El debate parlamentario se planchó desde antes de las Paso, y el tema no se trataría durante el resto de 2017

por Mariano Bergero

“El tema está planchado”. La frase de una fuente del oficialismo parlamentario es contundente sobre el estado actual del debate en torno a la controvertida ley de bosques.

El parate comenzó semanas antes del inicio de la campaña para las Paso. La decisión del peronismo fue pisar la pelota y esperar que el clima electoral amaine. El alto en la discusión estaba previsto que se mantenga hasta después de los comicios de octubre, pero tras el desfavorable resultado en las primarias la postergación amenaza con extenderse hasta el año próximo.

En juego está el tratamiento de la normativa que incluye el resistido Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) requerido por la Nación.

Esa actualización es necesaria, ya que el actual OTBN venció. Sucede que la ley nacional 26.331 estipula que los ordenamientos provinciales deben renovarse cada cinco años. El cordobés está fuera de regla desde agosto de 2015.

Antes de las Paso, esto decía un legislador peronista con responsabilidad sobre el futuro de la ley: “Nos parece que lo más sensato es esperar que pase el proceso electoral, para evitar que se contamine una discusión que es muy importante y que involucra a diversos sectores de la sociedad”.

El oficialismo evaluó antes de las Paso que sería “contraproducente” avanzar con este tema que cuenta con el rechazo de buena parte de la sociedad y de los partidos políticos de la oposición, a excepción de una parte del radicalismo.

“Sin consenso no habrá ley”, repite el gobernador desde que la polémica derivó en marchas masivas. La última se realizó el 28 de junio en la Capital.

Marcha y contramarcha

El zigzagueo en su tratamiento ha sido una constante desde que la polémica normativa comenzó a ventilarse en la Unicameral.

Incluso hubo fuertes versiones antes del último receso parlamentario de mediados de julio de que la nueva ley podría ser llevada al recinto, algo que finalmente no sucedió.

Antes de las Paso, en el seno de Unión por Córdoba se aseguraba que como la herramienta técnica elaborada por la Provincia y habilitada -con reparos- por la Nación estaba siendo evaluada por las universidades, recién a fin de año podrían configurarse las condiciones para impulsar su tratamiento.

Esa especulación también quedó en pausa. “Desde hace dos meses no hay reuniones de comisión y nadie habla del tema en el oficialismo. El tratamiento está planchado”, aseguró ayer un vocero legislativo.

El debate en comisiones pareció reactivarse en mayo, pero al poco tiempo volvió a naufragar debido a que los bloques que rechazan de plano la normativa en estudio cuestionaron al oficialismo por no respetar las recomendaciones existentes con respecto al proceso participativo, que debe darse antes de llevar una propuesta al recinto.

En abril último, un mes después de que la Provincia requiriera asistencia a la Nación como una manera de reencaminar el conflicto, el Ministerio de Ambiente -la máxima autoridad de aplicación- evaluó positivamente una herramienta técnica desarrollado por la Secretaría de Ambiente provincial, que debería ser la base para la construcción de los mapas, el nudo gordiano del problema.

En rigor, en esa cartografía por confeccionar quedarán establecidas qué áreas serán protegidas y en cuáles se permitirán grados de producción, por ejemplo, de tipo agrícola.

El argumento de la Provincia, compartido por la dirigencia ruralista, es que la actual normativa no protege los bosques y dificulta el desarrollo productivo del norte y el noroeste cordobés.

Precisamente, un grupo de legisladores de esa zona de la provincia es el que impulsa las modificaciones con el respaldo del Gobierno provincial.

En el plano político, la ley de bosques ha sido hasta aquí el principal escollo legislativo para Schiaretti: fue la única norma que no pudo sancionar durante 2016 por el rechazo y por las tensiones internas que surgieron en el PJ.

La posición de la Provincia y los ruralistas

Legisladores del norte y el noroeste impulsan la iniciativa.

Uno de los argumentos del Gobierno provincial, y que es compartido por la dirigencia ­ruralista, es que la actual normativa no protege los bosques y dificulta el desarrollo productivo del norte y el noroeste cordobés.

Fuente:

El debate parlamentario se planchó desde antes de las Paso, y el tema no se trataría durante el resto de 2017, 05/09/17, La Voz del Interior. Consultado 05/09/17.