por
Aruna Dutt
Cabañas,
El Salvador, 2 mar 2017 (IPS) - Los ciudadanos de la municipalidad
salvadoreña de Cinquera, en el norteño departamento de Cabañas, se
opusieron a un proyecto minero de forma contundente. El voto
favorable de 98 por ciento de los consultados lo convirtió en el
quinto “territorio libre de minería” de El Salvador.
“Las
compañías mineras tienen un vasto campo con grandes extensiones en
otros países, y muchas veces necesitan usar leyes comparadas de
otros países para poder aplicar sus prácticas en El Salvador.”,
explicó a IPS el fiscal para la Defensa de los Derechos Humanos,
William Iraheta.
Este
es el país más pequeño de América Central, con 6,3 millones de
habitantes, pero también el de mayor densidad, con 300 por kilómetro
cuadrado. También es el cuarto país más vulnerable al cambio
climático, según GermanWatch, con 95 por ciento de la población en
zonas de alto riesgo de desastres.
El
gobierno nacional declaró en 2016 una emergencia hídrica. El
Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales concluyó que solo dos
por ciento del agua superficial es apta para consumo humano y para el
crecimiento de la vida acuática.
Actualmente,
la población de zonas rurales pagan a empresas privadas para recibir
agua embotellada. La crisis ambiental y la contaminación del agua,
dos tercios de la cual procede del río Lempa, son consecuencia de
las prácticas dañinas de las mineras del noreste de El Salvador.
La
demanda de la compañía canadiense Pacific Rim y de la contaminación
del río San Sebastián son los ejemplos más visibles de ese legado
de destrucción.
Entre
1998 y 2003, se habilitaron 29 licencias de exploración a varias
compañías, siendo la principal Pacific Rim, adquirida en 2013 por
la corporación australiana-canadiense OceanaGold.
Pero
el gobierno le negó los permisos a Pacific Rim para operar la mina
de El Dorado porque no cumplía con los requisitos ambientales y esta
respondió en 2009 entablando una demanda por 77 millones de dólares
a través del Centro Internacional para la Resolución de Disputas
sobre Inversiones, del Banco Mundial.
La
demanda se basó en las disposiciones del Tratado de Libre Comercio
entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana y en
la Ley de Inversiones de El Salvador.
Finalmente,
el Estado ganó el litigio en octubre de 2016, pero tras gastar
millones de dólares en su defensa y, sin embargo, Pacific
Rim/OceanaGold todavía no ha pagado.
Pero
ese triunfo no merma la lucha del pueblo salvadoreño en defensa del
ambiente.
“Hasta
ahora ha sido el gobierno, el presidente, quien ha rechazado los
proyectos mineros, pero no hay garantías de que siga siendo así en
el futuro sin una ley”, precisó Ana Marina Alvarenga, legisladora
del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) por
el departamento de Cabañas, en el marco de la consulta popular de
Cinquera.
“La
posición de nuestro partido es a favor de la creación y de la
aprobación de una ley a nivel nacional que prohíba definitivamente
la minería en nuestro país. Forma parte de la agenda legislativa, o
plataforma legislativa, del FMNL de 2015 a 2018 aprobar esa norma
para prohibir la minería metálica”, aseguró.
Como
forma de presionar al gobierno salvadoreño para que apruebe esa ley,
los movimientos sociales se contactaron con las comunidades para
realizar consultas populares al respecto.
“Cabañas
está ubicada en la cuenca alta del río Lempa, y eso hace que,
lamentablemente, todo proyecto minero tenga consecuencias negativas
en todos los departamentos por los que corre, que son la mayoría”,
explicó Alvarenga.
Desde
2005, y coincidiendo con el inicio de las movilizaciones contra la
minería en esa localidad, la Fundación El Dorado comenzó a operar
en Cabañas como la cara pública de Pacific Rim/OceanaGold en El
Salvador.
La
fundación hace donaciones a escuelas, patrocina clínicas médicas,
ofrece computadoras y clases de inglés y promueve capacitación
empresarial para mujeres, entre otras actividades que le permitan
presentar a la minera como benefactora de las comunidades de donde
pretende operar.
“Las
comunidades comprenden las consecuencias (negativas) de la minería,
pero se volvieron dependientes de esos servicios”, explicó
Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo
Económico y Social (ADES), que participa en La Mesa Redonda contra
la Minería Metálica en El Salvador (La Mesa) y trabaja desde 2006
directamente con las comunidades en Cabañas.
El
trabajo de la fundación procura mejorar la reputación de la
compañía y reunir apoyo para el proyecto minero de El Dorado.
Actualmente,
se teme una reacción negativa, y quizá hasta violenta, de las
personas o de los grupos beneficiados o de los que esperan recibir
beneficios si se concreta la iniciativa.
Según
el tribunal regional, Pacific Rim es responsable de la violencia en
Cabañas, que ya dejó cinco personas muertas, entre ellas tres
ambientalistas: Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, Dora Sorto y su hijo
por nacer, además de Juan Francisco Durán.
El
clima de terror instalado por esos episodios y por otras amenazas
violentas sigue presente en las comunidades.
“Si
bien esas compañías pueden tener recursos económicos y
financieros, el capital que tenemos es la organización de la
comunidad”, explicó Pedro Cabezas, representante de Aliados
Internacionales contra la Minería y de la Asociación para el
Desarrollo de El Salvador (Cripdes).
La
consulta popular realizada el domingo fue histórica para la
municipalidad de Cinquera, la primera que se hace en Cabañas, un
territorio principalmente agrícola en la frontera con Honduras.
Organizada
por la oficina del alcalde, junto con organizaciones sociales
locales, la consulta, que contó con la participación de 52 por
ciento de los habilitados, reveló que 98 por ciento están en contra
de la minería en Cinquera.
Las
consultas populares son una práctica nueva en El Salvador, pero no
en América Latina, donde ya hubo varias en distintos países y con
diferentes figuras legales.
El
código municipal de El Salvador permite que las municipalidades
organicen referendos para que la comunidad se exprese sobre asuntos
que realmente les afectan a título personal o familiar.
“El
asunto de la minería se ve como algo que permitirá el desarrollo de
la comunidad. Si las compañías vienen, es cierto, las traen por sus
beneficios: por unidades de trabajo y desarrollo de las comunidades”,
dijo William Iraheta, consultado por IPS.
“Pero
es solo el comienzo, y al final es un desastre. Agotan los recursos
naturales y solo dejan un desastre. Como eso afecta directamente a
las comunidades, las tienen que tomar en cuenta y deben de contar con
información sobre ambos lados del argumento para poder decidir qué
es viable para ellos”, apuntó.
Bernardo
Belloso, presidente de Cripdes, que participa en la organización de
la consulta popular, dijo que no es suficiente con tener una
ordenanza municipal.
“Esperemos
que esta experiencia también sirva para otras municipalidades”,
observó.
“Queremos
una sociedad más segura para nuestras generaciones futuras. Es
importante que toda la población de El Salvador tome una posición
en defensa del territorio y de los pocos recursos naturales que
quedan, así como de nuestra soberanía”, añadió Belloso.
Traducido
por Verónica Firme
Fuente:
Aruna Dutt, Otro pueblo de El Salvador rechaza un proyecto minero, 02/03/17, Inter Press Service. Consultado 08/03/17.
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