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| Catastróficas inundaciones en Comodoro Rivadavia, marzo 2017. Foto: Ricardo Pristupluk/ La Nación |
por
Silvina Carstens
“Para
recuperar Comodoro Rivadavia se necesitará un presupuesto completo
de provincia”. La frase, basada en una cuantificación a priori de
los daños materiales en Comodoro Rivadavia, pertenece al intendente
Carlos Linares.
La
estimación fue pronunciada aquel 3 de abril, cuando la capital
petrolera veía azorada las consecuencias de la primera e histórica
inundación, que comenzó a vivir la segunda caída de agua apenas
tres días después de ese cálculo.
La
estimación no es optimista en modo alguno. Cuando Comodoro logre
superar la coyuntura, y los centenares de evacuados obtengan
soluciones habitacionales fiables, habrá que reconstruir la ciudad
literalmente desde cero, y en medio de un escenario adverso.
El
presupuesto chubutense al que aludió Linares equivale a 40.000
millones de pesos -cálculo vigente para 2017-, y corresponde a
una provincia que atraviesa su tercer endeudamiento consecutivo, con
lo que las finanzas están comprometidas por los próximos doce años
al menos, y donde la declaración de emergencia climática abarca
además todo su territorio.
Desde
la esfera nacional, más allá de los módulos habitacionales
comprometidos, el ministro del interior Rogelio Frigerio anunció
inicialmente 50 millones de pesos, y el Congreso Nacional debe
analizar entre otros el proyecto presentado por Santiago Igon para
declarar la emergencia climática, ambiental y social en varios
departamentos de Chubut y de Santa Cruz y con efectos particulares
sobre las personas, ya que establece duplicar asignaciones
familiares, AUH, jubilaciones y pensiones por el término de tres
meses.
El
municipio, en tanto, declaró la emergencia el ya lejano 5 de abril.
Esa decisión la habilita a reasignar las partidas dentro de un
cálculo de recursos de 3112 millones previstos para 2017, que sin
dudas se verá afectado en función de que los mayores ingresos
provienen de la recaudación propia a través de impuestos como el
inmobiliario, los ingresos brutos y la tasa al comercio y la
industria.
No
obstante, la inversión prevista para obras públicas supera los 1000
millones. En este ítem, la inyección más fuerte proviene, como en
los últimos 4 presupuestos, de la Ley provincial de Hidrocarburos y
los acuerdos específicos con las operadoras.
Sobre
esa base económica Comodoro se verá obligada a planificar
seriamente por primera vez en dos décadas.
Recurrencias
El
país siguió atónito el relato de los canales porteños sobre las
inundaciones en la zona más árida del país, contada con imágenes
dignas de una novela de García Márquez, ajustables al gusto y la
crítica del televidente. La base de la explicación a 2000 km de la
zona es meteorológica y se mide en milímetros de lluvia, pero desde
adentro y con el agua al cuello se contemplan otras variables. Estas
variables visiones a pie del desastre permiten distinguir
“contingencia” de “negligencia” en una urbe que se inundó
con 300 milímetros, pero anteriormente también con 14.
La
“recurrencia” es uno de los valores que utiliza en el ámbito de
la ingeniería para la proyección de obras urbanas, el cálculo de
materiales y su costo. Para establecer ese valor, las cuestiones
meteorológicas son un dato clave, ya que entre otras variables a
contemplar está el hecho de que un puente, una ruta o el objeto de
proyección deberá soportar una tormenta como la que se vivió en la
zona, por ejemplo, y con qué frecuencia.
No
hay duda alguna que las lluvias de esas trágicas semanas fueron
extraordinarias, registros que baten marcas “centenarias” en
términos meteorológicos, con lo que resulta relativamente lógico
que gran parte del trazado vial haya sucumbido.
Es
posible decir “relativamente” porque Comodoro suma año a año
evidencias de obras mal calculadas y mal ejecutadas -sin contar las
faltantes- que se suman hoy con rigor a los costos retroactivos que
tiene que pagar la ciudad.
Insuficiencias
y fracasos
De
hecho, con tormentas muy inferiores los perjuicios han sido graves en
Kilómetro 3, donde el sistema pluvial de la avenida Quintana -licitado en 2013 por 79 millones de pesos- no logra ser concluido
y ya en plena ejecución registró hundimientos en la pavimentación
asociada.
El
canal evacuador de la avenida Roca también ha dado muestras
reiteradas de su insuficiencia en la última década y más allá
también, aunque la estrategia municipal al respecto sigue basándose
en la limpieza previa a una lluvia y la remediación posterior.
El
camino de Saavedra a Kilómetro 3 es otra de las trazas que debe ser
sometida a constantes reparaciones, aun con tormentas de escasa
magnitud, algo que también ofrece indicios de mala proyección y
deficiente construcción.
La
misma descripción vale de modo recurrente -una paradoja- para el
camino Perón y también para obras esenciales como el acueducto
Arenales, que sumó con el último temporal 13 roturas y cuyo fracaso
sistemático determinó que se recurra a antiguos acueductos de YPF
para abastecer a zona norte. Esta última obra, con varias décadas
más desde su trazado, tiene vida útil todavía, bajo las mismas
circunstancias.
El
fracaso permanente se produce llamativamente en ejecuciones que no
han cumplido un tercio de la vida útil por la que deberían
responder. Hasta con los defectos proyectuales que se le puedan
atribuir a cada caso, hay cuestiones de ejecución y uso de
materiales más económicos que los que en rigor debieron utilizarse.
La
maniobra produce claramente un ahorro constructivo, que no tiene
efectos visibles sobre los presupuestos públicos que cotizan en más
de un millón de pesos los 100 metros de pavimento.
Sometidas
a la misma presión de agua, algunas calles soportaron y otras no la
violencia del temporal. La causa resulta muy clara en el mundo de las
empresas constructoras: el material que se utiliza previamente a la
pavimentación y para compactar es muy costoso en la ciudad -que
prácticamente se ha quedado sin canteras-.
Como
consecuencia, la inmensa mayoría de los contratistas utiliza una
mezcla de piedra y material calcáreo que después se cubre con el
asfalto y nadie puede ver, pero que determina irremediablemente luego
la resistencia a la erosión o socavamiento hídrico en una ciudad
sin proyección de sus pluviales de mínima.
En el
medio, por supuesto, tallan las inspecciones –municipales o
provinciales, según el caso– que mediante ensayos deben aprobar o
no el control de calidad de esa compactación. Ese proceso fue
atravesado indefectiblemente por las trazas comodorenses.
El
problema es que fueron aprobadas todas, tanto las que están partidas
como las que sucumbieron y las que siguen en pie. Las irregularidades
o la negligencia resultan evidentes, y constituyen un desafío para
la gestión municipal de Linares, quien debe controlar las obras
hechas antes de su llegada al poder pero también las actuales,
incluyendo los inmensos montos que se están destinando a la
“reconstrucción”.
Gran
presupuesto, sin un plan
La
municipalidad de Comodoro es un caso casi aislado dentro del mapa
provincial, ya que la recaudación propia le basta para afrontar
gastos corrientes, pudiendo disponer siempre de partidas para asignar
a la obra pública.
Más
todavía, desde 2013 y tras la sanción de la Ley provincial de
Hidrocarburos la ciudad cuenta con presupuestos extraordinarios que
nunca fueron asociados a un plan vector para el desarrollo urbano que
parta desde el saneamiento y una red de pluviales para empezar. La
casa comenzó a construirse desde el techo, y los fondos fueron
directamente al pavimento. Se privilegiaron las obras de corto plazo,
visibles y de pronta inauguración.
En
2013 se pasó por primera vez el límite de los 1000 millones de
pesos para el erario municipal: el monto final fue de 1.050.000.000
millones. Para calibrar la envergadura de la cifra basta con recordar
que durante la gestión municipal de Martin Buzzi -2007 / 2009– el
entonces secretario de obras públicas Gerardo Couto tramitaba ante
el Enohsa una inversión de 1.000 millones para completar el plan
vector de saneamiento comodorense, que incluía emisarios submarinos,
colectores máximos, plantas de tratamiento y sistemas de pluviales.
Desde
ese año “debut” de fondos excepcionales, la ciudad administró
presupuestos del orden de los 2.100 millones en 2015, 2.500 en 2016 y
los más de 3.100millones actuales. Sin embargo, para detectar en la
historia reciente una planificación integral que además de abarcar
la coyuntura proyecte la ciudad a mediano y largo plazo hay que
retroceder hasta 1998.
La
última planificación, hace casi veinte años
Más
allá de las proyecciones teóricas de la intendencia Buzzi y su
“ciudad del conocimiento”, el único antecedente concreto fue el
“Plan de Desarrollo Estratégico” diseñado durante la gestión
de Marcelo Guinle, que incluyó la participación activa de
referentes sociales en el marco del consejo consultor y se hilvanó
en años de barriles a menos de 10 dólares. Pese a las dificultades
del contexto, en ese momento sí se aprovecharon los recursos
técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
cuya participación hoy en la proyección de la ciudad se ve resumida
a la capacitación a vecinalistas o dirigentes sindicales.
De
esa época data el proyecto del viaducto, que volvió a la memoria de
varios en esta inundación con el interrogante de cómo hubiera sido
el paisaje con esa obra en pie. Aquel proyecto logró un amplio
acompañamiento social y presupuestario en su momento que resultó
cuestionado tiempo después. Nunca llegó a ejecutarse, pero tampoco
fue reemplazado por un proyecto alternativo.
En
cuanto al plan de desarrollo, durante la gestión siguiente que
encabezó Jorge Aubía con Gustavo Mena como secretario de gobierno,
se planteó en varias oportunidades la intención de darle
continuidad, aunque no tardó en golpear la crisis de 2001 y con ella
llegó el abandono de todo enfoque estratégico para concentrarse en
la inmediatez.
Como
siempre, Comodoro se repuso pero el plan no fue retomado ni siquiera
para modificarlo, adaptarlo o darle el sello propio de
administraciones posteriores. Las gestiones e inversiones no fueron
destinadas a polos tecnológicos o a la planificación urbana, sino
para la búsqueda del rédito más inmediato en los tabloides.
En
gran medida, todo se limitó al corte de cintas aquí y ahora con
intendentes que dejaron la ciudad al culminar su mandato
protagonizando la foto pero nunca el desarrollo, y ése es por
supuesto otro de los costos que debe asumir Comodoro hoy.
El
desastre como oportunidad
La
ciudad debe atender ahora una coyuntura dramática. La situación es
crítica, pero también implica una oportunidad única para pensar en
el mediano y largo plazo a partir de equipos de idóneos que se
impongan a “los del palo”.
La
gente demostró que está a la altura y necesitada de refundar
cuestiones puntuales y de fondo. Para eso se requiere una dirigencia
con solidez y amplitud de miras, rasgos que escasearon en la tragedia
pero que están a tiempo de formularse.
El
momento del cronograma electoral en que se produjeron estos sucesos
históricos constituyen un condimento a favor para que por primera
vez en décadas se consideren proyectos y no personas, y se invierta
en lo que auténticamente se requiere aunque cuando sea más rentable
el reclamo reiterado a otras esferas políticas. Solamente desde allí
será posible construir las bases para que el agua no nos tape
definitivamente y Comodoro evite convertirse en una ciudad fantasma
como consecuencia del éxodo y el abandono.
Sobre
el abismo
Uno
Boom
poblacional es un término recurrente en Comodoro, que a pesar de las
décadas de invariables explosiones demográficas no puede encontrar
el modo de que las normativas municipales dejen de aparecer
soslayadas por la urgencia ocupacional y los cambios en la dinámica
territorial.
Dos
Mientras
el planeamiento urbano en un ejido con estas características no
tiene rango alguno a nivel del gabinete municipal, la ciudad, o sus
referentes, no se ha podido dilucidar nítidamente en quién recae la
responsabilidad final sobre las redes de agua y cloacas que
administra la SCPL. Sin contar el ineludible compromiso y
responsabilidad que Provincia tiene sobre las inversiones inherentes
al acueducto, las redes de distribución interna son una complicación
largamente desatendida que tuvieron y tienen hoy su precio post
inundación.
Tres
El
contrato de 1982 con la SCPL solo enumera los bienes que la comuna
cede a la prestadora para esos fines y no enuncia responsabilidades a
futuro sobre esa infraestructura básica en la que el municipio
tampoco ha invertido, pese a contar desde 2010 con partidas
presupuestarias de afectación específica al saneamiento. El término
“infraestructura” en la redacción para la administración de
esos fondos determina, otra vez, que se invierta en asfalto o en el
tendido de redes nuevas en el mejor de los casos, que van a
conectarse a ductos antiguos, ineficientes y colapsados. Ese fondo,
llamado “Federal Solidario” y conocido como “soja”, fue
creado mediante DNU en 2009 con base en los derechos de exportación
de la soja en todas sus variedades y derivados, y se integra con el
30 % de los montos efectivamente recaudados por el Estado Nacional en
concepto de derecho de exportación del complejo sojero, sobre el que
aplica el reparto automático replicando el sistema de
coparticipación federal -en forma diaria y sin costo- por el Banco
Nación.
Cuatro
El de
2010 fue el primer presupuesto municipal que incluyó el Fondo
Federal Solidario formalmente dentro del cálculo de recursos para
Comodoro Rivadavia, y en noviembre de ese año debió ingresarse como
una partida de “excedentes” por 3.834.000 pesos a lo proveniente
de la coparticipación sojera, agregados a una estimación de 6,5
millones. El monto siguió creciendo hasta los 40 millones, con lo
que se prevé que impactará este año a nivel local. No obstante,
las rendiciones acerca de cómo se ejecuta este fondo no se
discriminan de manera pública, ni tampoco se computan como
cumplimiento de metas en ningún criterio de planificación.
Selfies
El
único método
La
tempestad, y los intentos por llevar previsibilidad a la emergencia
basados en el método del ensayo-error (aunque con mas errores que
ensayos) sacó, como cada crisis, lo mejor y lo peor de la ciudad,
forjada al calor de las internas, los celos entre funcionarios y
viaticantes de provincia y municipio y otras pequeñeces habituales.
Vecinalismo
y decadencia
Más
allá de ese telón de fondo, en el que no faltó la recriminación
del “haber venido para la foto”, la tempestuosa subida del agua
dejó en evidencia el cambio de signo que sufrió en Comodoro el rol
del vecinalismo. Mientras los intendentes de los primeros años de la
democracia se conformaban con no tenerlos en contra por tratarse de
personajes duros que más allá de las prácticas non sanctas en
algunos casos tenían peso territorial, Comodoro convive hoy con una
generación de vecinalistas impuestos, de escasa representatividad y
que operan como punteros políticos del gobierno de turno. No es
casual que el agente municipal a cargo de la coordinación de
vecinales sea además el armador de “La Comodorense”, agrupación
con miras a la proyección de Linares gobernador en 2019.
Vecinos
vs. burocracia
Salvo
honrosas excepciones, la situación puso en evidencia que las
vecinales no dieron las respuestas territoriales esperables, con lo
que la desconfianza creciente terminó por reforzar el poder de
organización de grupos espontáneos de vecinos. Así fue que
trabajaron en equipo, dijeron presente para palear barro, cocinar y
gestionar las donaciones que desde el centralismo del predio ferial
nunca llegaron a muchas casas.
Fuente:
Silvina Carstens, Comodoro entre la contingencia y la negligencia: el precio altísimo del cortoplacismo y la improvisación, 06/06/17, El Extremo Sur. Consultado 07/06/17.
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