Tierras que hoy
son monte cambiaron de dueños en los últimos años. Cada metro que
podría habilitar la ley se mide en dólares. El debate en torno de
la ley de bosques se torna abstracto si no se conoce el mapa actual
con el que se lo quiere reemplazar.
por Mariano
Bergero
Las dos
principales coaliciones políticas de la provincia, Unión por
Córdoba -principalmente-, pero también Cambiemos -aunque en
menor medida-, comienzan el año legislativo y electoral con un
problema sin resolver heredado de 2016 y que aparece con pronóstico
reservado respecto de su futuro: la discutida ley de bosques.
Esta vez, a
diferencia de otras oportunidades en que se actuó sin anestesia para
evitar que el malhumor social se caldeara más allá de la frontera
de lo manejable -el tratamiento exprés del delasotismo cuando
instauró el diferimiento a los pasivos provinciales en agosto de
2012 es una pieza de colección en la materia-, la ley de bosques
tomó la forma de debate social.
El problema
creció, como el desmonte.
Se reinstala
aquel apuro por aprobar una nueva normativa que, el pasado 28 de
diciembre, incluyó un intento de llevar la obligatoria audiencia
pública a 170 kilómetros de la Legislatura y el posterior amparo
judicial que hirió de muerte aquel apremio.
Ahora vuelve el
apresuramiento cuando restan cinco meses para la presentación de las
listas y siete para las Primarias Abiertas Simultáneas y
Obligatorias que definirán las candidaturas legislativas para
octubre.
Un mal bien
cordobés y argentino el de discutir a las apuradas los temas
centrales que marcan el trascurrir de la sociedad.
Agenda caliente
Al abrir hoy un
nuevo período de sesiones, el gobernador Juan Schiaretti repetirá
lo que viene diciendo desde que Doña Jovita se transformó en
estandarte de la protesta: “Sin consenso legislativo no hay ley”,
“esta no es una ley del Ejecutivo”.
El mandatario y
sus referentes en la Unicameral no faltan a la verdad cuando aseguran
que el proyecto en debate no proviene desde el Ejecutivo. Pero no
cuentan la historia completa.
Una comisión de
10 legisladores del noroeste trabajó en la iniciativa. Ocho de esa
decena son de Unión por Córdoba. Sólo hay dos opositores: los
radicales Carlos Ciprian y José Díaz.
Lo que tampoco
dice ni muestra el oficialismo es el corazón de la reforma: el mapa
en el que se detallan qué zonas quedarán habilitadas para ampliar
la frontera productiva, es decir dejarán de ser monte.
Sería sano,
transparente y hasta ilustrativo que los cordobeses en su conjunto
pudiesen cotejar el mapa vigente con el que pretende modificarlo.
Sin esa
información crucial e indispensable, el debate se torna abstracto.
¿Por qué tanto recelo en difundirlo? ¿Esconden algo esos trazos?
Tanto
oficialistas (algunos de ellos delasotistas, que por orden de su
líder plantearon divergencias sobre este tema en el seno de Unión
por Córdoba ensanchando las diferencias internas en el partido de
gobierno) como los dos radicales, recién pudieron acceder al famoso
plano con sus zonas “rojas”, “amarillas” y “verdes” a fin
de año.
Debate helado
El biólogo
Federico Kopta, titular del Foro Ambiental Córdoba, aportó datos
sobre la discusión que contrastan con los intentos del oficialismo
de instalar que la ley es fruto de un debate laborioso que insumió
seis meses de intercambio de opiniones.
El nuevo
proyecto, cuenta Kopta, “nunca” fue tratado en la mesa de diálogo
creada por el Gobierno en agosto de 2016.
Dice que recién
tomaron contacto con el texto, no con el mapa, el 1º de diciembre y
tuvieron cuatro días para realizar aportes, los cuales no fueron
incluidos.
Y puntualizó que
“ningún” legislador se hizo presente en la reuniones mientras
actuó la comisión, conformada por diversos actores, muchos de ellos
con intereses contrapuestos.
En Cambiemos, que
el año pasado se comprometió a debatir el tema a inicios de este
nuevo período legislativo, también hay apuro por adecuar la Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Sucede que la
mayoría de la dirigencia rural organizada, que presiona fuerte para
avanzar con la ley, está enrolada en el radicalismo o en el
macrismo.
“Tenemos más
compromisos nosotros que ellos (por Unión por Córdoba) con esa
gente”, se lo escuchó decir a un integrante de la primera minoría
cuando el tratamiento se cayó a finales del año pasado.
Otro factor de
fuerte interés económico sobrevuela el debate: grandes porciones de
esas tierras que hoy son monte cambiaron de dueños en los últimos
años.
Cada nuevo metro
que podría habilitar la nueva ley se mide en dólares.
Fuente:
Mariano Bergero, Una astilla clavada en medio de la Legislatura, 01/02/17, La Voz del Interior. Consultado 01/02/17.
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