No se puede tomar una decisión tan trascendente, ampliar la vida de las centrales nucleares españolas hasta los 60 años, sin transparencia, sin debates, sin diálogo.
por Ander Gil
Son muchas las
perspectivas y los ángulos desde los que abordar el tema de la
energía nuclear. Pero hay uno fundamental: la seguridad nuclear y
radiológica.
Los accidentes de
las plantas de Three Mile Island (en Estados Unidos, en marzo de
1979), el de Chernóbil (en Ucrania, en abril de 1986) y el de
Fukushima (en Japón, en marzo de 2011) han puesto de relieve que
existen riesgos altos. Muy altos. Riesgos que no pueden ser
eliminados por completo, pero que, mientras esta tecnología exista,
tienen que ser controlados al máximo, con una sólida y rigurosa
regulación, con fuertes inversiones económicas y con equipos
humanos extremadamente preparados, donde la cultura de seguridad esté
por encima de los intereses monetarios.
Como dice un
amigo, lo "bueno" de las centrales nucleares es que "casi
nunca pasa nada". La energía nuclear no es ninguna panacea: son
instalaciones que requieren miles de millones de euros para su
construcción, hay un proceso emisor de radiaciones ionizantes de
difícil control, se generan residuos radiactivos de alta actividad
(de carísima y compleja gestión, como estamos viendo con el caso
del Almacén Temporal Centralizado -ATC- en Castilla-La Mancha, y
que hipotecan a las generaciones futuras), desconocemos con precisión
la cuantía de las reservas de uranio y existe el riesgo de la
proliferación de armamento nuclear.
Además, como
quedó demostrado en Japón, nunca se podrá eliminar por completo el
riesgo de accidentes (un tipo de accidente, el nuclear, que conlleva
unas tremendas implicaciones sociales, económicas, sanitarias y
medioambientales de muy largo plazo). Y tampoco podremos evitar que
las plantas atómicas sean objetivos de atentados terroristas. Sin
embargo, tendremos que convivir con esta tecnología algunas décadas
más.
Se puede,
legítimamente, estar a favor o en contra de cualquier tipo de
energía. Pero lo inaceptable sería adoptar posiciones sin rigor,
sin hacer las cuentas completas, sin anticiparse a los problemas que
puedan surgir. Mucho menos, se puede adoptar una posición desde la
óptica de la cuenta de resultados de grandes multinacionales de la
energía.
Si esto es así,
si vamos a tener que seguir utilizando la tecnología nuclear para la
producción de electricidad durante algunos años más, un hecho
también será cierto: dado que tenemos un parque nuclear muy
envejecido, ya al borde o por encima de los 40 años de operación,
habrá que destinar muchos más recursos, tanto económicos como
humanos, a la seguridad nuclear y radiológica. Y, muy especialmente,
tras el desastre de Fukushima.
En otras
palabras: la seguridad deberá ser la prioridad de las prioridades.
Países como
Alemania, Bélgica o Suiza han anunciado el abandono definitivo de
sus programas nucleares (Austria ya lo hizo hace 30 años) o la
reducción de su dependencia de la energía nuclear (como Japón,
Reino Unido o Francia). Otros, como, por ejemplo, China, Rusia, India
o Estados Unidos, han confirmado la continuidad de los mismos.
El hecho es que
en el próximo cuarto de siglo es probable que se mantenga el
portectaje actual de producción mundial de energía eléctrica con
origen nuclear.
Como en el caso
de otras tecnologías, los países deben sopesar los costes y los
beneficios de contar con centrales nucleares.
Todos los países
tienen derecho a utilizar la energía nuclear. Pero todos los que
opten por esta vía deben estar obligados a hacerlo correctamente y
con las máximas garantías, capacitando a un gran número necesario
de ingenieros, físicos, químicos y de expertos nucleares,
construyendo una sólida infraestructura técnica, ateniéndonos a
las normas, a las buenas prácticas y a las directrices
internacionales de seguridad y contando con organismos reguladores
eficaces, eficientes, creíbles, transparentes, que cuiden una buena
comunicación con la opinión pública y, sobre todo, independientes.
Así, en el
debate sobre el futuro de la energía nuclear los organismos
reguladores cobrarán más protagonismo, debiendo mantener su
neutralidad y extremo rigor en la aplicación de las normativas y de
las buenas prácticas, ya que esa es la misión que les encarga la
sociedad. Algo que, por supuesto, incluye a España, a través del
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
El Consejo de
Seguridad Nuclear lleva desde 1980 trabajando con un cuerpo técnico
de primer nivel. Por eso, el Consejo ha sido reconocido por el
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) como una
institución de referencia a nivel internacional a la hora de prestar
un servicio público esencial: proporcionar previsibilidad,
estabilidad y confianza en la regulación de la seguridad nuclear.
Nuestro país es
el cuarto mayor productor de energía nuclear de los 28 países de la
Unión Europea. Y el octavo de los 31 países que configuran la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Estamos, por lo tanto, entre los países del pelotón de cabeza en
materia de utilización de energía nuclear, que representa en la
actualidad en torno al 19% de nuestra generación eléctrica.
A día de hoy,
disponemos de seis centrales en operación, que contabilizan un total
de ocho reactores, siendo la edad media de funcionamiento de nuestro
parque nuclear de 36 años (las más jóvenes son Trillo y Vandellós
II, puestas en marcha en 1987). Garoña, situada en la Comarca
burgalesa de Las Merindades, es la más antigua, con sus 46 años a
cuestas, y en diciembre de 2012 paró, unilateralmente, su actividad
comercial.
En julio de 2013
Garoña recibió una orden ministerial que le obligó a un cese
definitivo de explotación, tras haber operado durante más de 42
años. Sin embargo, varios cambios legislativos realizados ad hoc a
favor de Nuclenor (la empresa titular de Garoña, participada al 50%
por Iberdrola y por Endesa), anunciados en rueda de prensa por la
vicepresidenta primera del Gobierno de Rajoy (incluyendo una reforma
exprés del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas)
permitieron a Nuclenor solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear la
renovación de su autorización de explotación por 17 años más,
hasta 2031.
Es decir:
Gobierno y empresas quieren llevar al reactor burgalés hasta los 60
años de operación comercial (una petición desconocida en la
historia de la seguridad nuclear en España, a la que parece haberse
plegado la mayoría del pleno del CSN, dado el valleinclanesco
proceso de licenciamiento de Garoña que hemos conocido hasta ahora).
El hecho es que
tras diversas modificaciones legales realizadas ad hoc (sin contar
nunca con la unanimidad del pleno del CSN) para propiciar la
ampliación de la vida útil del reactor nuclear Santa María de
Garoña; tras haber dejado expirar voluntariamente varios plazos
legales en 2012 y en 2013 para operar a potencia (debido a
negociaciones económicas entre el propietario de Garoña y el
Gobierno de España); tras ser multada por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC) con más de 18 millones de euros
(por parar unilateralmente, sin permiso, en diciembre de 2012), la
compañía explotadora de Garoña, Nuclenor, presentó en 2014 al
Gobierno de España y al CSN una nueva solicitud de renovación de su
autorización de explotación, con el objetivo de seguir operando
dicha central nuclear hasta 2031, a pesar de estos lamentables
antecedentes reguladores.
Y, por si esto no
fuera suficiente, en 2015, unas semanas antes de las elecciones, el
Gobierno de Rajoy, sin contar con el respaldo del Parlamento, impuso
por Real Decreto un tercer consejero del Partido Popular en el CSN,
Javier Diez, para que la mayoría política en el seno del pleno del
Consejo (3 de 5) estuviera garantizada (haciendo un daño tremendo a
la credibilidad y a la independencia del organismo regulador). Al PP
le oímos luego apelar a no se qué consensos, pero en cuanto tienen
la oportunidad, imponen su criterio unilateralmente. No es la forma
de hacer política que reclaman los tiempos y los ciudadanos.
Así ha llegado
Garoña a 2017. El pasado miércoles 25 de enero, el pleno del CSN
recibió, por fin, la documentación técnica que autoriza a Garoña
para ser explotada comercialmente hasta 2031… o más allá, ya que
el CSN, haciéndole el juego al Gobierno de Rajoy, ni siquiera le
pone fecha límite a Garoña. Un chollo para Endesa e Iberdrola.
No sabemos qué
decidirá dentro de unas semanas la mayoría del pleno del Consejo de
Seguridad Nuclear. Pero lo que sí sabemos es que Nuclenor apenas ha
hecho las inversiones económicas exigidas en materia de seguridad
nuclear. Así que aunque consiga la autorización es posible que ni
siquiera pueda cargar combustible para operar a potencia, para
producir energía que es para lo que sirve una central nuclear.
Y, aun así,
sabiendo que Garoña no ha hecho mejoras en seguridad nuclear y que
no puede producir electricidad, el pasado miércoles llegó a la mesa
del Consejo su informe, inédito por dos motivos: primero, porque
nunca una empresa propietaria de una central nuclear había
presentado al CSN una solicitud de renovación de una autorización
de explotación por un período de tiempo superior a los 10 años
(Nuclenor pide 17 años más de operación para Garoña). Y, segundo,
porque nunca un titular había solicitado al CSN operar un reactor
nuclear hasta los 60 años de explotación comercial. Y, por
supuesto, nunca se había disociado en España una Revisión
Periódica de Seguridad (RPS), que obligatoriamente se realiza cada
10 años, de una autorización de renovación de explotación de un
reactor nuclear (una práctica reguladora bien asentada desde 1999,
así reconocida por el OIEA en una misión de evaluación que envió
a nuestro país en 2008).
En el Congreso de
los Diputados y en el Senado esperamos el informe del CSN con
urgencia. Un informe que, de ser positivo, servirá de precedente
para el resto de reactores españoles, deseosos de llegar también a
los 60 años de explotación comercial. Hay mucho dinero en juego.
Buena prueba de ello es que el CSN lleva tres años cambiando
instrucciones, guías, procedimientos y manuales de seguridad para
adaptar la normativa a la operación a largo plazo de nuestras
centrales nucleares. Incluso, a propuesta del consejero del Partido
Popular, Fernando Castelló, el CSN retiró en el pleno del 8 de
octubre de 2014 la norma que impedía a la central nuclear de Trillo
solicitar renovaciones por más de 10 años. Además, Almaraz, antes
de agosto de este año, tendrá que solicitar su renovación de
autorización de explotación, y, probablemente, querrá lo mismo que
Nuclenor: llegar a los 60 años de explotación comercial. ¿Qué
apostamos?
El objetivo
político-empresarial es muy claro. Incluso sin operar a potencia,
sin que Garoña volviera a producir ni la energía que consume una
bombilla, la jugada es rentable: las eléctricas podrán chantajear a
futuros gobiernos exigiendo lucro cesante si algún presidente o
ministro se atreve a cerrar alguna central nuclear en España por
motivos políticos o económicos. Otra vez el interés particular y
económico de las grandes empresas por encima de la política y el
interés general. ¿Les suena? Son exactamente las bases del camino
que nos trajo hasta una de las mayores crisis económicas de los
últimos tiempos. Algunos parece que no han aprendido nada e insisten
en esta fórmula.
Un vodevil que
llama la atención (más aún) ante el hecho de que España tiene un
exceso de potencia eléctrica, pudiendo prescindir sin problemas de
un reactor nuclear tan obsoleto, tan envejecido y tan peligroso como
Garoña, que lleva más de cuatro años sin producir ni un solo
kilowatio de electricidad.
Desde el PSOE
hemos dicho que así no pueden hacerse las cosas. Porque no se puede
tomar una decisión tan trascendente, ampliar la vida de las
centrales nucleares españolas hasta los 60 años, sin transparencia,
sin debates, sin diálogo, sin que el Congreso de los Diputados ni el
Senado conozcan en profundidad las implicaciones técnicas que en
materia de seguridad conlleva tal disposición.
Se trata de un
proceder nada democrático, inaceptable en un país desarrollado, que
contrasta con el profundo debate público que se está siguiendo, por
ejemplo, en países altamente nuclearizados como Francia, donde desde
2009 se está analizando tanto técnica, como política, económica y
medioambientalmente las implicaciones derivadas de permitir que sus
centrales nucleares lleguen a los 60 años de vida útil.
Así, la Agencia
de Seguridad Nuclear (ASN), el homólogo francés del CSN, ha
anunciado que emitirá un informe al respecto en 2019 (tras más de
10 años de intensos análisis científicos, debates públicos y de
consultas técnicas). Además, en Francia no juegan con fuego: el
pasado 23 de enero François Hollande anunció el cierre de
Fassenheim, la central nuclear más vieja del país galo, incorporada
a la red en 1977 (Garoña obtuvo su autorización de construcción en
1963, se comenzó a construir en 1966 y se conectó a la red en
1971).
Una cosa está
clara en el ámbito de la seguridad nuclear, y muy especialmente tras
las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima: la actuación
del organismo regulador es clave. No es casual que la Comisión
Parlamentaria Independiente de Investigación del accidente de
Fukushima concluyera, en su informe remitido al Gobierno de Japón en
julio de 2012, que el accidente nuclear de Fukushima fue un "desastre
causado por errores humanos". El informe subraya, taxativamente,
que la catástrofe fue consecuencia de la complicidad entre el
gobierno, las agencias de regulación y el operador TEPCO,
reconociendo que los fallos regulatorios y de supervisión fueron de
tal gravedad, que el accidente de Fukushima hubiera podido producirse
incluso en ausencia de cualquier desastre natural. ¿Les suena la
fórmula?
La mayoría de
tres quintos de la Comisión de Industria del Parlamento ya instó al
Gobierno de España, en mayo de 2015, el cese del presidente del CSN,
Fernando Marti, exsecretario de Estado de Energía, quien,
incomprensiblemente, sigue al frente de esta institución, ya que el
Consejo de Ministros hizo caso omiso al Parlamento. Ese mismo año
incluso fue obligado por el Consejo de Transparencia a publicar la
documentación técnica que había ocultado sobre el emplazamiento
del cementerio nuclear en Villar de Cañas, porque se negó a hacerla
pública, en un alarde de opacidad impropio de un organismo regulador
de riesgos como es el CSN. Finalmente fue forzado a comparecer ante
la Comisión de Industria el pasado 19 de octubre de 2016, tras
escabullirse durante dos años seguidos, evitando rendir cuentas ante
el Parlamento, alegando, textualmente, que "viajaba mucho".
Y vaya si lo hace, aunque de eso hablaremos otro día.
Las anomalías
han sido constantes desde su toma de posesión en diciembre de 2012.
Y prosiguen, incluyendo cazas de brujas contra aquellos técnicos,
como Rodolfo Isasia, que se negaron a plegarse a sus arbitrarias
instrucciones (se cuentan por decenas los comunicados emitidos por
ASTECSN, la asociación de técnicos que no se ha arrugado ante el
martillo de Fernando Marti).
Sus constantes y
carísimos viajes internacionales sin justificar ya son un escándalo
públicamente conocido y aireado por la prensa y que han motivado
varias preguntas parlamentarias de este senador que escribe y que aún
no han sido respondidas por el Gobierno de Rajoy.
Adicionalmente,
en 2016 todos los grupos parlamentarios solicitaron por escrito,
tanto al CSN como al ministro de Energía, el Sr. Nadal, que se
congele el informe sobre la autorización de la renovación de
explotación de Garoña hasta no haber abierto un debate sobre las
implicaciones técnicas, económicas y medioambientales y en materia
de seguridad derivadas de llevar las centrales nucleares hasta los 60
años de operación comercial. Sin embargo, nada parece alterar el
proyecto urdido por el Partido Popular para propiciar la ampliación
de vida de las centrales nucleares españolas hasta las seis décadas
de vida útil. El informe de Garoña ya está sobre la mesa del pleno
del Consejo de Seguridad Nuclear.
Si la energía
nuclear va a seguir siendo parte del mix energético de nuestras
sociedades, creo indispensable renovar el compromiso de instituciones
como el CSN con la ciudadanía. No podemos hurtar al Congreso y al
Senado, y a la opinión pública, un debate esencial sobre la
operación o vida a largo plazo (60 años) de los reactores
nucleares, como debería hacerse en un país serio. Por eso,
considerando que no es concebible el uso de la tecnología nuclear
sin un refuerzo de la seguridad y que, en esta materia, siempre habrá
margen para mejorar, un organismo regulador como el CSN debería
ganar legitimidad, neutralidad, transparencia, credibilidad e
independencia ante todos los grupos parlamentarios, ante las empresas
y los ciudadanos, ante los medios de comunicación y las ONGs, ante
los partidos políticos y los sindicatos, ante las universidades y
las instituciones internacionales. Ante todos.
El pleno del CSN
no debería olvidar nunca que la defensa del bien público ha de ser
el leit motiv del quehacer diario de ese organismo regulador. Porque
no hay duda de que el siglo XXI ha traído consigo la necesidad de
reforzar el papel de los organismos reguladores, como garantes de la
protección social y la defensa del bien público. Basta con mirar
los desmanes propiciados por el sector financiero al no haber contado
con una eficaz y sólida regulación en el momento de tomar
decisiones cruciales. Todos conocemos las consecuencias, pero el PP
vuelve a insistir en esta nefasta fómula que nos trajo a la mayoría
hasta aquí. ¿No aprendieron nada?
En un contexto de
vertiginosos cambios y de inusitadas turbulencias económicas,
políticas y medioambientales en todo el mundo, es preciso apostar
por lo que el profesor inglés Christopher Hood ha denominado "el
gobierno del riesgo". Es decir, por diseñar mejores e
innovadores sistemas de regulación, de control y de prevención de
aquellas actividades que conllevan serios peligros inherentes (como
es la energía nuclear). Y, en ese "gobierno del riesgo",
los organismos reguladores no sólo tienen mucho que decir: también
tienen mucho que hacer. Ojalá no nos fallen. Confianza es la palabra
clave. Y deseo confiar en que el CSN finalmente esté a la altura de
lo que se espera de él, evitando más esperpentos.
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Fuente:
Ander Gil, El esperpento de Garoña, 30/01/17, El Diario.es. Consultado 02/02/17.
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