Son empleados de
Cuencas Serranas S.A. Están acusados de daño a un bien de uso
público, contaminación ambiental dolosa y desobediencia a la
autoridad.
El fiscal de
Instrucción de Cosquín, Martín Bertone, ordenó elevar a juicio la
causa contra dos empleados de la empresa Cuencas Serranas S.A.
acusados de daño a un bien de uso público, contaminación ambiental
dolosa continuada, y desobediencia a la autoridad en la investigación
por la contaminación del arroyo Huerta Grande por volcamientos de
fluidos crudos.
Los imputados son
el jefe de redes Jorge Pafundo y la titular del área administrativa
de la unión de cooperativas de las sierras, Fernanda Eguiguren. Se
los acusa por los presuntos delitos de "daño calificado a un
bien de uso público y contaminación dolosa continuada en concurso
ideal y desobediencia a la autoridad".
Pafundo se
desempeña como coordinador operativo, responsable de la operación y
mantenimiento integral del servicio de conexiones domiciliarias,
redes colectoras y conducciones primarias, estaciones de bombeo,
plantas depuradoras de efluentes y la disposición final de los
efluentes cloacales de la empresa Cuencas Serranas S.A.
Según la causa,
entre abril de 2017 y agosto del año pasado, los coimpuados "en
forma dolosa habrían omitido efectuar las tareas esenciales de
mantenimiento y reparación necesarias en la Estación de Bombeo
ubicada sobre la ruta 38, de la localidad de Huerta Grande,
ocasionando con dicha inacción, que las bombas fallaran y dejasen de
funcionar correctamente lo que incrementó el riesgo no permitido,
por lo que los efluentes cloacales ingresados a dicha estación
resultasen volcados al arroyo Huerta Grande ubicado a 100 metros de
la misma sin recibir el correcto tratamiento de purificación".
Para ello, el
fiscal hizo hincapié en un infome técnico elaborado por la sección
de Química Legal de Policía Judicial y el laboratorio de Química
Aplicada de la Universidad Tecnológica Nacional en el que se alertó
sobre altos índices de bacterias coliformes y de escherichia coli
termoestable.
Se resaltó que
el agua del "arroyo Huerta Grande resultó contaminada de un
modo peligroso para la salud de las personas expuestas a la misma,
provocando un daño intencional al mismo bien de uso público".
Al mismo tiempo,
la acusación indica que los imputados "sobedecieron la orden
emanada del Ente Regulador de Servicios Públicos del Gobierno de la
Provincia de Córdoba (Ersep), mediante decretos de fechas 26 y 31 de
julio de2017, donde se los intimaba implementar medidas correctivas
de seguridad de la estación de bombeo de Huerta Grande".
En un descargo
público al conocerse las imputaciones el año pasado, los abogados
de la Asociación Regional de Cooperativas (Arcoop) plantearon de
manera pública que todo se debía a fallas en los aportes del Estado
provincial y cuestionaron la última resolución judicial.
Uno de los
letrados, Julio César Martínez, planteó que recibieron plantas de
tratamiento de líquidos cloacales con serias deficiencias cuando se
cayó la posibilidad de que el servicio pasara a manos de la firma
española Aguas de Bilbao.
Fuente:
A juicio por contaminar el arroyo de Huerta Grande, 03/08/18, La Voz del Interior. Consultado 06/08/18.
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