Al menos 11 niños
y adolescentes murieron desde 2008 en hornos ladrilleros, y muchos
otros trabajan y no van a la escuela. Si bien no hay datos oficiales,
el Gobierno provincial reconoce el sistema de explotación pero dice
que no lo soluciona por temor a un conflicto social.
por Juan Manuel
Gonzalez
La gruta que
recuerda a Rodrigo Cueto Ramos está en el ingreso al cortadero donde
murió, en octubre de 2012, cuando tenía dos años. Como él, al
menos otros 10 niños y adolescentes fallecieron desde 2008 en
cortaderos de ladrillos cordobeses, en contextos vinculados con el
trabajo de sol a sol, o por las propias características de las
viviendas que habitan, ubicadas a pocos metros del horno, que
generalmente no son más que taperas sin aberturas ni instalaciones
de agua o electricidad.
La pobreza
extrema es el eje de la matriz productiva sobre el que se monta la
fabricación de los ladrillos artesanales en la mayoría de los 232
cortaderos que actualmente rodean a la ciudad de Córdoba,
condiciones que condenan a los niños y adolescentes que viven allí
a repetir circuitos de marginalidad, expulsándolos del sistema
educativo y exponiéndolos a peligrosas condiciones de supervivencia
que ponen en riesgo su vida.
Hasta la
publicación de esta investigación, las autoridades provinciales y
la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), el
sindicato ladrillero, tenían registradas 10 muertes de niños desde
el inicio del conteo, ocho años atrás. Sin embargo, Chequeado
detectó un caso más: un niño de cinco años murió un sofocante
día de diciembre de 2015, ahogado en un estanque en el que se
refrescaba: Michel Lucas León Castellano se hundió en aquel rústico
embalse del que se proveen las ladrilleras de la zona, en la frontera
entre la ciudad de Córdoba y los municipios de Toledo y Bouwer. Como
ocurre en esta actividad de manera frecuente, Michel había quedado
“al cuidado” de otros niños, tan chicos como él. La omisión de
los registros es solo una muestra de la precariedad de una situación
que ni siquiera contabiliza a sus víctimas fatales.
Ese es el dato
más cruel de este informe: las 11 vidas que quedaron allí, en los
socavones. De estas víctimas de la industria del ladrillo, sólo una
murió trabajando efectivamente: en enero de 2013, un adolescente de
15 años fue aplastado por un tractor que se desplazaba por el
campamento ubicado en el lote 21 de la calle 128, luego de que él
cayese desde lo alto del vehículo.
Estos 11 niños
muertos eran parte del último eslabón de la cadena productiva del
ladrillo artesanal. Fueron víctimas de la “situación de trabajo”
en las que sus vidas transcurrían: ahogados en los “pozo-balde”
que acumulan agua, materia prima del ladrillo; asfixiados en
incendios al quemarse los ranchos que iluminaban con velas; o
atropellados por los vehículos que llevan y traen leña y ladrillos.
Las dos únicas
especialistas que integran actualmente la Comisión Provincial para
la Prevención del Trabajo Infantil (Copreti), Mariana Roigé y Nora
Verde, coinciden: la primera infancia es el grupo más vulnerable en
la vida cotidiana de la ladrillera. Atados a las espaldas de sus
madres o deambulando sin la supervisión de adultos, los más
pequeños no abandonan esos guetos de barro en todo el día.
Mirá esta línea
de tiempo con los casos:
Eso pasa en el campamento ladrillero del paraje La Media Luna, a 38 kilómetros del centro de la capital provincial, en la localidad de Monte Cristo, un soleado día de octubre de 2016: nada disimula el humo ni frena el viento, mientras una nena parece jugar al borde de una pila de ladrillos y una madre joven lleva a su niño con ella cuando barre el ingreso de un rancho al que le falta todo. Un informe reciente de la Copreti detectó que allí viven 170 familias, un total de 856 personas. El grupo más numeroso lo conforman niñas y niños menores de cinco años: 166, es decir el 20 % de la población. En el paraje no hay centro educativo para ellos, y su única rutina es la del cortadero. Otros 32 niños mayores de cinco años (sobre un total de 140 que integran ese grupo) tampoco habían comenzado la escuela en 2016. Al no asistir a un centro educativo, el 65 % de los niños no tiene contacto habitual con pares o adultos fuera del contexto ladrillero.
“En el niño,
su rol en la producción del ladrillo comienza de manera
asistemática, como si se tratara de un juego. Y desde los 11 años
se transforma en una tarea sistemática, que lleva a que se falte a
la escuela si hay exigencias de producción. Así se incorpora a esa
edad a una organización laboral, a un proceso productivo. El
cocinado del ladrillo, que es la tarea más calificada, los
adolescentes comienzan a aprenderlo a los 14 o 15 años”, dice
Roigé, de Copreti.
O en el caso de
las chicas, que suplen a sus mamás en las tareas domésticas y de
cuidado de los hermanos menores, su participación laboral es aún
más invisible, confinada al interior de la casa, ubicada en los
fondos del cortadero.
Un esquema de
explotación
El sindicato
ladrillero estima que cada cortadero produce nueve horneadas al año,
con una fabricación estimada de 540 mil piezas (60 mil por cada
“horneada”). Al multiplicarse ese número por los 232 cortaderos
relevados en esta investigación, se calcula en 125 millones de
piezas al año, que generan un movimiento de más $250 millones en
los campamentos, es decir, antes de que los ladrillos ingresen a los
sistemas formales de comercialización, calculando que cada ladrillo
se vende a $2 al pie del horno.
Estos números
abarcan sólo a la zona metropolitana, donde se produce
artesanalmente el 40 % de los ladrillos cordobeses, según se
determinó en una investigación de la actividad coordinada en 2010
por Andrés Matta, actual secretario Técnico de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y experto
en el análisis socioeconómico de las cadenas productivas del
ladrillo y la industria textil. Es decir que por año se cocinan en
toda la provincia de Córdoba más de 312 millones de piezas, con un
movimiento informal sólo en la comercialización de $625 millones.
Esos números
estimativos corresponden a 2016, en medio de una fuerte recesión de
la construcción. En épocas de boom, el número crece. El sindicato
ladrillero estima que 100 cortaderos se paralizaron el año último
en la provincia de Córdoba por falta de demanda.
De acuerdo con la
estimación sindical, actualmente trabajan de manera directa en los
cortaderos de toda la provincia seis mil personas, de los cuales
menos de 200 están formalizadas, bajo el amparo del Convenio
Colectivo de Trabajo y normas de higiene que les garantizan el
salario mínimo e impiden a sus familias vivir en el cortadero, lo
que previene el trabajo infantil.
El resto lo hace
bajo un esquema de “mediería”, que es donde tienen sus orígenes
las situaciones de explotación laboral y el trabajo infantil que
describimos acá:
- Cuando el mediero es un legítimo dueño del cortadero y alquila el lote pagando entre el 15 % y el 25 % de la mejor producción del horno al propietario de la tierra, y contrata (generalmente en negro) a los trabajadores, descontando que integrantes de cada familia sumarán brazos.
- Cuando quien figura como mediero es en realidad uno de los trabajadores del horno, quien aparece como un prestanombre del dueño del campo.
El ministro de
Trabajo de la Provincia, Omar Sereno, admite a Chequeado la
precariedad de los ladrilleros y sus familias, y reconoce que existe
una “situación oscura” respecto de los terratenientes.
“Es probable
que el dueño de la tierra sea el verdadero empleador y quien se
aprovecha de esa gente. Muchas veces, aparece como locador ante un
locatario (el mediero) que es difícil de identificar”, dice al
referirse a la polémica figura contractual. En esta “zona gris”
del contrato se escondería el locador del campo para simular su
verdadero rol: dueño en las sombras del cortadero.
Se trata, por lo
general, de “sociedades” ficticias entre cordobeses (los dueños
de la tierra) y bolivianos (los medieros). Estos se encargan de
reproducir el esquema de explotación con los otros trabajadores
contratados, que en su mayoría también son bolivianos. La
precarización y disparidad de las relaciones se profundizan cuando
el inmigrante está de manera irregular en el país, sin
documentación o con permisos vencidos.
Para el director
regional de Migraciones, Diego Puente, ambas situaciones suelen ser
aprovechadas por “el dueño del cortadero, que conoce las
costumbres y los temores de los trabajadores bolivianos, sabe bien
cómo amenazarlos e infundir el miedo de una deportación, que es una
mentira: el Estado argentino no deporta a migrantes en situación
irregular”.
Un caso
emblemático respecto del esquema de mediería ficticia es el de
Roberto Cabrera, dueño de un campo en la ciudad de Córdoba que
espera su juicio, acusado por el Ministerio Público Fiscal de trata
de personas. El fiscal Enrique Senestrari sostiene que Cabrera habría
abusado de las desfavorables condiciones socioeconómicas de las
personas que estaban en su campo produciendo miles de ladrillos y
viviendo en condiciones inhumanas, bajo este contrato de “mediería”.
Al menos 11 niños y adolescentes murieron desde 2008 en hornos ladrilleros, y muchos otros trabajan y no van a la escuela. Si bien no hay datos oficiales, el Gobierno provincial reconoce el sistema de explotación pero dice que no lo soluciona por temor a un conflicto social.
El trabajador
mejor pago de este sector es el “cortador”, quien recibe unos 27
centavos por cada ladrillo, $400 por día, $8 mil tras 20 días con
jornadas de 12 horas. Él es quien carga de barro los moldes de
madera o aluminio y deja el ladrillo “crudo” en la “cancha”,
un sector del terreno donde se secará durante varias horas hasta que
es apilado a la espera de la cocción. Como todos los trabajadores de
cortaderos artesanales, si llueve, no trabaja. Si se enferma, no
trabaja. Y si no trabaja, no cobra.
La contracara es
el dueño del campo, el “socio” capitalista del negocio. Por el
arrendamiento, percibirá entre el 15 % y el 25 % de la mejor
producción de cada horno montado en la parcela (en una hectárea
puede haber cuatro cortaderos y las respectivas viviendas). Para
dimensionar el negocio: si un cortador gana $8 mil por mes, el
propietario embolsará unos $25 mil mensuales al quedarse con el 20 %
de la producción de cada horno montado en su propiedad. Además, el
dueño del campo goza de un privilegio contractual: tiene prioridad
al momento de comprar el resto de la producción, por lo que también
es el principal formador de precios.
Ernesto es
“mediero” desde principios de los años ’90: dueño de su
horno, pero no del terreno. Por eso el propietario de la tierra se
lleva el 15 % de la producción de cada horneada de 70 mil ladrillos:
10.500 unidades, unos $21 mil por un pequeño terreno de media
hectárea. Ernesto está parado sobre un andamio, colocando los
últimos ladrillos crudos para montar el horno. Cubre todo su cuerpo
del sol de un mediodía de noviembre de 2016. Hizo sus números y
estima que ganará entre tres mil y cuatro mil ladrillos (de $6 mil a
$8 mil) por 25 días de trabajo a destajo.
“Si un
cortador gana $8 mil por mes, el propietario embolsará unos $25 mil
mensuales”
“Se trabaja
como esclavo”, dice Ernesto, quien debió comprar la tierra (el
dueño no permite socavar el campo), cuatro camiones de agua, el
aserrín, 30 toneladas de leña y pagar $325 por día a cada uno de
los dos trabajadores que “cortaron” los ladrillos que se
necesitaron para armar esta “quemada”: $7.800 a cada uno por 24
días de trabajo.
“Sólo alcanza
para comer”, dice Ramón, de un cortadero vecino al de Ernesto, con
un acento entre cordobés y potosino. Él dice que es mediero, pero
no identifica a quien le arrenda la media hectárea en la que
trabaja. Ahí nomás, a menos de 10 pasos del horno, está la puerta
del rancho que habita con su familia. Él tuvo menos suerte en su
negociación con el propietario del lote que explota, menor que media
hectárea, y debe pagar el 20 % de la producción de cada horno de 45
mil piezas. Y, como su vecino, corre con todos los gastos de insumos
y las dos personas que lo ayudan: un boliviano que vive en otro
rancho del cortadero y un cordobés que llega ocasionalmente de un
caserío cercano.
Las preguntas que se hace Nora Verde, de Copreti, van al nudo de la problemática: “¿Qué pasa en esta actividad que registra altos índice de trabajo precario y altos índices de trabajo infantil? ¿Qué pasa con la naturaleza de estas relaciones laborales marcadas por las condiciones peyorativas de estos trabajadores y sus familias? ¿Qué es esta ‘mediería’ en la que el trabajador debe producir diariamente 1.500 ladrillos de alta calidad y dejarle el 20 % de la producción al dueño de la tierra? ¿Qué es este sistema de trabajo medieval? ¿Qué pasa con estos adolescentes que tienen una trayectoria laboral signada por la explotación y la violación de derechos?”
La fabricación
del ladrillo artesanal en condiciones de vulnerabilidad no es una
problemática exclusiva del Gran Córdoba: hay cortaderos en el
interior de Córdoba, en Mendoza o en la Patagonia, entre otros
puntos. A diferencia de otros polos ladrilleros, el ubicado a pocos
kilómetros de la capital provincial presenta como particularidades
su envergadura y una enorme cantidad de “hornos golondrinas”, es
decir, cortaderos que crecen (y desaparecen) al calor del boom
inmobiliario o de la obra pública municipal y en los que prima la
lógica de mayor rentabilidad con menor costo, ecuación en la cual
la variable de la mano de obra es la más sencilla de ajustar.
Estos “hornos
golondrinas” fueron detectados en la investigación de 2010
dirigida por Matta. El trabajo concluyó que en esos cortaderos se
agravaban las formas de trabajo precario e infantil y los métodos de
supervivencia familiar.
Para Matta, la
“cadena económica del ladrillo” condena con su inequidad a
quienes viven en los cortaderos: “Quienes determinan el valor en la
cadena están en el extremo del consumo: desarrollistas y
constructores generan un esquema que no permite que quienes están en
el otro extremo, el productor artesanal, reciba el valor justo por su
producto. El eslabón más poderoso impone, a través de los dueños
de la tierra y los corralones, el precio al más débil,
condicionando toda la cadena”.
La vida en los
cortaderos
No hay censos
específicos que midan las variables socioeconómicas y ambientales
en los cortaderos de ladrillos. Y esa es otra de las conclusiones de
este informe: la falta de estadísticas que permitan diseñar una
estrategia pública de acción. Sólo pueden encontrarse algunos
datos fragmentados.
Con esos retazos sí pueden hacerse algunos análisis parciales, utilizando los datos de los radios censales (la unidad de medición más pequeña del Censo 2010) que corresponden a las zonas en las que se ubican los hornos ladrilleros.
Los datos
censales indican que en las zonas en las que se ubican estos 232
cortaderos hay 7.072 ranchos, por lo que se puede inferir que casi la
totalidad de las viviendas de los cortaderos son “taperas que por
lo general no tienen aberturas, piso de material ni excusado”, en
palabras de Leandro Vallejo, del sindicato de ladrilleros.
- ¿Por qué las
viviendas de los trabajadores están “pegadas” al cortadero?, se
le pregunta a Vallejos.
- Es parte del
sistema de explotación: el dueño del campo se garantiza un
trabajador permanente, un trabajador cautivo.
- ¿El esquema de
producción requiere de toda la familia trabajando?
- La
productividad para los dueños de los ladrilleros mejora si las
mujeres y los niños se suman al trabajo. Esa es la ecuación: que
por cada dos o tres empleados contratados, trabajen seis o siete
personas; y para lograrlo sólo es posible si la familia completa
trabaja. Es un círculo vicioso creado por los dueños del ladrillo
con la complicidad del gremio.
El acceso al agua
de red pública es uno de los mayores déficits de las viviendas de
esos sectores: el 30,6 % no tiene acceso y se provee de cisterna
(14,1 %), pozo (8,3 %) o bomba (8,2 %), de acuerdo con el análisis de
los datos censales de 2010. En números concretos: 18.038 hogares
ubicados en los cortaderos y en las adyacencias de estos no reciben
agua potable a través de la red pública.
Fuente: Censo
2010.
Lucía Yrigoyen,
directora de la escuela primaria Libertador San Martín -donde el 70 %
de los alumnos llega desde los cortaderos ubicados en el paraje Los
Socavones, en la frontera entre la ciudad de Córdoba y la localidad
de Toledo- sabe que el agua de la que disponen muchas familias de su
comunidad es de pozo o estanque, a veces de uso común con animales o
para utilizarse en el pisadero donde se prepara el barro que irá a
los moldes de los ladrillos.
“Muchos de los
alumnos conocen el agua de red o el baño al comenzar la escuela.
Suelen dormir en una o dos camas muchas personas, en ranchos muy
humildes. Y los he visto trabajando en los cortaderos y ellos lo
cuentan naturalmente”, dice la docente.
La falta de
estadísticas específicas también impide conocer qué impacto tiene
la falta de acceso a agua segura en la salud de los habitantes de los
cortaderos.
A modo de
ejemplo, en 2009, un trabajo interdisciplinario del Gobierno
provincial en la comunidad ladrillera de Villa del Prado (a 28
kilómetros de la ciudad de Córdoba y a siete kilómetros de Alta
Gracia) recomendó un relevamiento sanitario que permita concluir si
las condiciones ambientales (la falta de agua de calidad, el humo
constante, el tipo de alimentación) incidían en la alta prevalencia
de cáncer en ese poblado. De 1.300 vecinos, 30 habían fallecido en
los últimos meses por distinto tumores, siendo los de páncreas y
garganta los que más incidieron: seis y cinco casos,
respectivamente, según datos del municipio de Villa del Prado. Pero
aquel análisis que debió realizar el Gobierno cordobés no se
concretó jamás, confirmó Nilda Gait, directora de Epidemiología
de la Provincia.
Durante cinco
años, el Gobierno provincial desactivó las políticas de abordaje
integral de la problemática ladrillera, y mantuvo sólo las
asistenciales: desde 2009 y hasta mediados de 2011, la Provincia
integró la Comisión Cuatripartita para el Mejoramiento de las
Condiciones y Medio Ambiente en la Industria Ladrillera, una mesa que
reunía a actores políticos, sociales y económicos para diseñar y
articular acciones ante la compleja problemática. Las intervenciones
sugeridas por la Comisión permitieron logros parciales, aunque
importantes, entre ellos la apertura de escuelas en zonas
ladrilleras.
Pero durante la
última gestión de José Manuel de la Sota (diciembre 2011-2015),
aquellas acciones se frenaron y la Copreti fue reducida a su mínima
expresión: las dos empleadas consultadas para este informe son su
único personal actualmente. Tampoco se realizaron estudios
específicos, como el sanitario en Villa del Prado. Aunque cauto en
lo político, el actual ministro de Trabajo, Omar Sereno, confirmó
que en esos cuatro años “la Comisión quedó desactivada”.
El 14 julio de
2016, el Gobierno provincial reactivó la Comisión y fijó como
prioridades la documentación de la totalidad de la población
ladrillera y la apertura de salas educativas para menores de 5 años
y dispuso “correr la frontera” entre viviendas y cortaderos,
proponiendo que aquellas estén a no menos de 150 metros de distancia
del área productiva y con una separación física del ámbito
familiar, a los fines de minimizar los riesgos de que haya niños
deambulando. Sin embargo, no hay plazos de ejecución para tales
medidas.
La escuela
ladrillera
De acuerdo con
las estimaciones para esta investigación, en los 232 cortaderos de
la ciudad de Córdoba y el área metropolitana trabajan de manera
directa unas 2.500 personas, y otras 12 mil lo hacen de manera
indirecta, incluyendo entre ellas a los niños que como integrantes
de familias ladrilleras se suman en los distintos roles de la
producción. Los especialistas, investigadores y ladrilleros
consultados coinciden en que la precariedad es la que condiciona a
los niños y adolescentes para que trabajen, en una pulseada entre
escuela y cortadero en la que muchas veces se impondrá la “necesidad
del dinero ahora”.
Leticia Goffi, la
maestra del sexto grado de la escuela Libertador San Martín, a la
que asisten 114 niños que viven en cortaderos ubicados en el extremo
sur de la ciudad de Córdoba, es testigo presencial de la pulseada:
conoce que sus alumnos deben trabajar junto con sus padres, y que
este esfuerzo y la falta de condiciones adecuadas para el estudio y
el descanso repercuten en la calidad de educación de sus alumnos y
son determinantes en el nivel medio, cuando abandonan la escuela.
“Hay días que están con fiaca, cansaditos, pero ellos asumen
naturalmente el hecho de tener que trabajar, ya sea con el papá o
cuidando a los hermanitos porque su mamá debió ir al trabajo”,
dice la docente.
Susana Andrada,
trabajadora social e investigadora del impacto que tiene el trabajo
infantil en las trayectorias educativas de los niños, dice que “lo
que aparece con más claridad a los ojos de las maestras en esas
escuelas es la explotación laboral, el trabajo infantil en su forma
extrema, con una intensidad alta y asociado a riesgos, por ejemplo
cuando el niño se duerme en clase por el cansancio o porque trabaja
de noche”.
Pero -advierte-
“hay un amplio espectro de actividades laborales que quedan en un
cono de sombras para los docentes: las más invisibles son las
actividades domésticas que realizan las niñas en sus hogares. Esa
oscuridad sin dudas se debe a que es una tarea ‘puertas adentro’,
en la cual la colaboración de las niñas está naturalizada”.
La explicación
de Andrada es parte de un texto que elaboró para esta investigación,
basado en su trabajo académico y experiencias en escuelas de la
ciudad de Córdoba, donde concurren niños que trabajan.
A las adversas
condiciones en las que viven se suman desventajas del sistema
educativo. En la escuela Independencia Argentina, a unos 40 minutos
de viaje desde el centro de la ciudad de Córdoba, la totalidad de
sus alumnos proviene de cortaderos de ladrillos. Una docente dicta
clases para todos los grados en la única aula. La sala de
computación del establecimiento es una cáscara: tiene notebooks
flamantes, pero no internet. Tampoco teléfono fijo. Y algunos días
también falta el agua.
Durante el
verano, con las escuelas cerradas, las actividades socio-recreativas
en estos sectores desaparecen. Un ejemplo: en la escuela Libertador
San Martín, en el paraje Los Socavones, se cancelaron por falta de
fondos los talleres culturales y deportivos que se hacían en el
establecimiento los sábados.
Un territorio sin
ley
La actividad
ladrillera presenta un vacío legal inaudito. Sólo el municipio de
Colonia Caroya tiene una legislación específica respecto del uso
del suelo, la que atiende la demanda central del sindicato: que las
viviendas de los trabajadores estén a por lo menos 150 metros del
cortadero. El resto de los municipios (incluyendo el de la ciudad de
Córdoba) y la Provincia no tienen legislación para abordar el
complejo fenómeno.
Las inspecciones
de los distintos organismos de fiscalización, aunque permanentes,
son insuficientes ante la magnitud de este sistema de producción y
las complejidades descriptas.
El Gobierno
provincial descartó la posibilidad de clausurar los cortaderos
masivamente por el impredecible conflicto social que esa medida
generaría: seis mil familias en la provincia de Córdoba son
empleadas de manera directa o indirecta en este sistema de
producción, con las condiciones de exclusión y marginalidad
estructural explicadas.
Las autoridades
provinciales, sin embargo, mantienen los operativos de control de
higiene y seguridad, e invitan a la Dirección de Migraciones para
los controles de documentación. Durante 2016 se realizaron entre uno
y dos por semana, entre marzo y diciembre, dijeron desde el Gobierno
provincial. El ministro Sereno afirma que el método de abordaje
seguirá siendo la Comisión multipartita, y confía en que los
intendentes tengan un rol más activo en el control fiscal y el uso
de la tierra.
Las técnicas de
la Copreti coinciden en que la persecución penal atenta contra las
políticas de inclusión social. “No es posible avanzar en trabajos
inclusivos y de derechos sin desembarcar activamente en el
territorio, y sin el consentimiento del dueño del campo o del
mediero no se puede ingresar porque el cortadero funciona en una
propiedad privada. Clausurarlos, dejaría a estas familias sin
proyecto de vida y las enviaría a círculos de pobreza y exclusión
más complejos”, dice Verde.
“El rol
punitivo del Estado en esta cadena no tiene sentido: no hay
estructura gubernamental que pueda controlar la impresionante
cantidad de cortaderos que hay en toda la provincia, a los que se
debería volver de manera permanente para evitar que se comploten
para reabrir”, dice Matta, al avalar la estrategia de intervención
multisectorial. Y señala que “el Estado debería garantizar que
los cortaderos sigan funcionando, pero en condiciones dignas, ya que
tiene posibilidades de mejorar las condiciones de vida y producción
en las ladrilleras”.
A modo de
ejemplo, Matta apunta dos recomendaciones: utilizar tierras fiscales
para el desarrollo de polos ladrilleros de economía asociada, un
esquema que rompería con la mediería; y la participación de
equipos técnicos (por ejemplo del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial) para iniciar procesos de industrialización de la
actividad, lo que minimizaría el trabajo a destajo y desalentaría
el trabajo infantil.
Los expertos,
funcionarios y trabajadores consultados para esta investigación
coinciden en que las soluciones definitivas pasan por desarrollar
parques industriales alejados de las viviendas y desactivar el combo
de contrato mediero y trabajo a destajo. Mientras ambos instrumentos
legales sigan vigentes, habrá cortaderos de ladrillos propios del
siglo XIX en pleno siglo XXI. Y en ellos habrá niños trabajando.
Explotados.
Investigaciones
locales y abiertas
Investigar sobre
problemáticas locales y que pase algo con los resultados fue el
desafío que nos planteamos en Chequeado hace más de un año, cuando
decidimos lanzar el proyecto del que hace parte esta nota. Fue una
idea ambiciosa, llevar adelante simultáneamente investigaciones en
cinco ciudades argentinas -Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Mendoza, Rosario y La Plata-, y, sobretodo, no hacerlo de
manera tradicional.
Aunque un
periodista fue el líder de cada proyecto de investigación, no
trabajó solo y en secreto, como suele hacerse en estos casos. Porque
nada de lo que se publica hoy se mantuvo en secreto. Al contrario,
quienes siguen a Chequeado saben desde hace varios meses que
estábamos a la búsqueda de información sobre el trabajo infantil
en ladrilleros en Córdoba. Primero, con la ayuda de varios
periodistas y artistas reconocidos de Córdoba, le pedimos a nuestros
seguidores en las redes sociales que aportasen datos sobre el trabajo
infantil en los hornos ladrilleros y, luego, convocamos a todos los
que estuviesen interesados a un hackatón para crear juntos un mapa
colaborativo con la ubicación de cada uno.
Fue una jornada
durante la cual trabajamos colectiva e intensamente para procesar
información sobre los hornos ladrilleros y cómo ubicarlos. Contamos
con la participación de estudiantes, periodistas, y representantes
de sindicatos y del Gobierno provincial. De ahí salió información
valiosa que fue incorporada en la investigación que hoy presentamos
en alianza con La Voz del Interior.
Nuestra idea con
este proyecto no es sólo investigar, sino hacerlo con quienes son
los principales interesados y pueden hacer algo con los resultados:
en este caso, las autoridades y los vecinos de la provincia donde se
dan los casos de explotación de trabajo infantil. Estamos
convencidos de que se puede experimentar en periodismo y explorar
nuevas formas de investigar y de narrar.
Con esa idea
lanzamos “Investigación periodística con participación ciudadana”, que cuenta con el apoyo de Fondo para la Democracia de
Naciones Unidas (UNDEF). Esta es la tercera de cinco investigaciones
que hicimos en esta primera etapa, pero esperamos que sean solo las
primeras de muchas más.
Fuente:
Juan Manuel Gonzalez, Muertes infantiles y marginalidad detrás de los ladrillos cordobeses, 15/01/17, Chequeado.
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