Witness, "ambas iniciativas deben ser
bienvenidas como un paso en la dirección correcta; pero en última
instancia sin acciones de los gobiernos y las empresas, los
homicidios no se reducirán”. Por ello instó a los gobiernos a
"garantizar la rendición de cuentas para que los responsables
de los ataques contra los defensores sean llevados ante la justicia,
para que haya consecuencias para aquellos que no protegen a los
activistas y para las empresas que no realizan la debida diligencia
adecuada en sus cadenas de suministro”.
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Fuente:
Judit Alonso, América Latina, donde ser activista cuesta la vida, 01/08/18, Deutsche Welle. Consultado 04/08/18.
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