La Corte Suprema exige que se cumplan los plazos ordenados en 2008 para el Riachuelo.
por Ramiro Barreiro
Hace 8 años, una
mujer llamada Beatriz Mendoza se convirtió en la Erin Brockovich
argentina, aunque sin quererlo. Su motivación fue una polineuritis
que le reduce la velocidad de su conducción nerviosa y que, entre
otras cosas, hace que pierda sensibilidad o que se le duerman las
piernas. Mendoza vivía en Villa Inflamable a la vera del Riachuelo,
en un terreno ubicado a 3 kilómetros de la Casa Rosada y que en el
pasado fue rellenado con residuos tóxicos. En 2004, la psicóloga
social demandó al Estado nacional, a los gobiernos de la ciudad y la
provincia de Buenos Aires y a 44 empresas por la contaminación del
lugar en el que vive, amparada en el artículo de la Constitución
que obliga al Estado a garantizar "una vivienda digna”. Cuatro
años después, la Corte Suprema le dio la razón y ordenó a las
autoridades el saneamiento de toda la cuenca.
Para ello se
conformó la Autoridad de Saneamiento (Acumar), integrada por los
gobiernos de la Ciudad (el presidente Mauricio Macri era en ese
entonces alcalde) la Provincia y la Nación, 14 ayuntamientos,
universidades y un cuerpo colegiado integrado por las organizaciones
sociales y vecinales afectadas por la contaminación. Sin embargo, en
los años siguientes, las autoridades se preocuparon por trasladar a
ese ámbito una contienda partidaria que obstaculizó el proceso. El
juez federal Luis Armella, quien había sido nombrado al frente de la
empresa, fue apartado en 2012 e investigado por presuntas
irregularidades en las contrataciones de empresas para las obras de
saneamiento. Hoy la causa está en manos del juez Jorge Rodríguez, a
cargo de la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA).
Acumar, ahora
administrada por una misma bandera política, triplicó su planta de
funcionarios en un año marcado por una ola de despidos en el sector
público y el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, puso la limpieza
del río como uno los objetivos más importantes de su gestión, al
asumir. Sin embargo, las hediondas burbujas del Riachuelo emergen a
cada segundo y cada vez explotan con más fuerza. Por ello, la Corte
Suprema abrió su recinto para una audiencia pública a la que fueron
convocadas las autoridades del ministerio de Ambiente y de la cuenca.
A los representantes de algunas de las 88 organizaciones que
conforman el cuerpo colegiado les fue impedido el acceso a la sala y
tuvieron que seguir las alternativas en un salón aledaño; algunos
vecinos que sí pudieron ingresar fueron retirados por la policía
por gritar en medio de la exposición de un cargo de Acumar.
A pesar de estar
convocado por el máximo tribunal, el director ejecutivo de Acumar,
Julio Torti, de viaje, faltó a la cita. Su lugar fue ocupado por la
directora de operaciones, Gabriela Seijo, quien se vio obligada a dar
el informe frente a los cinco jueces de la Corte. La exposición fue
tensa y los argumentos no convencieron a los magistrados. “Pasa el
tiempo y vemos que la reconversión industrial sólo alcanza el 30 %.
Los informes están claros, lo que queremos es que quede claro que
esto es una sentencia judicial. No está claro cómo se cumplirá”,
dijo el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a Seijo. Según
consigna el diario La Nación, “un tercio de los chicos analizados por contaminación con plomo en Dock Sud, en la Villa Inflamable,
tienen problemas psicomotores; 5200 millones de dólares invertidos
en la cuenca aunque sin precisiones sobre su destino; apenas 10 % de
las soluciones habitacionales concretadas, y sólo el 20 % de la
sentencia cumplida”.
Antolín
Magallanes fue vicepresidente ejecutivo de Acumar de 2012 a 2015. Su
gestión estuvo marcada por la disputa política en torno a la
reubicación de los asentamientos aledaños al río (todavía hay más
de 100 familias esperando un nuevo destino) y la navegabilidad del brazo. “Un total desentendimiento de la problemática fue la
titubeante participación de una gestión sin conducción ni
parámetros; que solo ha engrosado la planta, carga de todos los
males a sus antecesores, y desde hace un año solo hay internismo
puro”, dijo. Coincide Diego Nasser, coordinador de la ONG Unión x
el Riachuelo: “Lo poco que avanzamos en los 4 años que pasaron lo
retrocedimos en menos de 8 meses. Creo que la gente que entendía
sobre la cuestión se fue enojada por el reparto de cargos y también
noto que la nueva gestión no está preocupada por resolver los
problemas”. “El cuerpo colegiado sigue siendo un compartimento
estanco sin posibilidad de escuchar otras voces. No tenemos lugar de
representación los verdaderos vecinos del río y pareciera que lo
que desean 88 instituciones y más de 1.000 personas físicas no es
importante para el juzgado y para Acumar”, estimó Nasser.
Este jueves, el
consejo ejecutivo de Acumar se reunió de urgencia y, según reveló
una fuente del organismo a El País, dará plazo hasta el próximo
martes a los funcionarios a cargo para que brinden explicaciones
satisfactorias o decidan su dimisión.
Fuentes:
Ramiro Barreiro, La limpieza del río más contaminado de Argentina está paralizada, 01/12/16, El País. Consultado 02/12/16.
La obra de arte que ilustra esta entrada es "Riachuelo" del artista Oscar Vaz.
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