Este es un
artículo de opinión de Ilsen Jara, directora de comunicaciones de
Amnistía Internacional Chile.
por Ilsen Jara
SANTIAGO, 15 jun
2018 (IPS) - Junto con Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches, miembros
del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del
Medioambiente (Modatima), caminamos sobre el río La Ligua de la
provincia de Petorca, en Chile.
Así es, junto a
estos defensores del derecho al agua, caminamos con nostalgia sobre
lo que fue el río que hace unos 20 años inundaba de alegría y vida
a quienes disfrutaban de sus aguas.
La sequía en la
provincia de Petorca es dramática y cruel. En 2015 un informe del
Instituto Nacional de Derechos Humanos alertó sobre la situación
hídrica y la violación de este derecho tan fundamental para los
habitantes de Petorca.
El documento
establece que la escasez de agua no solo estaría asociada al
fenómeno de la sequía, sino que también a las actividades
empresariales en la zona, especialmente al uso de los suelos en el
intenso cultivo de paltos y cítricos.
La escasez de
agua para las labores cotidianas y básicas de los habitantes de la
provincia -principalmente de la zona rural de La Ligua, Petorca y
Cabildo- desconcierta a tal nivel que cuesta entender cómo se
permitió llegar a estas circunstancias.
Sin embargo, como
si esta grave vulneración no fuera suficiente, personas de la zona
que han alzado la voz en defensa del derecho al agua han sido
hostigadas, amedrentadas e incluso amenazadas de muerte por su labor.
Amnistía
Internacional ha sostenido en los últimos años que defender los
derechos humanos en las Américas es uno de los trabajos más
peligrosos, particularmente para quienes defienden los derechos
relacionados a la tierra, el territorio y el medioambiente.
En Chile,
miembros de Modatima han vivido en carne propia la intimidación por
visibilizar y denunciar los conflictos por el agua en Petorca. El
impacto de esto es devastador, tanto para su propio bienestar físico,
mental y emocional, como también para el de sus familias.
“Muchos de los
defensores medioambientales han perdido sus fuentes laborales, otros
siguen encontrándose con obstáculos para acceder a un empleo,
algunos han tenido que huir de la provincia, y los que se han quedado
han tenido que aprender a vivir con el miedo constante”, nos
detallan los integrantes de Modatima.
Verónica Vilches
es una mujer amable, cálida y fuerte. Esto le ha permitido poner
todo el coraje para enfrentar las intimidaciones de las que ha sido
víctima. Ella desde 2015 es la presidenta del sistema de
abastecimiento de agua potable rural de San José, comuna (municipio)
de Cabildo, pero lleva casi 20 años movilizándose a favor de esta
causa.
Verónica dedica
entre cuatro y cinco horas del día a trabajar de manera voluntaria
en un sistema de cooperativa de agua. Su trabajo -y el de otras
personas comprometidas-permite abastecer de este recurso hídrico a
más de mil personas de su comunidad.
“En la vida nos
pueden quitar todo, menos el agua. Por eso estoy pendiente de que a
ningún vecino o vecina le falte este elemento tan vital; por ellos
es mi lucha”, nos relata Verónica mientras recorremos el río que
nos sumerge en la añoranza de lo que fue este caudal hace dos
décadas atrás.
Verónica contó
a Amnistía Internacional que el año pasado personas no
identificadas se estacionaron cerca de su casa y desde el interior de
un vehículo sin patente, le gritaron todo tipo de insultos y
amenazas.
En otra ocasión,
el agosto pasado, Verónica recibió una llamada de personas que se
identificaron como Policías de Investigaciones (PDI) de Santiago,
diciendo que necesitaban conocer el funcionamiento del pozo que ella
administraba para abastecer de agua a sus vecinos.
“Una vez que
seis funcionarios de la PDI llegaron a la planta, me insistieron
mucho a que hiciera funcionar el pozo y en cada momento tocaban sus
armas, parecía que me querían confundir y atemorizar. Más tarde me
dijeron que yo
-desde ese
momento- pasaba a ser imputada por sustraer agua para la comunidad de
San José y me hicieron firmar unos papeles”, nos relata, mientras
nos muestra unos documentos que evidenciaban la existencia de esa
visita.
Sin embargo,
según las averiguaciones que ha hecho Amnistía Internacional en la
Fiscalía Nacional, no existe registro de que se haya abierto nunca
una causa en contra de Verónica Vilches.
Entonces ¿por
qué la PDI habría ido a investigar a Verónica? ¿Qué objetivo
tenía ese episodio? ¿Quiénes están detrás de este hecho? Con
todo esto, la incertidumbre aumenta y la necesidad de proteger a los
defensores y defensoras de derechos humanos se hace un imperativo que
no podemos soslayar.
Mientras seguimos
nuestro recorrido por las tierras de Petorca, Verónica nos cuenta
que a veces se quiebra y llora, que en ocasiones no sabe si al salir
de su casa va a volver con vida.
“Tenemos mucho
dolor por no tener agua para el consumo humano, el agua es la primera
necesidad de una persona”, nos dice.
Dicha necesidad
es la fuente de motivación que la empapa de valor para seguir
adelante, pese a los riesgos que eso puede significar.
“Tengo mucha fe
en que un día los ríos volverán, que vamos a volver a tener
nuestros animales, nuestros árboles frutales, nuestra leche… Creo
que si hay voluntad de las autoridades esto puede cambiar”, añade.
Mientras
caminamos por las calles de Petorca, una vecina desde su casa levanta
su puño y grita unas palabras de apoyo a Rodrigo Mundaca, uno de los
líderes más conocidos de la lucha por recuperar el agua. Rodrigo no
la conoce, pero devuelve el saludo con una sonrisa de agradecimiento.
“Gestos como
éste hacen entender que todo vale la pena”. Luego, añade que no
todas las personas manifiestan públicamente su apoyo, pues “muchos
tienen temor y prefieren no involucrarse”.
“Gente de la
provincia de Petorca recibe agua en camiones aljibes, se bañan “por
presas” y en situaciones de aguda escasez de agua han tenido que
hacer sus necesidades en bolsas de plástico”, cuenta Rodrigo,
quien empezó a denunciar la extracción ilegal de agua por parte de
personas y empresas en 2012.
A consecuencia de
ello, las autoridades abrieron cuatro causas penales en su contra.
Entre 2012 y
2014, Rodrigo nos cuenta que fue llamado a declarar 24 veces a
tribunales distintos y en diferentes ciudades de Chile. “Durante
esos dos años en que estuve yendo a tribunales sentí el claro
intento de criminalizar y silenciar la lucha por el agua”.
En una de las
causas lo condenaron a 61 días de prisión. Aunque la sentencia
fuera suspendida, tuvo que acudir la ciudad de La Ligua a firmar
mensualmente durante un año y pagar una multa de 140 mil pesos que,
a través de una campaña, fue pagada en monedas de 1 peso.
En 2015, durante
un viaje a Santiago, Rodrigo recibió una golpiza por la espalda por
personas desconocidas.
Esto fue
posterior a un reportaje de un medio danés que visibilizó la crisis
del agua en la zona. Luego, el 28 de marzo del año pasado, recibió
una llamada telefónica de una persona que no se identificó y que le
amenazó de muerte si continuaba denunciando el conflicto hídrico de
la provincia.
En muchos países,
utilizar porfiadamente las leyes con el fin de criminalizar a los
defensores de derechos humanos es tan usual como las campañas de
difamación en su contra. “Somos estigmatizados y declarados
enemigos del desarrollo, incluso nos han dicho extremistas, eso nos
parece muy grave”, añade Mundaca.
Las personas
defensoras denuncian y ponen en evidencia a quienes abusan de su
posición de poder y autoridad.
Cuando se hostiga
y desprestigia a los defensores y defensoras de derechos humanos, lo
que se hace es intentar cultivar una evidente hostilidad hacia ellos,
incluso -en ciertas ocasiones- al interior de sus mismas comunidades.
Amnistía
Internacional ha documentado casos en diferentes países de América
en que la retórica demonizadora en contra de estas personas la hacen
ver como “terroristas”.
Estas
afirmaciones pueden ser peligrosas, pues no sólo se intenta acallar
a las personas que alzan su voz, sino también se intenta ocultar el
conflicto que hay de fondo.
El Estado de
Chile no puede seguir haciendo la vista gorda en esta situación. La
labor de quienes defienden los derechos humanos no sólo es
necesaria, sino además debe estar adecuadamente protegida. La
valentía de los activistas medioambientales de Petorca les está
llevando a un escenario en que día a día están asumiendo más y
más riesgos.
Asumir el
problema que viven estas personas y redoblar los esfuerzos para
protegerlos es el primer paso que deben dar las autoridades. Sólo
así se irá cimentando un ambiente seguro y propicio para quienes se
sitúan en primera línea de la lucha por los derechos humanos.
Fuente:
Ilsen Jara, Defensores del agua en Chile: empapados de valentía y amedrentados por su lucha, 15/06/18, Inter Press Service. Consultado 15/06/18.
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