España firmó
hace 14 años un acuerdo con las autoridades británicas para evitar
el regreso de la basura nuclear. La capacidad de almacenamiento de
las instalaciones nucleares es muy limitada, a la espera de que se
construya el ATC.
por Santiago
Carcar
La central
nuclear de Santa María de Garoña ya es historia. El Gobierno
anunció su cierre definitivo el 1 de agosto. Pero las centrales
pasan y sus residuos permanecen. Sobre los generados en Garoña, el
Gobierno ha tomado una decisión: transferir la titularidad del
plutonio generado en el tratamiento de la basura nuclear de la
central burgalesa a la empresa pública británica International
Nuclear Services (INS), heredera de la antigua British Nuclear
Fuels (BNFL).
El Ejecutivo
español alcanzó un acuerdo con BNFL hace 14 años para evitar la
vuelta de los residuos reprocesados de Garoña a cambio de 34,5
millones de euros. Ahora ha dado un paso más, con un coste "en
el ejercicio 2017" de 50,4 millones de euros, según detalla la
memoria de la empresa pública Enresa.
Ni la empresa
pública que gestiona los residuos, ni la sociedad propietaria de la
central nuclear, Nuclenor (50 % de Endesa y 50 % de Iberdrola), han
dado detalles de la operación. Nuclenor se limitó a señalar que
las cláusulas del contrato están sujetas a confidencialidad.
Un hecho
destacado
La operación ha
quedado reflejada en una mención del presidente de Enresa, Juan José
Zaballa, en el informe de la compañía de 2016. Zaballa califica de
"destacado" el hecho de que el Ministerio de Energía haya
refrendado la transferencia de la titularidad del plutonio a la
británica INS.
Físicamente, el
sensible material siempre estuvo en Reino Unido. La central de Garoña
envió entre 1971 y 1983 casi 100 toneladas de combustible nuclear
gastado (uranio) para su reprocesamiento. El problema está en el
resultado de ese proceso, el plutonio, un residuo muy peligroso por
su larga vida y posible uso militar. El plutonio, en principio, no
estaba incluido en el acuerdo entre España y Reino Unido.
Si las 100
toneladas de uranio no podían volver en 2004 por falta de
instalaciones de almacenamiento, menos aún un derivado más
peligroso. España no puede gestionarlos. Por eso los ha enviado a
otros países como también han hecho Japón, Alemania o Italia.
Según explica el sexto Plan General de Residuos Radiactivos, hay
residuos almacenados de la central Vandellós I en Francia y de
Garoña en Reino Unido.
El plan recoge
que los compromisos contractuales con Francia "contemplan que
deben volver a España entre los años 2010 y 2015", mientras
que en el caso de Reino Unido los contratos cubrían hasta el año
2011 para el uranio y sólo hasta 2008 para el plutonio. Los
contratos con la empresa estatal francesa Areva, por importe de 194
millones de euros, fueron modificados para extender los plazos.
Fuentes del
Ministerio de Energía confirman que Enresa, en uso de sus
competencias, tomó la decisión de negociar y modificar el contrato
con la empresa pública británica para solucionar el problema de la
posible devolución de material altamente radiactivo. El Ministerio
respaldó la decisión de Enresa-Nuclenor en la etapa en la que
Alberto Nadal estaba al frente de la Secretaría de Estado de
Energía, señalan las mismas fuentes.
Un problema menos
Con la
transferencia, Endesa e Iberdrola (Nuclenor) se quitan un problema de
encima. Si desmantelar una central nuclear es un proceso lento y
costoso, que en el caso de Garoña puede durar hasta 16 años,
gestionar los residuos de miles de toneladas puede ser una pesadilla.
El ejemplo más cercano -y único- de proceso de cierre de una
nuclear completa es la de Zorita (Guadalajara), que comenzó a ser
desmontada en 2006 y será clausurada, si nada se tuerce, en 2019.
En España, hay
poca capacidad de almacenamiento. El polémico Almacén Temporal
Centralizado (ATC) todavía está en trámites. Los residuos más
peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las
instalaciones nucleares. Pero rebosan. Gestionar ese material ha
costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el
informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las
próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones.
Esa cifra, que el
informe contempla desde 2010 supone un 30 % de exceso sobre lo
contemplado en el plan de residuos que está vigente. En el Plan
Nacional de residuos, aprobado en junio de 2006, el coste total de la
gestión integral de todo el proceso de gestión de residuos, hasta
su almacenamiento final, es de 13.000 millones de euros (valor 2006)
y hasta el año 2070.
Mientras se
parchea el problema, las piscinas están ocupadas en casi un 89 % de
media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y
de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40 %.
Fuente:
Santiago Carcar, España paga 50 millones a Reino Unido para que se quede el plutonio de Garoña, 22/09/17, La Información. Consultado 23/09/17.
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