A los dictámenes
de las casas de estudios de Villa María y de Río Cuarto se suma un
informe de la UNC muy duro con el proyecto oficialista. Expertos
también cuestionan la herramienta tecnológica para crear el
ordenamiento de estos ecosistemas según categoría de conservación.
por Lucas Viano
El consenso tan
deseado por el oficialismo provincial para sancionar una nueva ley de bosques nativos dio varios pasos en falso. Las tres universidades
nacionales ya expresaron su rechazo a esta iniciativa.
El proyecto se
intentó aprobar en diciembre pasado, pero una movilización
masiva obligó a retroceder. Hubo un segundo intento a
comienzos de este año que también fracasó. El Ministerio de
Ambiente de la Nación recomendó que se realizara un proceso
participativo.
El Ejecutivo y la
Legislatura prometieron varias audiencias públicas y elevar a las
universidades el texto y la herramienta tecnológica a partir de la
cual se definen las hectáreas de bosque nativo protegidas en las
categorías verde, amarilla y roja.
Las tres
universidades expresaron su rechazo. La última en expedirse fue la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El Instituto Superior de
Estudios Ambientales (Isea) elevará esta semana un informe muy
crítico al Consejo Superior de la Casa de Trejo.
Según el Isea,
de aprobarse el proyecto “agravaría la situación ambiental de la
provincia, que tiene gran vulnerabilidad ante grandes tormentas,
precipitaciones intensas, sequías, inundaciones e incendios”.
Detalla que el
proyecto reduce significativamente las zonas roja y amarilla, y que
extiende a niveles alarmantes esa vulnerabilidad. Lo hace al permitir
la expansión de la ganadería bajo arbolado nativo y la agricultura
industrial.
Algunas
consecuencias de esto serían un aumento en los fenómenos como
crecidas de ríos y anegamientos, el colapso de las “fábricas
naturales” de agua y de suelo, y una reducción en la
disponibilidad de agua en invierno.
“Sin
biodiversidad significativa, no hay supervivencia posible a corto,
mediano y largo plazo. Las ciudades y los cultivos industriales no
pueden suplir los servicios ambientales que brindan los ambientes
nativos de bosques, matorrales y pastizales”, detalla.
La Universidad
Nacional de Río Cuarto (UNRC) ya había puesto sus reparos al
proyecto. Un documento reprochó nueve artículos.
Una de las
críticas se refiere a la definición de bosque nativo. En la
iniciativa, se focaliza sólo en la etapa madura de este
ecosistema. La UNRC sostiene que deberían tenerse en cuenta sectores
con especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, como un
matorral.
También remarcan
que omite la importancia que tienen los bosques nativos para fijar el
dióxido de carbono, gas responsable del calentamiento global.
La Universidad de
Villa María (UNVM) ya había pedido el archivo del proyecto en
mayo con el argumento de que se trata de una normativa
inconstitucional.
Según la UNVM,
el texto viola el principio de congruencia establecido por la
Ley General del Ambiente al comprender parámetros de protección
menores a los establecidos por la ley nacional de bosques nativos
(26.331). Por ejemplo, habilita el cambio del uso del suelo para las
categorías roja y amarilla, y no incorpora el concepto de “bosque
nativo” fijado por la norma nacional.
Herramienta
deficiente
Hace unas
semanas, la UNVM también denunció varias fallas en la herramienta
tecnológica que la Provincia quiere usar para crear el Ordenamiento
Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).
Por ejemplo,
falta una capa de información con la superficie desmontada
ilegalmente entre 2005 y 2014. Los datos se habrían extraviado. La
Nación ofreció información para volver a elaborar esa capa.
Tampoco están
incluidas las reservas forestales intangibles creadas por resolución
en 2005. Se trata de un porcentaje (entre el 30 y el 40 por ciento)
que debía conservarse en cada predio con bosque nativo. Se calcula
que son más de 250 mil hectáreas.
El Isea de la UNC
no evaluó esta herramienta. Sin embargo, un grupo de expertos de la
Casa de Trejo emitió un informe sobre el tema. “La herramienta
tecnológica muestra una completa falta de sustento de conocimiento
científico ecosistémico, epistemológico y metodológico”, dice
el texto firmado por Alicia Barchuk, Diego Gurvich y Marcel Zak,
entre otros.
Por ejemplo,
denuncian que sólo tiene en cuenta uno de los 10 criterios que fija
la ley nacional de bosques nativos. De esta forma, “el 50 por
ciento de la cobertura de bosques existentes para la ley provincial
9.814 en la categoría roja podría descender de categoría, aspecto
que la ley nacional prohíbe”.
No tiene en
cuenta el criterio de potencial de conservación de cuencas. “No
sólo pone en riesgo el acceso de la población al agua, en calidad y
cantidad adecuadas, sino que también propicia procesos de
desertificación e inundaciones”, señala el informe.
Fuente:
Lucas Viano, Rechazo unánime de las universidades a la ley de bosques nativos, 05/09/17, La Voz del Interior. Consultado 05/09/17.
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