Inundación de la planta de Taym, 28 de marzo de 2017 |
A un
año del desborde contaminante en Córdoba, la investigación quedó
en la nada. Durante
una inundación, una planta de residuos peligrosos de Roggio filtró
líquidos a un canal de alimentación del agua potable. Schiaretti
prometió investigar, pero nada se avanzó.
por
Leonardo Rossi
Desde
Córdoba
Un
año transcurrió del desborde de la planta de residuos peligrosos
Taym (del Grupo Roggio) que, en medio de un diluvio, comenzó a
escurrir hacia el canal Los Molinos que abastece a la población de
la capital provincial. A la fecha, los responsables de la empresa ni
siquiera fueron indagados, no se realizó ningún tipo de remediación
y los habitantes más próximos desconocen qué impacto en el
ambiente y la salud dejó ese evento. En este tiempo, los vecinos
querellantes en la causa por el derrame confirmaron algunas
sospechas: había advertencias para que no se instalara el
emprendimiento allí, y que la compañía obtuvo una autorización
cuanto menos carente de fundamentos técnicos. La sorpresa fue que
unos de los responsables de firmar el apto para Taym hace 17 años
fue Fabián López, hoy ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos. “Da la sensación de que Roggio es el verdadero
gobierno, de que acá hay una simulación de un Estado”, denuncia
Eliana Lacombe, de ‘Santa María sin basura’ y querellante en la
causa.
Conocidos
de años
La
lluvia del 28 de marzo de 2017 descargó de forma intensa sobre el
centro de la provincia. A unos veinte kilómetros de la ciudad de
Córdoba, sobre la ruta 36, no fue la excepción: allí está la
planta de Taym. Las imágenes tomadas por vecinos de ríos
espontáneos que brotaban del complejo hacia el canal que abastece la
planta potabilizadora de Los Molinos (aporta el 30 por ciento de la
red capitalina) generaron alerta. “Le pedimos al ministro López
que se hagan todos los análisis y toda la investigación que
corresponda, porque si esta firma ha cometido algo irregular con el
hecho de que el agua entró como pancho por su casa... tiene que caer
todo el peso de la ley”, había dicho el gobernador Juan Schiaretti
a una semana del hecho.
Dentro
de la búsqueda de respuestas, los vecinos encontraron un documento
del año 2000 en el cual, en su entonces cargo como Presidente de la
Dirección Provincial de Aguas y Saneamiento, López afirmó que “no
existirían inconvenientes respecto del escurrimiento superficial
desde el punto de vista global” para que la planta se instalara en
ese sitio. Esa ambigua definición estampada en una nota sirvió como
aval para que Ambiente, a cargo de Néstor Bárbaro, otorgara la
licencia ambiental y así avanzara el proyecto. Taym obtuvo de López
lo que ni siquiera había logrado de una consultora privada que le
había advertido que la zona era “anegable”. El certificado de
‘no inundabilidad’ era una exigencia insoslayable por ley, y ante
infructuosos intentos y demoras en obtenerlo, la empresa amenazaba
con retirar su inversión. La nota firmada por López cambió el
escenario.
Durante
el año pasado, el ministro vio circular versiones sobre su
desplazamiento. El disparador no fue Taym sino la citación judicial
en la causa por la adjudicación y posibles sobreprecios de la planta
potabilizadora de Paraná de las Palmas, enmarcada en el escándalo
Odebretch. López cumplía entonces el cargo nacional de
subsecretario de Recursos Hídricos cuando se realizó la cuestionada
adjudicación. ¿Otro involucrado en esa causa? El grupo de origen
cordobés Roggio. Las expresiones del gobernador para que el ministro
accione frente a la compañía por el derrame no se tradujeron en
resultados y con su continuidad el cargo, a entender de los
querellantes, no hay otro saldo posible. “¿Puede Fabián López
seguir al frente del Ministerio de Ambiente ante estas evidencias?
Sólo puede hacerlo en un sistema ilegal de naturalización de las
prácticas políticas inescrupulosas que producen desastres con
consecuencias graves contra el ambiente y la salud”, se indigna
Lacombe.
Todos
ilesos
En
materia judicial, son escasos los avances. La causa se desdobló el
año pasado, tras varios pasamanos y dilaciones. Por un lado, se
investiga el hecho de contaminación ambiental, por parte de la
fiscalía de Alta Gracia, a cargo Alejandro Peralta Ottonello. En ese
carril aún no se conformó la comisión técnica encargada de
realizar los estudios ambientales para analizar los impactos del
evento y tampoco se convocó a indagatoria a los responsables de la
empresa. Asimismo queda por ver si efectivamente Taym cumplió con
toda una batería de exigencias enmarcadas en la ley nacional 24.051
y sus adhesiones locales, como los procedimientos para “evitar o
impedir el drenaje y/o escurrimiento de residuos peligrosos y la
contaminación de las fuentes de agua”.
La
otra vía es la de la fiscalía Anticorrupción, unidad a la que
recientemente Schiaretti pidió cerrar, debido a los escasos logros
exhibidos de 2004 a la fecha. Lacombe sostiene que “está
documentado que un funcionario de línea media en el 2000 frente a la
queja de Taym hace una nota que la habilita a instalarse sin ningún
fundamento científico, y hoy vemos a esa persona en el cargo más
alto”. A su vez, agrega que “se realizaron antes del derrame
inspecciones que advertían el riesgo de desborde, y siguió
funcionando, lo que es en sí mismo un escándalo”. A un año, el
único logro es que la planta continúa paralizada. Pero tanto en
materia judicial como política el derrame no tuvo impacto alguno.
Incertidumbre
sanitaria
Entre
los reclamos que exigen vecinas y vecinos de la zona se destaca la
remediación y un efectivo relevamiento sanitario. Mariano Gottero,
médico, técnico químico y habitante de Santa Ana explica que “el
agua entró, diluyó y llevó hacia afuera fenoles, residuos de las
mineras, metales pesados, cianuro, por lo que por definición ya hay
contaminación”. Todo ese cóctel “no sólo fue al canal sino que
también atravesó campos y derivó en otros cursos de agua” que
terminan en la laguna de la Mar Chiquita.
Un
par de días después del evento, se restableció el normal uso del
agua en Córdoba por parte de Aguas Cordobesas (Roggio), al asegurar
que no existían riesgos. Gottero plantea que “ante la dilución,
algunos análisis pueden dar normal en una zona, pero estos productos
son bioacumulables en el organismo, y recién en quince o veinte años
una persona expuesta expresa una enfermedad”. No obstante, recuerda
que “hubo pobladores que fueron a tomar muestras e instantáneamente
se irritaron”, apunta. “Ni bien se desató el hecho se tendría
que haber perimetrado el área afectada, comenzar con un protocolo de
contingencia e iniciar un análisis de seguimiento de la salud de los
vecinos y muestreos ambientales”. Nada de eso ocurrió a la fecha,
y engrosan las sospechas de los vecinos sobre un pacto de impunidad.
Fuente:
Leonardo Rossi, La estrategia de aquietar las aguas, 02/03/18, Página/12.
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