Un juez de paz
autorizó a Barrick Gold a reiniciar las tareas en la mina Veladero,
San Juan, pese a un nuevo estudio que confirma la contaminación.
Vecinos de Jáchal tomaron la Municipalidad para mostrar su rechazo a
ese emprendimiento que provocó al menos dos derrames de tóxicos y
cianuro en el último año. Exigen que se cierre definitivamente. El
informe completo.
Todo ocurrió en
menos de 48 horas.
La justicia y el poder político avalaron la reapertura de Veladero, la mina de la multinacional Barrick Gold, que provocó al menos dos derrames en menos de un año.
La Universidad de Cuyo reveló en un muestreo que la contaminación no sólo persiste, sino que aumenta: ya hay tres de los pueblos del departamento en los que el agua no es potable.
Los vecinos tomaron pacíficamente la Municipalidad, y se encadenaron para evitar que los desalojen.
Desde el 13 de
septiembre del 2015 la normalidad en San Juan ha pasado a ser una
combinación entre causas judiciales, aprietes, rumores, vecinos
movilizados e intendentes y jueces esquivos.
Pero desde el día
siguiente del aniversario de aquel primer derrame de agua cianurada,
que se recordó con un festival y una marcha masiva por las calles
del pueblo, los tiempos se volvieron a acelerar: Se supo que el 8 de
septiembre de este año había ocurrido otro desastre allá arriba,
en la misma mina de la multinacional Barrick Gold.
Esta semana los
vecinos vieron nuevamente correrse el límite. En un trámite
express, la empresa que se mantenía cerrada preventivamente comenzó
a operar otra vez por dictamen del juez de paz del departamento de
Iglesia, Hugo Quiroga. El juez de la causa, Pablo Oritja, y su
subrogante, se habían tomado licencia horas antes. Fue el martes 4
de octubre. Este miércoles, el informe regular de la Universidad de
Cuyo que monitorea el estado de la cuenca de la zona halló altos
niveles de mercurio en tres de los ocho pueblos que conforman el
departamento de Jáchal, determinando que el agua allí “no es
potable para consumo humano”. El informe fue realizado por el
Laborfatorio de Análisis Instrumental y el Instituto de Medio
Ambiente de la Facultad de Ingeniería de dicha Universidad.
Por eso la
Asamblea Jáchal No Se Toca decidió instalarse en la Municipalidad
de Jáchal: algunos de sus integrantes se encadenaron a columnas
internas para evitar ser desalojados.
Intentan
demostrar así que están dispuestos a continuar las medidas de
lucha, ante la catarata de evidencias que les dan la razón. “Que
se construya un comité de crisis. Que se haga una ordenanza en la
que se genere la emergencia agropecuaria y una medida judicial donde
se incorpore los análisis”, enumera el asambleísta Saúl Zeballos
desde adentro del edificio, en contacto con lavaca. Al intendente
Miguel Vega lo dan como “desaparecido en acción”.
El informe
La Universidad de
Cuyo investigó diferentes localidades y determinó tres focos de
problemas: Mogna, Tambería y Pampa Vieja. En el caso de Mogna, “en
el mes de julio se detecta una traza de mercurio”, relata la
hidróloga Virginia Carpio, quien subió en dos oportunidades a
Veladero. “En este nuevo estudio, que es del mes de agosto, los
niveles de mercurio están por encima del Código Alimentario
Argentino: lo normal es 0,001 y están en 0,004”, explica. Es
decir: los niveles no sólo persisten, sino que van en aumento.
No sólo eso:
aparecieron elementos que antes no se registraban. Sobre los otros
lugares afectados, Tambería y Pampa Vieja, informa:
“Bacteriológicamente están bien, pero químicamente tienen
presencia de elementos por encima del Código Alimentario Argentino.
Y además surgen trazos de mercurio, cosa que meses atrás, en los
otros análisis, no se detectaba”.
Los lugares
analizados fueron 13 en total, siendo estos tres pueblos los más
afectados: el agua que toman allí los vecinos no es potable. Sobre
el resto, en algunos casos se encontraron niveles no aptos para el
ganado ni para la irrigación: “El río Jáchal está re mal, el
agua no sirve para bebida de ganado ni para irrigación. Se van
incrementando los elementos tóxicos. El aluminio y el manganeso
están por encima de lo admisible”, cuenta Saúl Zeballos.
La hidróloga
Carpio confirma: “Nos amparamos en el Código Alimentario
Argentino, la Organización Mundial de la Salud y la Ley de residuos
peligrosos. En el caso del agua del Jáchal, la contaminación supera
los límites que plantean estos organismos”.
En otros puntos
de la misma cuenca, también se ve que “diferentes sustancias están
por encima de los niveles que dice la legislación”, dice Carpio.
“Son metales acumulativos en el organismo, que rompen la cadena
trófica. Podés comprar agua mineral para beber, pero, ¿qué pasa?
Vos consumís la verdura de acá, los animales que pastan acá.
Entonces te seguís intoxicando”.
Carpio ayuda a
interpretar los datos fríos: “El principal hallazgo del informe es
que se está afectado todo el acuífero. Es muy difícil remediar la
situación, de revertirla. El agua del río ya de por sí viene altos
índices de manganeso y mercurio. Y cada vez que hay un evento de la
mina, eso repercute en toda la zona. Eso es lo que se comprueba”.
La causa
La investigación
de la UnCuyo fue solicitada por la Municipalidad de Jáchal como
parte del reclamo de la Asamblea Jáchal No Se Toca para que se
realicen muestreos sistemáticos para determinar el estado de las
aguas de la zona, y la variación respecto a los niveles de base y
los establecidos por los estudios en el marco del derrame.
La UnCuyo ya
había realizado un informe contundente sobre el impacto del derrame
de 2015, dado a conocer en el mes de octubre de ese año, en el cual
también había encontrado valores por encima de la calidad apta para
el consumo humano, la vida acuática y los animales.
Esta vez las
responsables a cargo del estudio fueron la licenciada María Esther
Barbeito y la ingeniera María Ruth Clausen, ambas pertenecientes a
la UNCuyo, y durante el muestreo estuvieron presentes miembros de la
Asamblea, representantes de la Universidad Católica de San Juan y de
la municipalidad de Jáchal.
El informe se
conoció justamente esta semana, en el momento en que Barrick era
rehabilitada a operar por la justicia provincial.
El nuevo derrame
y el posterior estudio resultan una evidencia más en la causa que
investiga el accidente de hace un año, en la cual el juez provincial
Pablo Oritja procesó a 7 empleados de Barrick Gold. Esta vez, el 14
de septiembre el juez ordenó cerrar preventivamente la mina. A la
semana, se tomó licencia para irse de vacaciones a Estados Unidos
con su familia.
La nueva causa
tuvo así tres jueces distintos en una semana. Tanto Oritja como la
jueza de paz de Jáchal, Silvia Rodríguez, están de licencia.
Entonces, la
determinación de habilitar de nuevo la explotación de la mina de
oro y plata recayó en Hugo Quiroga, juez de paz de Iglesia, el otro
departamento afectado. ¿Cómo se comportó este juez?: “A las 9 y
media de la mañana dijo que se iba a demorar 48 horas en una
resolución y a la hora convocó a una conferencia de prensa para
mostrar la resolución firmada. Eso demuestra que el poder judicial
no es independiente: le pasaron la sentencia y él firmó”
interpreta Zeballos. ¿Quién se la pasó? “El gobierno”.
La resolución
levantó la cautelar contra la minera canadiense: el martes 4,
Barrick volvió a funcionar normalmente.
En la
conferencia, el juez Quiroga aseguró que “los organismos que
tienen intervención en la investigación”, como Control y Gestión
Minera, “han cumplido con lo solicitado por el magistrado Pablo
Oritja”, antes de partir a Estados Unidos.
¿Es decir que ya
está todo solucionado? “No, le han dado hasta diciembre a la
empresa para que termine de solucionar lo que le habían pedido”,
dice Zeballos, reflejando cómo se da vuelta el principio
precautorio. En efecto, Barrick presentó un plan general de trabajo
para ajustar medidas de seguridad. “También dijeron que iban a
controlar, que se iban a tomar medidas”, completa rememorando las
promesas empresariales y gubernamentales tras el derrame de millones
de litros de agua con cianuro el año pasado.
Los reclamos
Hoy la Asamblea
Jáchal No Se Toca decidió tomar pacíficamente la Municipalidad de
Jáchal y algunos de sus integrantes se encadenaron a las columnas
internas para evitar ser desalojados.
También
presentaron una solicitud para constituirse como querellantes en la
causa ante este nuevo hecho, algo que les había negado el juez
Oritja.
La justicia ante
una situación tan delicada quedó en manos de un juez de paz,
mientras el intendente desapareció del mapa, y el poder político
provincial celebra la reapertura de la mina.
Los vecinos
sintetizan su proyecto inmediato: “Aguantar todo lo que se pueda”.
Acaso lo mismo de
siempre.
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