A pedido del
gobernador Schiaretti, el gobierno nacional a través del ministro
Sergio Bergman se involucrará en la discusión por la fallida ley de
bosques. ¿Qué podemos esperar de la posición de Cambiemos?
por Tiago Nabis
El pasado
diciembre la movilización popular promovida por oganizaciones
ambientalistas, sociales y de la izquierda hizo caer el tratamiento
de la ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos de
Córdoba. Sin embargo, dada su buena relación con Mauricio Macri, el
gobernador Schiaretti habría solicitado al presidente un mayor
compromiso de parte del gobierno nacional y de los legisladores de
Cambiemos con la sanción de esta ley.
Muy lejos se
encuentra este compromiso de responder a la inquietud de personas
preocupadas por la destrucción de los ambientes naturales y a los
argumentos científicos en contra del proyecto del oficialismo. Por
el contrario, según medios locales el gobernador habría afirmado
ante productores rurales que no iba a sancionar la norma en caso de
no contar con el respaldo de las principales fuerzas parlamentarias,
si bien Unión por Córdoba contaban con los 40 votos necesarios para
convertir en ley el proyecto.
En este marco se
comprende el anuncio de la visita a la provincia de Córdoba del
ministro de medio ambiente de la nación, Sergio Bergman, durante las
primeras semanas de febrero. También se entienden las declaraciones
de referentes del PRO, el radicalismo y el juecismo sobre la
necesidad de modificaciones al proyecto de ley provincial. Sin
embargo, poco hay que esperar del repentino compromiso ambiental de
Cambiemos.
Más allá de la
falta de conocimiento de temas ambientales del ministro Bergman y de
su manifiesta inoperancia durante recientes crisis ambientales como
los incendios en La Pampa, lo más preocupante es que Cambiemos ya ha
demostrado su desprecio por la conservación de los bosques en la
reciente sanción de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos de la provincia de Buenos Aires (ley 14.888).
En la provincia
gobernada por María Eugenia Vidal, la ley de ordenamiento fue
criticada por tener una finalidad económica más que proteccionista,
ya que pretende aprovechar económicamente los recursos que brinda el
monte o bosque nativo. Una exigencia similar a la que sostienen los
productores rurales cordobeses agrupados en Cartez, bajo el engañoso
lema de "producir conservando".
La ley de la
provincia de Buenos Aires habilita, además, la especulación
inmobiliaria de empresas como Techint, a costa de las funciones
ambientales que cumplen los bosques ribereños, como la recarga de
acuíferos y la mitigación de las inundaciones. Permite avanzar con
la construcción de barrios privados sobre bosques y humedales. La
ley habilita además la realización de obras públicas incluso en
las zonas rojas (de máximo valor para la conservación).
Los mapas que
acompañan la ley bonaerense colocan una insignificante porción de
los bosques en la categoría roja y, según señalan sus críticos,
muchas zonas boscosas no se encuentran señaladas en el mapa, por lo
que no se encontrarían protegidas por la ley. Una coincidencia
notable con los pedidos de ganaderos cordobeses, que insisten con que
la superficie de bosques nativos se encuentra "sobrevalorada"
en el mapa de ordenamiento provincial actualmente vigente. De forma
contradictoria, también sostienen que si bien hay menos superficie
de bosque, debe asignarse una menor proporción a la categoría roja
de conservación.
Las similitudes
entre la gestación de la ley bonaerense y la cordobesa son también
muy notables. En Buenos Aires este proyecto fue presentado en una
audiencia pública convocada de manera irregular el 14 de febrero de
2014, que luego fue aprobado en la Cámara de Senadores el 29 de mayo
de 2015 por sorpresa y a espaldas de la comunidad, y finalmente fue
sancionado en la Cámara de Diputados el pasado 21 de diciembre a las
23.30 horas de la noche. En Córdoba se pretendió convocar una
audiencia pública en Villa de María del Río Seco, a 170 km de la
capital. La audiencia fue suspendida por la justicia al entender que
se violaba el principio de participación popular. De todos modos, se
intentó aprobar esta ley el 28 de diciembre pasado, durante la
última sesión de la Legislatura y se desistió de esta idea luego
de un amplio rechazo de la ciudadanía.
La ley de
ordenamiento territorial de los bosques nativos bonaerenses pone en
riesgo los remanentes de los bosques costeros y caldenales de esa
provincia. Su tortuosa aprobación se dio a espaldas del reclamo
popular y la opinión de los expertos, bajo los gobiernos de Daniel
Scioli y María Eugenia Vidal. Con ese antecedente, los acuerdos
entre el oficialismo de Unión por Córdoba y los legisladores
cordobeses de Cambiemos asistidos por el ministro Sergio Bergman no
auguran nada bueno para los bosques de la provincia. Tanto en Buenos
Aires como en Córdoba estas leyes son apoyadas por legisladores de
todo el arco político, con la excepción del Frente de Izquierda,
que ha mantenido una oposición consecuente.
El próximo 1°
de febrero inician las sesiones ordinarias de la Legislatura de
Córdoba y el ministro Bergman viajaría a interiorizarse sobre la
nueva ley de ordenamiento y a aportar sugerencias. Hay grandes
posibilidades de que estas negociaciones sólo sean una fachada para
repartir los costos políticos de la aprobación de esta ley,
resistida ampliamente por la población cordobesa.
Fuente:
Tiago Nabis, Qué esconde el pedido de consenso sobre la ley de bosques, 28/01/17, La Izquierda Diario. Consultado 28/01/17.
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